Por Jorge Torres Romero

Fuimos a 800 kilómetros de Asunción, en la localidad de Infante Rivarola, Chaco. Indígenas de la comunidad Loma, del pueblo guaraní ñandéva, denuncian que fueron engañados por una ONG. Le instaron a invadir una propiedad de 10 mil hectáreas, con el verso de que dichas tierras les pertenecen. Los indígenas creyeron la historia, atropellaron la propiedad, pero fueron abandonados a su suerte. No tenían agua ni alimentos. El productor de esas tierras, quien en el 2008 presentó un plan de desarrollo al Indert, y en donde invirtió más del millón de dólares, tuvo que, por humanidad, socorrer a sus invasores.

Hace dos semanas, estos indígenas llegaron hasta Asunción para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Solicitan que se investigue a la ONG Alter Vida, a su presidente, directivos, administradores y especialmente a Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira. Ellos quieren saber en detalles cómo se gastaron G. 1.700 millones que el Estado entregó para llevar adelante proyectos en asentamientos a favor de las comunidades indígenas en el Chaco.

En el relato de la denuncia se lee que Víctor Pereira, bajo engaños, llevó a miembros del pueblo guaraní ñandéva a invadir las tierras pertenecientes a la estancia San Miguel, propiedad del ganadero Miguel Ángel Muñoz, con la promesa de ayudarlos a emprender varios proyectos para mejorar su vida, nada de eso sucedió, sino por el contrario, fueron abandonados, pasaron hambre, algunos enfermaron e incluso otros fallecieron.

Señalan a Pereira como la persona que los embaucó y a la abogada Emilia Cano, también al servicio de Alter Vida, como la responsable de presionar en el ámbito judicial para tratar de despojar de sus tierras a Muñoz utilizando a los pueblos indígenas.

Los nativos se dieron cuenta del engaño y regresaron a sus tierras, pero el ex líder de la tribu Miño Ordóñez comenzó a amenazarlos de muerte si dejaban la estancia San Miguel. Por ello, los afectados realizaron en agosto pasado ante el juez de Paz de Mariscal Estigarribia, Ignacio León, una denuncia contra Ordóñez y la ONG Alter Vida y hacían responsables a estas personas si les ocurría algo.

Los líderes indígenas afirman que las denuncias judiciales en el Chaco no suelen progresar por las presiones que reciben desde la capital y de políticos influyentes. Por esa razón, realizaron el largo viaje hasta la capital para presentar su denuncia en el Ministerio Público.

No es la primera vez que una ONG utiliza a los indígenas para invadir propiedades, en su mayoría tierras productivas y en donde se realizaron grandes inversiones. Hace un par de años, se expropiaron 14 hectáreas para la comunidad indígena de sawoyamaxa y yakie axa en el Chaco. Las tierras eran explotadas por las empresas Kansol SA y Roswell Company SA. Hasta ahora el Estado no pagó por la expropiación y los indígenas ya abandonaron la propiedad, depredaron todos los árboles, vendieron los rollos y se mandaron mudar.

Según registros del Indi, la institución ya entregó más de 1.300.000 hectáreas a comunidades indígenas. En Paraguay, la población indígena no supera los 150.000. ¿Qué hay hoy en esas tierras? Muchas de ellas subarrendadas a brasileños para su explotación y los nativos arrinconados o despojados de esas tierras. Esto confirma que el problema indígena no pasa por otorgarles o que se apropien de un pedazo de tierra, ellos necesitan aprender la capacidad de subsistir y necesitan proyectos sostenibles.

El problema está en que si solucionamos el problema indígena, se acaba el negocio de estas ONGs, ya que el actual modelo les es rentable. Mientras el Estado solo actúe para titular tierras, las ONGs para alentar invasiones, este problema nunca se solucionará y como siempre los más perjudicados son nuestros hermanos indígenas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.