Por Carlos Mariano Nin

Columnista

Nunca termina de sorprendernos, pero no es un problema nuevo. Es terrible y va en aumento. Es una realidad cotidiana que trasciende al tiempo… Y sobrevive.

En nuestro país, 8 de cada 10 matrimonios de mujeres de entre 15 y 19 años se llevan a cabo con hombres mayores, según el último informe del Estado de la Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una práctica que contribuye a aumentar la desigualdad de las niñas y sus oportunidades de tener una vida digna.

Hoy, en plena cuarentena, muchos de los programas pensados para enfrentar los crecientes números están paralizados.

Ya en mayo, la Fiscalía emitió un desalentador informe sobre los casos de abuso infantil. Según el mismo, 85% de los casos se da en el entorno familiar y el 50% de las víctimas tiene entre 11 y 13 años.

Las estadísticas son implacables y siguen castigando a las más vulnerables.

Entre los meses de marzo y abril, cuando se desataba la pandemia y se decretaba la cuarentena obligatoria, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibió a través del servicio 147 Fono Ayuda alrededor de 1.000 denuncias de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, con un altísimo índice de abuso sexual en el seno del hogar.

Y, sin embargo, era algo predecible. La Fiscalía reportó en el 2019 una media de entre nueve y diez casos diarios de abuso sexual a menores, pese al esfuerzo de las autoridades para revertir una situación que en un alto índice es propiciada por las personas que debieran protegerlos.

Cuando publicamos casos de violación sexual en niños no son solo estadísticas. Es un golpe que nos está recordando que todos fallamos en algo.

Los números solo ratifican eso que escondemos. Según un estudio de Unicef, el 20% de los nacimientos en el país corresponde a madres adolescentes y el 4% de estas niñas madres tiene entre 10 y 14 años… En otras palabras, de todos los partos que se dan en el país, dos corresponden a niñas.

En las conclusiones finales, la organización internacional afirmaba: “En Paraguay existe cierta tolerancia o permisividad hacia el abuso sexual y la trata de personas, delitos que afectan mayoritariamente a jóvenes del sexo femenino”.

Es una mala señal.

El caso que nos horroriza solo es la punta del iceberg.

Para los más controversiales, debería aplicarse el aborto a estas niñas a fin de salvaguardar su vida. Para los religiosos, el aborto está condenado. Y para los médicos, la evaluación de la salud determinará qué camino seguir. Pero la raíz del problema seguirá allí.

A veces me dicen que hay cosas de las que no debería opinar, pero también soy padre y creo que con educación podríamos comenzar a enfrentar el problema. Debería mirarse hacia las políticas educativas. También la sociedad debería denunciar y la justicia simplemente debería hacer su trabajo y condenar con firmeza el abuso.

Muchos dirán que es fácil decirlo o escribirlo en un papel, pero ponerlo en práctica deberá aglutinar un compromiso social. Eso es lo difícil.

De todas maneras, por algo deberíamos comenzar.