Para nada sencillo pinta el panorama argentino en el inicio de la semana. Hasta el mediodía de ayer, domingo, los datos estadísticos oficiales dan cuenta que 11,071 millones de personas (24,4% del total de la población a inocular) han sido vacunadas con una dosis contra el coronavirus; y, 3,021 millones (6,7%), recibieron las dos con las que se completa la inmunización. El universo a vacunar en la planificación gubernamental, se encuentra en torno de 35 millones. El reporte precisa que hay 3,939 millones de personas infectadas; y, que 3,497 millones se recuperaron. 80.867, fallecieron. “Entre la vida y la economía, elijo la vida”, dijo enfáticamente, un año atrás, el presidente Alberto Fernández.

La inflación, prevista inicialmente en el presupuesto en ejecución del 29%, luego corregida hasta el 33%, cuando promedia 2021, orilla del 47%. Inflación, desempleo, inseguridad y pandemia, son las preocupaciones que expresan argentinos y argentinas. Socialmente, según coincidentes encuestas, la credibilidad presidencial ha sido corroída. Según Management & Fit, la consultora que dirige Mariel Fornoni, cerca del 61%, “no aprueba”, como Fernández gestiona la pandemia, ni como planifica el día después de la emergencia sanitaria. Un poco menos de ese guarismo, tampoco elogia el plan de vacunación. 75%, asegura estar económicamente “peor” que en el 2020.

Otro trabajo de investigación de la opinión pública, que realiza bimestralmente la Universidad de San Andrés, por su parte, reporta que “solo el 11% de la población está satisfecho con la marcha de las cosas” en el país. En abril del 2020, la satisfacción se ubicaba en 57%. “Inflación”, para el 42%, es la primera preocupación argentina, en tanto que, “corrupción”, lo es para el 37%, seguido de “inseguridad” (33%), “pobreza” (31%) y “falta de trabajo” (30%). Respecto del futuro, 58% de las personas consultadas, estiman que será “peor”.

En el mismo informe se destaca que 26% de la población tiene imagen “negativa” de los medios de comunicación; 22%, de los periodistas; 39%, del Congreso; y, 52%, de los jueces. El 60%, de los encuestados y encuestadas, está en “desacuerdo con las medidas del gobierno relacionadas con la pandemia”. Los datos precedentes, por supuesto, también los conocen los actores públicos. Oficialistas y opositores. Ambos sectores están preocupados. En poco más de 90 días [setiembre] serán las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). En noviembre, las parlamentarias con las que se renovará el 50% de la Cámara de Diputados y el 33% de la de Senadores.

El gobierno, para intentar repuntar en la consideración pública, se propone –en líneas generales, según cuatro fuentes gubernamentales inobjetables que exigen reserva de sus identidades– accionar en tres frentes concretos: medidas económicas que “pongan plata en los bolsillos de la gente” [vale recordar que la inflación crece, hasta ahora, al 47% anual]; avanzar en un programa de obras públicas que comenzó semanas atrás; y, vacunar la mayor cantidad de población hasta los comicios. En este último propósito, vale desagregar los datos de vacunación oficiales. Entre los vacunados con una dosis, se encuentra el 79% de quienes superan los 80 años; poco menos del 90% del segmento etario entre 70 y 79 años; y, cerca del 85% de quienes tienen entre 60 y 69 años.

Porque así lo prevé la ley, en este país, a partir de los 70 años, el voto no es obligatorio. Pese a ello, es alta la concurrencia a las urnas de ese segmento social. Entre los 18 y los 59 años, los indicadores de vacunación descienden. Se ubican en torno del 22%. Con un inconveniente adicional, la encuesta de la Universidad de San Andrés, ya mencionada, señala que “los jóvenes (Generación Z, nacidos entre 1995 y 2005) son los más reticentes a vacunarse”. Complejo. Especialmente cuando la mayor coincidencia entre el oficialismo y las oposiciones, parece ser, la imparable marcha hacia los comicios. La integración de las listas, las ubicaciones en ellas, los balances entre las líneas internas involucradas en el reparto de poder.

Los unos y los otros, al igual que las unas y las otras, tienen sus miradas clavadas en cómo llegan a septiembre y noviembre, las dos instancias electorales. Como si vivieran en Utopos, aquella isla que imaginó Tomás Moro en 1516, aunque en sentido opuesto a las ideas de cuidado individual, gobierno significativo, propiedad colectiva o privada, la felicidad, la armonía que aquel autor clásico proponía. De hecho, en la semana que pasó, el señor Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y la señora Cristina Fernández, vicepresidenta y titular del Senado, aumentaron los sueldos en el Parlamento en un 40%.

En ningún otro sector, trabajadores y trabajadoras, recibieron incrementos similares. Algunos gremios, se acercaron al 35%. Entre ellos, los trabajadores estatales. Tal vez, sea por ello que, en la encuesta bimestral de San Andrés, lidera, en “intención de voto”, con el 31%, los que responden “no” saber por quién lo harán. Por el oficialista Frente de Todos (FDT), aseguran que votará el 14% de los y las consultadas. Por el opositor frente Juntos por el Cambio (JxC), dicen que lo hará el 16%. 8,3%, responden que votarán por otras opciones.

Prefiere no contestar a los recolectores de datos de campo el 12%, en tanto que 14% asegura que votará en blanco. Destaca el resultado de esa compulsa que entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, la intención de voto opositor “cayó 15 puntos” y que “se duplicó [la intención] de voto en blanco” en porcentaje similar. En el aquí y ahora –aunque los humores sociales suelen ser, afortunadamente, cambiantes– los disgustos son generalizados. Me animo a opinar que se percibe una marcada y extendida tristeza social que se parece mucho al luto al que conduce saber que –hasta el mediodía de ayer, domingo– en 80.867 familias alguien se fue para siempre.

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