Esta semana se hizo viral un video en el que se ve cuando un hombre llega hasta una estación de servicios en un automóvil lujoso, le cargan tanque llenó de combustible y luego huye del sitio. Este modus operandi lo realizó en varios locales, pero hoy suma una denuncia más, en este caso estafó a un lavadero de autos en Asunción.

El hombre ya fue identificado supuestamente como César Alberto Arévalos, de 45 años, y es acusado de llegar a estaciones de servicio, montado en su BMW de color oscuro para solicitar carga de combustible. Esta persona solicita pagar con pos y cuando los playeros van por el aparato, el hombre arranca y huye del sitio.

Hoy miércoles, una mujer contactó a la Nación/Nación Media y denunció que hace dos meses un hombre con la misma descripción y marca de vehículo llegó hasta su lavadero ubicado en el barrio Los Laureles, pidió servicio completo, se llevó otros productos y también se fue sin pagar.

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“Pidió lavado completo hasta de motor y mientras esperaba también tomó otros productos como franelas, perfumes e incluso escondió unas de las franelas. Cuando se terminan de lavar todo su auto, él salió y se le entrega la llave, pero pensando que pagó adentro”, detalló en LN, Carmen Castillo.

Explicó que tomó las llaves y subió a su auto, en ese momento salió la persona que hace los cobros, le dice que debe realizar el pago y se dio a la fuga. “El personal que realizó el lavado salió corriendo detrás de esta persona que no detuvo la marcha. Llevó los trapos, perfume y el lavado completo, todo sin pagar”, sentenció.

Afirmó que con el número de chapa intentó dar con el dueño e incluso fue hasta la vivienda, pero no fue recibida y dejó pasar la situación, hasta que vio los videos y pudo reconocer como el estafador. “El dueño del vehículo no era la misma persona y supuse que le vendieron a este, pero en el video que fue viralizado es la misma persona”, puntualizó.

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La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.

Luego de la denuncia por una supuesta millonaria apropiación por parte Anadelia Acosta, ahora exfuncionaria de la Cámara de Diputados, desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) señalaron que existe actualmente una deficiencia en el sistema de pago de indemnizaciones que se realiza a través de entidades bancarias.

“Nosotros estamos conmocionados y simplemente esto nos lleva a la siguiente reflexión, estamos en situación de vulnerabilidad de instrumentos públicos en primer lugar, y en segundo lugar de una vulnerabilidad atribuible al banco que debe efectivizar los cheques”, expresó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande.

En este sentido, señaló que la institución no realiza estos pagos abonando en efectivo a ninguna persona, tampoco se emiten cheques al portador, lo que permitiría reducir el margen de que terceros se apropien de dinero que no les corresponde, tal y como sucedió aparentemente con Acosta, quien se habría quedado con parte de los G. 800 millones que pagó la Ande a una familia vulnerable.

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“En todos los casos nosotros hemos emitido un cheque nominal, en el que se consigna de forma clara y contundente la identidad del beneficiario y lleva una leyenda con mayúscula y negritas con el término no transferible. Si el beneficiario no quiere percibirlo en ventanilla, se deposita a una cuenta que tenga a su nombre”, explicó.

No obstante, Medina indicó que el principal problema radica en que los beneficiarios confían en terceras personas y le entregan un poder mediante el cual realizan gestiones, motivo por el que es difícil para la Ande determinar de primera mano si el dinero llegó realmente a las personas que tenía como destino.

“Nosotros no podemos anticipar el desenlace en ese tipo de situaciones, sin embargo, ayer el presidente de la Ande sacó una resolución que dispone que tratándose de pagos administrativos, solamente se va a entregar en propias manos en nuestra sede central y si no puede trasladarse esa persona, porque siempre son personas del interior, vamos a trasladarnos con todo nuestro equipo para que ese cheque llegue a manos del beneficiario”, indicó a la 1080 AM.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con su plan de amortizar las deudas que tiene con sus distintos proveedores. El presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez, manifestó que pese a la difícil situación financiera en la que aún se encuentra, esta administración realiza esfuerzos por cumplir con todas sus obligaciones.

“Ayer cerramos la cesión de derecho por USD 223 millones, los que se fueron proporcionalmente para nuestros deudores. Con eso cubrimos la deuda con nuestros proveedores en un 48 %”, manifestó Brítez en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que están expectantes del tratamiento del Congreso al proyecto de ley que apunta de a dejar de destinar el 2,5 % de los aportes patronales al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), esto con el objetivo de redireccionar estos recursos e invertirlos en el área de salud.

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“Si eso se aprueba, con esos recursos vamos a comprometernos para tratar de acelerar el pago de la deuda con los proveedores, nosotros vamos a comprometernos con eso”, afirmó. De acuerdo a lo expuesto por Brítez, mediante esta ley la previsional podría disponer de unos USD 110 millones de forma anual, lo cual será de suma utilidad desde el aspecto financiero.

“Mucha gente que ya cobró, ayer aprobamos las últimas que presentaron sus solicitudes y seguro entre hoy o mañana van a estar cobrando todos. Aparte de eso vamos a seguir pagando gracias a los recursos genuinos que nos ingresan, pero no será igual al monto de los que cobraron hasta ahora”, dejó en claro el titular del IPS.

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