A nivel país contamos con más de 300.000 servidores públicos en instituciones de los tres poderes del Estado, una “superpoblación” para un país como el nuestro en el que apenas superamos los 7 millones de habitantes (equivalente a 23 funcionarios por cada 100.000 habitantes), significando mes a mes un gran derroche en pago de sueldos y otros beneficios.
Se habla mucho en dar el lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión que nos permita tener una administración pública de calidad comprobada que la ciudadanía anhela, pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos permite que puedan seguir percibiendo mes a mes sus salarios y otras retribuciones muchísimos de ellos sin justificar en lo más mínimo, ocasionando una presión financiera cada vez mayor sobre nuestro maltratado PGN en donde cada vez más se impone la austeridad; sin embargo, siguen siendo los más privilegiados.
La deficiencia estructural observada en la mayoría de nuestras instituciones públicas se concentran en una limitada formación académica y técnica ocupando posiciones de relevancia, en los que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de dichos atributos tornando difícil por no decir imposible exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.
Contamos con una excesiva cantidad de funcionarios que absorben el mayor porcentaje de los ingresos fiscales obligando al Estado provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios) más del 75% de los gastos corrientes del PGN, quedando relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como salud, educación e infraestructura en los que seguimos mal posicionados.
Urge priorizar la calidad académica y técnica de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones están distantes de lo que exige su posición y responsabilidad frenando la posibilidad de contar con un Estado moderno y eficiente, acorde al mundo globalizado y competitivo en que vivimos que nos permita recibir un servicio de excelencia derecho al cual tienen todos los ciudadanos que pagan sus impuestos dándoles la potestad de exigirlo.
Es hora e que dejemos atrás las prebendas y el clientelismo político y se haga un relevamiento y reingeniería del 100% de nuestros servidores públicos, pues es probable que muchos de ellos sean capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y técnica, por lo que se precisan reformas estructurales de fondo para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas, y que pululan por los pasillos de ministerios, secretarías y otros entes sin tener una función específica, muchos de ellos sin tan siquiera saber manejar una PC.
Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público, pero que siguen lamentablemente relegados.
Desde hace tiempo que venimos insistiendo en la extrema necesidad de realizar una reingeniería global de los RRHH y flujos de procesos administrativos en todos los entes del Estado, pues es la ciudadanía la que con el pago de sus impuestos y otros tributos permite que los mismos sigan cobrando sus sueldos mes a mes, pero hasta ahora no se ve en forma tangible la calidad de servicio que todos nos merecemos, pues a la postre somos sus verdaderos patrones, pero que en la práctica daría la impresión de que ellos se consideran los que mandan y hacen y deshacen a su gusto y paladar lo que les venga en gana en pleno siglo XXI, donde la excelencia en la calidad de servicio debería ser la constante en todos los entes sin excepción alguna.