- Por Felipe Goroso S.
- Columnista
En Paraguay, pocos temas son abordados con tanta hipocresía como la situación penitenciaria. No genera popularidad ni mucho menos votos. Sectores de la sociedad asumen (en voz baja, como corresponde) que los reclusos deben estar “nomás ahí”, mucho ya es con que sigan existiendo.
Lo que se vio esta semana en Tacumbú es apenas una muestra de lo que en realidad pasa todos los días dentro de los lugares de reclusión. En el alcoholismo o la drogadicción dicen que la rehabilitación es un día a la vez, en las penitenciarías, mantenerse con vida es una hora a la vez. Cada hora que se sigue vivo o sin sufrir una lesión se festeja.
Y si a los elementos hartamente conocidos como el hacinamiento, la falta de inversión, los problemas de salud, se le suma nuestra vieja amiga, la politiquería, el rostro menos favorecido de la política; estamos ante la peor de las mezclas. La política penitenciaria precisa un enfoque de proceso, asumiendo que llevará tiempo, pero para eso precisa iniciarse y es en la ruta en la que se está desde el gobierno anterior y la administración actual liderada por Cecilia Pérez, con una interrupción en el medio por la que hasta ahora se están pagando facturas.
Sobre este motín en particular, el traslado a otro lugar de reclusión de quien aparentemente era un elemento importante en el esquema interno de distribución de drogas es real. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora bien, es imposible no tener en cuenta que se da justo en medio de una guerra subterránea que se está dando por controlar el poder de todo lo que hace al Ministerio de Justicia. Es más, raramente esto se hace público; sin embargo, en este caso actores protagónicos no tuvieron problemas en admitir que a pesar de ser una cartera que genera muchos problemas y en la que se precisa extrema creatividad, es codiciada por un par de sectores. Queda en cada uno imaginar por qué y sobre todo para qué.
La forma en que se resolvió la crisis o, al menos, se contuvo una que podría haber sido mucho peor, posiciona fuertemente el liderazgo actual al frente del Ministerio de Justicia. Lo que fue pensado para amedrentar y medrar, terminó siendo un elemento de fortalecimiento.
Sin embargo, nuestra vieja amiga la politiquería sigue rondando a la cartera de Justicia cual yryvu hambriento. La mejor manera de espantarlo definitivamente es que se imponga esa mala palabra que empieza con p y termina con a, la política. La de verdad.
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Presidente de la ANR rechaza atentado contra intendenta de Bella Vista Norte
El presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, tras el atentado contra la intendenta colorada, manifestó: “Desde la Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado rechazamos el hecho de violencia en contra de la Dra. Mirkha Argüello, intendenta de Bella Vista Norte; pedimos a las autoridades investigar y esclarecer el hecho con el fin de que los responsables respondan por sus actos. Pronta recuperación querida Mirkha”.
Mirkha Angélica Argüello Rojas asumió como intendenta de Bella Vista Norte en el 2016, tras el asesinato del exjefe comunal Miguel Louteiro, ocurrido el 5 de agosto del mismo año. En su momento había manifestado su preocupación por la inseguridad reinante en la zona.
La intendenta, que se encontraba en una reunión política, recibió dos impactos de bala, uno en la cadera y otro en el glúteo, cuando intentaba escapar de los sicarios. El hecho ocurrió sobre las calles General Díaz y Estrella del barrio San Antonio de la ciudad de Bella Vista Norte, cerca de las 21:30 del sábado último. El fiscal José Luis Torres se encuentra investigando el atentado contra la política.
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Desde la @ANRParaguay rechazamos el hecho de violencia en contra de la Dra. Mirkha Arguello, Intendente de Bella Vista Norte; pedimos a las autoridades investigar y esclarecer el hecho con el fin de que los responsables respondan por sus actos. Pronta recuperación querida Mirkha. pic.twitter.com/Ho4CLy0aly
— Pedro Alliana (@AllianaPedro) February 28, 2021
Violencia contra las mujeres en la política
La violencia contra las mujeres en la política (VCMP) es cualquier acto o amenaza de violencia que provoque daños físicos, sexuales, psicológicos o sufrimientos a las mujeres, que les impiden ejercer y hacer realidad sus derechos políticos, ya sea en público o en espacios privados, incluido el derecho a votar y ocupar cargos públicos, votar en secreto y hacer campaña libremente, asociarse y reunirse, y disfrutar de la libertad de opinión y expresión. Dicha violencia puede ser perpetrada por un miembro de la familia, un miembro de la comunidad y/o por el Estado.
Violencia electoral
La violencia electoral se considera generalmente como una forma de violencia política. Naciones Unidas define la violencia electoral como “actos o amenazas de coerción o daños físicos perpetrados para afectar un proceso electoral, o que surgen en el contexto de la competencia electoral. Cuando se comete para afectar un proceso electoral, la violencia puede emplearse para influir en el proceso de la elección, con el objetivo de retrasar, interrumpir o descarrilar una encuesta e influir en los resultados”.
Violencia contra las mujeres en las elecciones
La violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME) es una forma de violencia contra las mujeres con la intención de impactar la realización de los derechos políticos de las mujeres en un contexto electoral. Esto incluye la participación de mujeres como candidatas, votantes, activistas, simpatizantes de partidos, observadoras, trabajadoras electorales o funcionarias públicas. La VCME puede adoptar múltiples formas, incluidos el abuso psicológico y la intimidación, los ataques sexuales y la violencia física.
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Político de la Semana: gestión activa ante un receso legislativo atípico destaca a Latorre
Su gestión en un receso parlamentario atípico marcado por la crisis sanitaria y económica a raíz de la pandemia del COVID-19, planteamientos polémicos como la interpelación al cuestionado jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, y la necesidad de buscar mecanismos para la fácil e inmediata adquisición de las vacunas contra el mortal virus colocan al diputado colorado Raúl Latorre, quien estuvo al frente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, como el Político de la Semana.
“Hemos batido todos los récords de convocatorias (tanto a Diputados y al Senado) de la era democrática. Para nosotros es un orgullo poder cerrar este capítulo, cerrar esta gestión, con los números que revisamos con base en un análisis de la secretaría”, indicó.
Agregó que la gestión de la Comisión Permanente es una “vara” para que las siguientes gestiones se proyecten “entendiendo que para servir como merece la ciudadanía, para servir como nos comprometimos ya no puede haber periodos de feria o periodos ordinarios legislativos, tenemos que trabajar todos los días honrando la oportunidad que nos dio la ciudadanía”.
Latorre destacó, además, que en este proceso de gestión se han abordado diferentes temas desde la cuestión sanitaria generando convocatorias a sesiones de ambos cuerpos colegiados para desarrollar leyes especiales de vacunas y que la ciudadanía pueda tener las herramientas legislativas que permitan la adquisición en la brevedad posible.
Reactivación económica en ciudades fronterizas
El Congreso Nacional sancionó el pasado 3 de febrero en plenas vacaciones parlamentarias el proyecto de ley que otorga un subsidio económico especial para los trabajadores de las ciudades fronterizas con Argentina perjudicados por el cierre de las fronteras con el vecino país. Sobre el punto, la propuesta contempla el pago de G. 3.000.000 por un plazo de tres meses a los comerciantes en general, personas jurídicas o físicas debidamente identificados en el Registró Único del Contribuyente y Patente Comercial.
La propuesta contempla que el beneficio estará dirigido a las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Sin embargo, el proyecto fue vetado por el Poder Ejecutivo y ahora nuevamente volvió al Congreso para su ratificación o rectificación.
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Agilizar compras de vacunas contra el COVID-19
Mientras que el pasado 13 de enero los congresistas sancionaron el proyecto de ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas contra el COVID-19.
Con la aprobación, el Ministerio de Salud contará con la confidencialidad que solicitan los fabricantes y proveedores internacionales, así como también la indemnidad. El proyecto de ley fue planteado en dicha ocasión como una herramienta que facilitará la compra de las vacunas por fuera de los fondos rotatorios internacionales. El texto también estableció que los inmunizantes serán distribuidos gratuitamente en el país y no será obligatoria su aplicación. Todos estos proyectos de suma importancia fueron agilizados en su tratamiento por la Comisión Permanente.
Dedicar tiempo a escuchar al cuestionado Villamayor
También los diputados tuvieron que destinar un poco de tiempo para escuchar al criticado y escrachado jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien tuvo que enfrentar una interpelación y se salvó por un voto de la censura tras ser salpicado a través de una publicación de un medio internacional con alto prestigio en un polémico negociado entre Petropar y PDVSA, que incluía el pago de millonarias comisiones.
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Sandra Quiñónez: reconocimiento de EEUU es “una señal de que se hace lo correcto”
Pese a las grandes deficiencias que pudiera tener el Ministerio Público en cuanto a la infraestructura y el escaso presupuesto, esta institución mantiene una estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales, en el seguimiento de delitos transnacionales como es el caso del narcotráfico.
El decomiso de un importante cargamento de cocaína en Europa procedente de Paraguay y la inmediata reacción del Ministerio Público para dar con los responsables del cargamento generaron una respuesta muy alentadora por parte del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar.
Al respecto, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, invitada en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN, manifestó que ese mensaje es un aliciente importante y una señal de que desde el Ministerio Público “se está haciendo lo correcto”.
“Nosotros realmente trabajamos de forma coordinada y creo que es muy claro el mensaje al invocar a la institución que da las repuestas inmediatas a nivel local, atendiendo a que los organismos internacionales estaban solicitando la inmediata participación de la autoridad titular de la acción penal de la República del Paraguay”, mencionó.
Aseguró que el trabajo de investigación respecto al decomiso de las 23 toneladas de cocaína que cayeron en Europa, procedentes de Paraguay, continúa y son operaciones muy complejas y deben ser llevadas adelante en forma sigilosa.
“El trabajo sigue, es muy complejo y debe ser un trabajo bien sigiloso, coordinado con otras autoridades porque un pequeño error hace que se frustre todo el procedimiento y hay veces que nos critican por callarnos demasiado, pero nosotros queremos demostrar a los compatriotas que estamos trabajando. A veces no podemos hacer los ruidos que la gente pide, pero este tipo de hechos, el narcotráfico y el crimen trasnacional, es un crimen muy complejo, ponen en riesgo a todos los intervinientes”, sostuvo.
La alta funcionaria reconoció que con todas las precariedades que muchas veces tienen siguen trabajando y haciendo un seguimiento al crimen organizado y transnacional. Mencionó que no siempre se puede estar pregonando cada paso que van dando.
“Difícilmente con la precariedad que existe en los órganos de seguridad, en los diferentes puntos de control, se pueda abarcar todo, es muy difícil”, comentó. Por ello, remarcó la gran necesidad de inversión en tecnología para hacer detectable dentro del territorio nacional el tránsito del narcotráfico.
“Yo no voy a ir a ponerle un arma y decir ‘sabés qué, tenés que imputarle’”
Por otra parte, Quiñónez se refirió a los constantes planteamientos de juicio político en su contra impulsados principalmente por legisladores del sector opositor. Al respecto, aseguró que los fiscales son autónomos en las investigaciones que realizan.
“Yo siempre digo que es parte de la función que realizo, hay gente que le gusta o que no le gusta el trabajo que estamos realizando. Realmente el ser titular de la acción penal pública conlleva a procesar de repente a legisladores, gobernadores, intendentes, a muchas personas que no estarán de acuerdo con el trabajo que realizamos”, dijo.
Agregó que: “Entonces, apuntan directamente a la cabeza porque dicen que ella habrá dado la orden y no piensan que el fiscal es autónomo, el fiscal es quien toma el expediente, analiza y toma la decisión. Yo no voy a ir a ponerle un arma y decir ‘sabés qué, tenés que imputarle o tenés que acusar’, ellos hacen su investigación”, sentenció.
Hay que cumplir las leyes
Añadió que se deben cumplir las leyes y afirmó que cuando existe un llamado realizado por un juez se debe acudir indefectiblemente, refiriéndose al caso del titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado por la producción y uso de documentos falsos para rendir cuentas de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales del 2018 ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
“Acá no hay por ser el señor Efraín, por ser la señora Quiñónez. Acá es el cumplimiento de la ley y cuando hay desacato es claro. Al llamado del juez hay que acudir indefectiblemente y eso lo sabe y creo que su abogado en un momento lo dijo, como jurista lo sabe muy bien”, mencionó la fiscal.
“No hay que opinar de dar un estatus a criminales”
Se refirió también al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que calificó de terrorista. Agregó que existe cooperación por parte de organismos internacionales con el fin de rescatar a los secuestrados.
“Yo soy categórica al respecto, son terroristas, sus actos son terroristas, no hay que opinar de dar un estatus a criminales. Tenemos familias enlutadas. Realmente estar en el campo de interacción es muy difícil porque existe una vida y en ese momento lo más importante es la vida del exvicepresidente Óscar Denis. Entonces decir vamos a entrar, se corre el riesgo de casi el 90% de que ellos al instante lo ejecuten. Nadie quiere cargar con esa situación, tamaño dolor, la familia suplicando”, afirmó.
Respecto a la injerencia política en las instituciones de selección y juzgamiento, Quiñónez, coincidiendo con el extitular de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, se mostró a favor de eliminar la representación de dicho sector en los mencionados organismos argumentando que “daría mayor tranquilidad” en torno a las decisiones que se puedan tomar.
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Violencia y feminicidio
En lo que refiere a la violencia intrafamiliar, reconoció que también es otra de las situaciones complejas a la cual la Fiscalía debe enfrentar, porque cuando sucede un hecho en el seno familiar, a las pocas horas o días se produce una reconciliación y se deja pasar el hecho.
No obstante, envió un mensaje a todas las mujeres diciendo que no tengan miedo de denunciar e incluso se ofreció personalmente a acompañar si eso les brinda mayor confianza para continuar con las denuncias. “Es muy difícil el tema de violencia familiar porque a veces se trata del padre, del hermano y por las secuelas que pueda dejar en la familia”, insistió.
Respecto a los hechos de violencia en los que se ven involucradas personas que ya contaban con órdenes de captura y que no fueron ejecutados por la Policía Nacional, así como la situación de hacinamiento en las cárceles, con prisioneros sin condenas, Quiñónez señaló que en cada caso el Ministerio Público tiene que ser bien objetivo para saber qué sucedió y el grado de peligrosidad de fuga del sospechoso del delito o crimen.
“Realmente es muy difícil, porque hay delitos que es claro que se pueden dar medidas alternativas a la prisión. Pero pasa también que las propias autoridades, fiscales y jueces pasan por cierto temor ante la crítica de la ciudadanía o la prensa por no tomar una decisión”, precisó.
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