Por Óscar Germán Latorre.
Abogado.
La ley recientemente sancionada por el Senado que dispone que los gastos sociales de las Entidades Binacionales se incorporen al Presupuesto General de Gastos de la Nación me produce sentimientos encontrados.
La absoluta discrecionalidad en el manejo de esos recursos siempre me ha generado indignación porque no cabe duda que su utilización tiene un marcado contenido político y están desprovistos del menor mecanismo de control.
Así, la ley que tiene media sanción parecería acabar con la mentada discrecionalidad y falta de transparencia. Ahora bien, las Entidades Binacionales son personas jurídicas de derecho público internacional y no forman parte de los estados contratantes; se rigen por los tratados respectivos, se gobiernan por sus propios órganos y establecen su presupuesto y las reglas de su ejecución. Además, es indudable que esa ley interna modificará el ordenamiento interno de la Entidad Binacional, generando un problema de orden constitucional insalvable.
Debo confesar que los hechos acaecidos recientemente con el otorgamiento de subsidios a sectores campesinos por parte del Senado han cambiado sustancialmente mi visión sobre el problema.
Es inadmisible que en un Estado de derecho los legisladores decidan conceder 25 millones de dólares porque unos supuestos campesinos se trasladaron hasta nuestra capital para manifestarse, cerrando calles, amenazando, quebrantando el libre tránsito y el derecho de trabajo de miles de personas y, en lugar de que el Ministerio Público y la Policía intervengan para proteger a los ciudadanos cuyos derechos estaban siendo quebrantados, los legisladores premiaron esas conductas delictivas con subsidios que indudablemente serán manejados con total discrecionalidad y falta de transparencia por las organizaciones campesinas.
Serán esos mismos vándalos que concurrieron a coaccionarnos y extorsionarnos los que en pocos meses más volverán a Asunción a ejercer esos mismos actos que afectan los derechos de las personas que solventan los recursos dilapidados sin la menor racionalidad y posibilidad de control.
El mensaje de nuestras autoridades fue de que la coacción, la extorsión y la violencia son mecanismos válidos para obtener respuestas positivas de un estado débil y corrupto.
Es sorprendente como algunos legisladores aun no se han dado cuenta que no pueden seguir dilapidando los recursos del Estado que no son otros que aquellos que los contribuyentes aportan al cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Sin los contribuyentes ese dinero no existiría y tampoco esos legisladores irresponsables y populistas estarían ocupando esas bancas, evidentemente por un error de los electores.
Hasta puedo sospechar que la mayor parte de esos recursos serán destinados a campañas electorales por la ligereza con la que se aprobaron esos gastos, que jamás serán auditados porque no habrán rendiciones de cuentas, por lo menos serias, que luego sean auditadas.
Y si algo faltaba para aumentar la indignación pocos días después la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Presupuesto para el ejercicio 2021 con incrementos irracionales que parecen desconocer que tan solo en pocos meses del presente año nuestro país se ha endeudado para atender los desafíos del covid-19 y que esas deudas que parece que nunca acabarán en algún momento tendrán que ser pagadas y para hacerlo, el Gobierno recurrirá a crear nuevos impuestos.
Entonces, me pregunto si seria razonable evitar la discrecionalidad de los directores de las Binacionales en el manejo de esos gastos sociales entregando esos recursos para que nuevamente sean dilapidados por unos legisladores que están desconectados de la realidad o sencillamente no les importan conducir al país al default para satisfacer sus insaciables apetitos personales.