Pandemia y derechos humanos.

• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

Toda expresión –por lo menos– puede tener su origen y fundamento en el presente para que el emisor pueda producir sentido y proyectar a las audiencias hacia el futuro. También, es posible actuar en sentido opuesto. Para que quede claro. Tanto es posible ser predictivo como retrodictivo.

La pandemia del SARS-CoV-2 no cede. Pese a que, al parecer, habemus vaccinum. Pero, si esos compuestos neutralizadores de esta variante de SARS no tienen amplio alcance social, es como no tenerlos. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue claro.

“El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará en vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”. Precisó que cerca de 40 millones de vacunas ya se aplicaron en unos 49 países ricos. Reveló además que “solo se administraron 25 dosis en uno de los países de más bajos ingresos”. Sostuvo que “las vacunas son la inyección en el brazo que todos necesitamos, literal y figuradamente”; y, finalmente, denunció: “Nos enfrentamos al peligro real de que incluso cuando las vacunas traen esperanza a algunos, se conviertan en otro ladrillo en el muro de la desigualdad entre mundos de los que tienen y los que no tienen”.

En Latinoamérica y el Caribe –al igual que otras regiones pauperizadas en el planeta– se verifican desigualdades y pobrezas. El futuro no es alentador. De allí que, otras formas de contención, de tipo administrativo y sanitario que, por la emergencia, se adoptan en cada país, también presentan complejidades. El 9 de abril del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración –predictiva– cuyo contenido se resume con precisión desde el título. “Covid-19 (...) los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.

Aquí, un grupo de 15 curas católicos comprometidos con los segmentos sociales en situación de mayor vulnerabilidad denunció “indignación –humana y evangélica– ante los últimos acontecimientos que están sucediendo en nuestra provincia (…) y una violación a los derechos humanos y ciudadanos”, documento revelador. “Nos unimos a todos nuestros comprovincianos, que han sufrido la pérdida de un ser querido por el covid-19, así como aquellos que han sufrido represiones violentas por reclamar sus derechos”, añaden. “Vemos con mucha preocupación que se está construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, al manoseo y ocultamiento de la verdad, a la instauración del miedo”. La Corte Interamericana recomienda: “Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”. Agrega: “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”. Advierte: “Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. El Estado formoseño lo comanda y administra, el señor Gildo Isfrán. Ante la situación, el senador nacional José Mayans, consultado por La Nación de Buenos Aires sobre la posible violación de los derechos humanos en Formosa, fijó posición: “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia.

Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger”. Tal vez, pensamiento y palabra no hayan sintonizado adecuadamente. De allí que, luego de admitir que “pudo haber errores” en las políticas protectivas que aplica Formosa, sostuvo que “en ningún momento dije que no hay derechos”. Incomprensible. Finalmente, denuncia que sus palabras “fueron distorsionadas”. Tal vez, en el gobierno formoseño se desconozca lo que recomiendan en unanimidad los jueces del más alto tribunal en derechos humanos del sistema interamericano. “Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de posparto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza”. Señalan: “El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia”.

Es muy probable, dado lo que denunciaron los curas católicos, numerosas organizaciones de la sociedad civil, coincidentes medios de comunicación y miles de posteos –a favor y en contra del gobierno formoseño– que las y los afectados por aquellas políticas para controlar el avance de la pandemia se perciban en estado de indefensión. También fue previsto por la Corte Interamericana: “Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas”.

Tanto el senador Mayans, como algunas otras personas sostengan todo se trata de una operación de medios para desprestigiar a las autoridades en Formosa con propósitos destituyentes. Es posible, por qué negarlo. Sin embargo, vale recordarlo, las noticias falsas, las #fakenews, los bulos, las putas mentiras, la desinfodemia, como también se las categoriza en el ámbito de los organismos multilaterales, son posibles de neutralizar con una comunicación eficiente. Comunicar públicamente –desde siempre– es poner en común lo que afecta al conjunto social. Planificar y gestionar procesos comunicacionales demanda del planificador definir qué sentido se procura producir con la acción a emprender.

En tiempos de pandemia, la complejidad para la producción de mensajes es mayor. Requiere de definiciones estratégicas para nada sencillas. La comunicación gubernamental enfrenta un dilema, a la hora de informar sobre la pandemia y sus efectos: Reportar la muerte, la vida o la esperanza sin faltar a la verdad. Así de simple. ¿Qué es lo que no se entiende?