El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, propone a las oposiciones “atrasar un mes las elecciones legislativas” de este año para que esos comicios se desarrollen el 12 de setiembre (primarias abiertas simultáneas y obligatorias –PASO– para definir candidaturas) y, el 14 de noviembre, los comicios con los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores que, en principio –ya que aún no se ha modificado nada– están previstas para el 8 de agosto venidero y, el 24 de octubre, respectivamente. Del diálogo con los opositores –de llegar a un acuerdo– emergerá un proyecto de ley que legalice y legitime la iniciativa gubernamental de hacer realidad el atraso electoral.

El ministro De Pedro fundamentó la propuesta en el avance de “la segunda ola” de contagios por la pandemia de SARS-CoV-2 y precisó que, el atraso propuesto, permitirá “un mes más de vacunación” de la población. En cuanto a la inoculación oficial que el gobierno argentino desarrolla desde hace algunas semanas, las cifras oficiales, hasta hoy, dan cuenta que, hasta el sábado último, se aplicaron un total de 5.201.468 vacunas. El detalle de esa cifra explica que solo 722.520 personas están inmunizadas con dos dosis, en tanto que las restantes recibieron una. De todas formas y aunque los argumentos gubernamentales aparecen como razonables, no son escasos los antecedentes regionales de elecciones que se desarrollaron, desarrollan y desarrollarán en tiempos de coronavirus.

De hecho, ayer –domingo– en Ecuador se concretó la segunda vuelta electoral; en Perú, hubo presidenciales y, en Bolivia, en cuatro departamentos (La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando), hubo balotaje sin que la pandemia fuera un obstáculo. Criterios sanitarios diferentes. Pero más allá de lo comentado, otro dato concreto, tal vez, haya sido evaluado por el gobierno de Alberto Fernández para proponer el aplazamiento electoral. Las encuestas de todo tipo que se desarrollan en forma permanente por encargo de los oficialismos –nacional y provinciales– y las múltiples oposiciones parecería que no arrojan resultados positivos para quienes, desde el poder, en las elecciones de medio tiempo habrán de poner en juego no solo la continuidad temporal del programa de gobierno sino también la gobernanza.

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Encuestadoras y encuestadores, sin embargo, prefieren no hablar sobre el tema. Pese a ello, el director de una de las más importantes consultoras argentinas que aceptó el diálogo con este corresponsal, con el compromiso de no revelar su identidad, admitió que “las encuestas sobre intención de voto, le dan mal al gobierno” del presidente Alberto F. Este experto en opinión pública tanto en el orden local como internacional, añadió que “la casuística da cuenta de que siempre el índice de confianza en los gobiernos o, de aprobación de la gestión, se correlaciona con la intención de voto” y añade que “hasta el viernes pasado esa sensación de confianza en el gobierno y de aprobación apenas, en algunos casos, supera el 30%. En consecuencia, la intención de voto al oficialismo en las elecciones parlamentarias próximas se ubica en torno de ese nivel”.

En cuanto a cómo pueden evolucionar esos índices hasta los comicios, el consultado piensa que “puede haber cambios, que favorezcan o no al gobierno”, que “el desgaste que Alberto evidencia desde varias semanas, a partir de que se consolide el clima electoral podría ser mayor y, ante esas evidencias, que con ínfimas diferencias compartimos casi todos los encuestadores y encuestadoras, hoy solo se puede afirmar que las encuestas no le resultan favorables”. En ese contexto, la preocupación oficialista es comprensible. Unos pocos días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reportó oficialmente que la pobreza afecta al 42% de la población (19,2 millones de personas); que en la indigencia se encuentra el 10,5% (4,5 millones); que el producto bruto interno (PBI) cayó 9,9%; que el costo de la canasta básica total (CBT) se incrementó 39,1%, hasta alcanzar el monto de $54.207 (US$ 553); y, que la canasta básica alimentaria (CBA) se encareció 45%, $22.680 (US$ 231). A modo de ejemplo, la jubilación mínima en este país es de $20.571 (US$ 210). Más de 4 millones de personas son jubiladas.

El salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores desde marzo 2021, es de $21.600 (US$ 210). Los funcionarios se mantienen en silencio. El tránsito electoral no es ni será sencillo. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en las próximas horas iniciará una “gira europea” –como la categorizó en diálogo con este corresponsal un alto funcionario gubernamental que prefirió mantenerse en el anonimato– para buscar apoyos formales para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para refinanciar una deuda de US$ 44.000 millones. El 7 de abril último, si bien la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no descartó que “podría haber acuerdo antes de las elecciones” y lo reiteró el pasado jueves, inversores y ejecutivos de finanzas consideran que el entendimiento podría llegar después de los comicios.

La vicepresidenta Cristina Fernández, el pasado 24 de marzo públicamente dijo que “la deuda no se puede pagar porque no hay plata”. ¿Será fácil para los negociadores argentinos remontar el diálogo con el Fondo después de esa declaración? Habrá que esperar. La refinanciación que solicita la Argentina es primordial porque sin ella no hay posibilidades para acordar con el Club de París una deuda que fue refinanciada en el 2015.

Tampoco será sencillo acordar con inversores en general y con la República Popular China, en particular, para que este país vuelva a ser destino de inversiones extranjeras directas (IED). Sin ese objetivo alcanzado, además, la tasa de riesgo (riesgo país) que debe pagar quien intenta tomar créditos productivos en el exterior –que hoy se ubica en 1.600 puntos porcentuales– tampoco descenderá. ¿Alcanzará, en este contexto, con retrasar las elecciones un mes para que la percepción pública gubernamental mejore?

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