• Por Jorge Torres Romero
  • Columnista

Es común escuchar en estos tiempos de pandemia y necesidad que la gente recurre a vender hasta lo último que tiene para poder hacer frente a los gastos que demanda la atención de algún familiar o ser querido que se encuentra padeciendo en los hospitales públicos o privados. Podemos decir que este virus del covid-19 nos igualó a todos.

No podemos estar ajenos a esta realidad que nos afecta y nos duele a todos. La salud pública está en terapia y más allá de los discursos políticos oportunistas que nunca faltan a la hora de reclamar, creo que llegó la hora de recurrir a la “caja chica” de los gobiernos de turno que son los famosos Gastos Socioambientales o de Responsabilidad Social y Ambiental que tienen las entidades binacionales en nuestro país. Sin embargo, si bien reconocemos que estos recursos pueden ser de gran importancia en este momento de crisis, tampoco podemos dejar de mencionar la falacia que se instaló en el discurso de un sector de la oposición que busca obtener réditos político-electorales de esta situación.

Para entender el contexto, vayamos por partes, ¿qué son los famosos Gastos Sociales? ¿Cómo y cuándo surgen? Este es un debate que tiene varias aristas, pero lo cierto es que se trata de un recurso que surgió en el marco de un acuerdo entre los presidentes de Brasil, Lula Da Silva y Nicanor Duarte Frutos, quienes en el año 2005 decidieron que se constituyan los conceptos de responsabilidad social y ambiental como nuevos componentes de la actividad de generación de energía.

A partir de entonces, cada año, dentro de los Gastos de Explotación que componen la tarifa de la binacional, se incluyen los fondos destinados a los programas de Responsabilidad Social y Ambiental, que según los datos fueron incrementándose cada año, llegando el año pasado a los casi 100 millones de dólares en Itaipú y unos 50 millones de la misma moneda en Yacyretá. De ahí la iniciativa legislativa que insta a que la totalidad de dichos fondos, los 150 millones de dólares vayan destinados a la contingencia sanitaria. Digamos que hasta aquí todo cierra y es lo ideal, sobre todo si se tiene en cuenta que históricamente estos fondos fueron malutilizados en los primeros años de su ejecución.

Sin embargo, en los últimos años, estos fondos de las binacionales fueron ejecutados en sintonía con las prioridades establecidas por cada gobierno y en la actual gestión no fue la excepción y este es el punto que me parece no tuvieron en cuenta los legisladores que aprobaron la “Ley Llano”, que destina los recursos de “Responsabilidad Social Empresarial Socioambiental” y cualquier otro fondo social para su uso íntegro en el área de la salud mientras dure la pandemia del covid-19.

Existen programas sociales de las binacionales que ahora, en caso de promulgarse la ley quedarán “colgados”, según lo indicaron las propias autoridades de Itaipú quienes son los que se manifestaron hasta el momento. Se menciona entre estos programas de alto impacto social las becas que se otorgan anualmente a miles de jóvenes de escasos recursos que quieren seguir sus estudios universitarios, así como la asistencia a los campesinos en el marco de la Agricultura Familiar Campesina o la construcción de Unidades de Salud Familiar que están en plena etapa de ejecución en varios departamentos del país.

En síntesis, si nos atenemos a lo que dispone exclusivamente la nueva ley sancionada, todos esos recursos ya previstos anteriormente en el presupuesto de este año en la binacional, deberían ser reorientados para el Ministerio de Salud; precisamente, una institución que demostró gran incapacidad de gestión para administrar los recursos que le fueron otorgados al principio de la pandemia. Sería como desvestir un santo para vestir otro, como se dice habitualmente.

Hay que ser realistas y si bien es importante que podamos tener a disposición la mayor cantidad de recursos posibles, es necesario analizar detenidamente qué es lo que se puede hacer y con cuánto dinero es lo que se puede contar, porque –insisto– no podemos caer en el populismo barato y el discurso fácil de decir que todo lo que se hace está mal y que se van a utilizar en campañas electorales. Acá el problema es real y existe, pero la solución que se plantea no es la adecuada. Es el momento de ver más allá y tratar de encontrar un consenso entre todos los actores involucrados. Es momento de tirar todos juntos el carro. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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