COMENTARIO
Por Ricardo Rivas, corresponsal en Argentina, Twitter: @RtrivasRivas
“El ASPO (Aislamiento social preventivo y obligatorio) y el DISPO (Distanciamiento social preventivo y obligatorio) marcan cada minuto que pasa en la Argentina. Esas dos siglas, las más recientes paridas en el país de los eslóganes eufemísticos, creadas para hacer frente –sin vacuna ni tratamiento- al covid-19, como algunas otras situaciones, calan profundo en el conjunto social en general y, en particular, en la política profesionalmente ejercida. Es decir, la política no como pasión para quienes, a través del debate de lo público, intentan cambiar la realidad en procura del bien común, sino para aquellos que lo único que pretenden modificar son sus circunstancias personales y, por qué no, patrimoniales. Si bien no son muchos los enrolados en el último grupo, acumulan aún una considerable cuota de poder para sacudir las estructuras y hacer peligrar al Estado democrático de derecho”. Con esas palabras, cuatro integrantes del llamado Peronismo Republicano que exigieron reserva de sus identidades “por ahora”, definieron sintéticamente ante este corresponsal el panorama que se vive al interior de la coalición de gobierno pero que, en la última decena de días, también golpeó con fuerza en las oposiciones aunque por razones diferentes y, a la vez, coincidentes con los anteriores.
Con las mismas reservas identitarias, tres encumbrados opositores, en tono autocrítico, admitieron que, “después de analizar el banderazo del 17A, comprendimos que una significativa parte de esta sociedad, en todo el país, sin encolumnarse detrás de nadie, nos dejó atrás, nos pasó por arriba, y salió a las calles para defender sus derechos republicanos”. Las respuestas son preocupantes. Sin dudas, una sociedad movilizada, sin líderes o lideradas por algunos emergentes de baja intensidad, no es recomendable para un sistema democrático que, desde 1983, procura consolidarse sin conseguirlo.
Las diferencias intersectoriales crecen, pero a diferencia de la crisis de 2001, que se llevó cinco Presidentes en una semana, cuando multitudes en todo el país ganaron las calles para exigir “que se vayan todos”, por estos días las y los movilizados evitan el borde del abismo y el abismo mismo, circunscriben críticas y reclamos solo sobre temas concretos y demandan que quienes tienen responsabilidades políticas las asuman y ejerzan dignamente. Desde cuando promediaba el pasado mes de marzo, el Poder Judicial –que retomará sus tareas este lunes- y el Poder Legislativo, con la excusa de la pandemia, incumplen con sus obligaciones constitucionales.
En ese contexto, no debería sorprender el mal humor social que, en la semana activa que hoy se inicia, para evidenciarlo, convoca a otro banderazo, esta vez en torno del monumental edificio del Congreso Nacional, para peticionar por sus derechos a las autoridades. Libertad de expresión -un derecho humano sustancial- al palo. El proyecto de reforma judicial que cuando finalizaba la semana anterior fue aprobado por el oficialismo en el Senado de la Nación, que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández, no será aprobado por la Cámara de Diputados sin las modificaciones que se proponen introducir en el texto las oposiciones allí representadas.
Mucho menos, con la introducción inesperada -al parecer sin conocimiento presidencial- de un párrafo violatorio de las libertades de prensa y de opinión que, de aprobarse, dejaría a la Argentina fuera de los estándares internacionales consignados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos; en la poco más que septuagenaria Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, en la Agenda 2030 que, en su ODS (Objetivo para el Desarrollo Sostenible) 16, titulado “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, documentos todos suscriptos por este país y que, en consecuencia, desde la reforma constitucional de 1994, tienen rango supraconstitucional. El presidente Alberto Fernández lo sabe y se preocupa. Desde hace varias semanas cae en las encuestas y, si bien aún es el dirigente que ostenta mejores marcas en la consideración pública, observa el crecimiento constante de la valoración social negativa y sabe que una nueva derrota como la que sufrió cuando intentó, por decreto, estatizar el complejo agroindustrial Vicentin, podría complicar seriamente la gobernanza.
No es bueno perder la calle y, por lo que se puede ver al recorrerlas y leer en las redes, el espacio público puede ser ocupado, en todo el país, por multitudes carentes de líderes con capacidad para orientarlas que exigen por sus derechos. También el distanciamiento entre Alberto F y Cristina F crece. Con el dueto encumbrado en el punto máximo de poder, distanciado en sus objetivos políticos y un importante segmento social movilizado, no es lo mejor.
Mucho más cuando la economía formal está en baja, cuando los trabajadores informales están sometidos al aislamiento social, cuando a la educación y al trabajo solo acceden los que disponen de medios digitales y cuando la incredulidad es el baldío en el que se estacionan las piezas discursivas que llegan desde el poder. A través de voceros oficiales que tampoco se identificaron, Alberto F, durante el reciente fin de semana, hizo llegar mensajes con pretensiones distensivas a todos los sectores a través de los medios. ¿Será suficiente?