Por Aníbal Saucedo Rodas
Periodista, docente y político
Al Capone había urdido una telaraña de corrupción sobre la sangrienta Chicago de los años 30, sobornando a políticos, policías, jueces y fiscales para mantenerse impune de sus crímenes. Los asesinatos en una guerra entre mafias –incluyendo la matanza de San Valentín– no dejan huellas dactilares. Por temor o por complicidad nadie habla. Las únicas vías para cazarlo eran la evasión fiscal y el contrabando de bebidas alcohólicas. Un impetuoso oficial de 27 años, desde el Departamento del Tesoro, asume el riesgo de investigarlo y conducirlo ante la justicia. Con los agentes de los órganos de seguridad corrompidos, selecciona un equipo de insospechados que no alcanza la decena. Sus primeras maniobras golpean fuertemente la economía subterránea del rey del hampa.
La reacción de Capone pretende ser expeditiva, pero falla en sus atentados. Apuesta, entonces, al soborno. Con un fracaso mayor. Los diarios de la época encontraron a los héroes por los que una ciudad salpicada de barro y sangre estaba suplicando. Y la leyenda inmortaliza a Eliot Ness y sus “Intocables”. Son la antítesis idealizada de la corrupción. El murallón de la honestidad que no dejó filtrar una brizna de impunidad. Y el criminal más temido de aquel tiempo es condenado a once años de cárcel por evasión de impuestos y venta clandestina de alcohol.
A lo largo de los siglos, la corrupción ha matado silenciosamente más gente que cualquier pandemia. La acumulación espuria en manos de unos pocos se revierte negativamente en millones de personas que mueren en la indigencia y la indefensión ante las enfermedades por la ausencia de infraestructuras sanitarias de atención universal. Una educación de escasa calidad, generadora de individuos indiferentes, favorece la usurpación patrimonialista del Estado.
Toda la transición democrática no registra memoria de que un gobierno, como el actual, haya tenido tanta denuncia de corrupción en tan poco tiempo. Algunos registros que evidenciaban desprolijidades administrativas o descaradas sobrefacturaciones fueron ignorados por el Poder Ejecutivo. La inocencia de soñar que durante los dramáticos tiempos del coronavirus tendríamos gestos de obligatoria honestidad fue rápidamente interrumpida. Fue en ese estado de quietud que más alevosamente se movieron la codicia y el egoísmo en un adulterio consentido e impúdico entre hombres públicos y empresarios.
Las filtraciones de datos desnudaron irregularidades detectadas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Petróleos Paraguayos (Petropar), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Más, las denuncias de licitaciones presuntamente dirigidas en el Ministerio de Obras Públicas. Algunos renunciaron. Ninguno fue destituido.
Hasta que llegó el estreno del escándalo inesperado con marquesinas de neón. Se estaba articulando con la frialdad de los inescrupulosos que dieron un tiro a su propia conciencia, una de las mayores estafas con los recursos –préstamo mediante– restringidos para tratar de amortiguar el impacto de la pandemia. Y como en los casos anteriores, no saltó ante la mirada ciudadana por iniciativa de los órganos de control del Estado, sino por informaciones proporcionadas por un empresario, la paciencia investigativa de pocos periodistas y la intervención de contados diputados. De no ser por eso, el asalto se hubiera consumado.
Los vigilantes fracasaron. Pero el presidente Abdo Benítez decidió integrar una Comisión Especial de Supervisión y Control de las Compras Covid-19 con los mismos fallidos vigilantes. Entre ellos, el titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, quien debería haber sentido la herida en su dignidad.
El mandatario eligió para esta misión a miembros del Partido Democrático Progresista (PDP), confiado en que los opositores dentro del Gobierno le darían más credibilidad al relato final de la pesquisa. Arnaldo Giuzzio, un ex fiscal Anticorrupción, a quien la Embajada de los Estados Unidos había concedido la estrella de sheriff en el pasado, fue designado para presidir la comisión.
Lamentablemente para la República, no fue el Eliot Ness tan esperado. Su informe público estaba montado sobre sofismas. Y aunque, luego, ante la condena sobre tablas de los medios y redes sociales, Giuzzio entra en contradicciones con el propio Giuzzio, la primera lectura es que buscó ocultar bajo la alfombra los detalles de este intento de estafa. El perjuicio real a la población expuesta al virus, por la carencia de insumos, es incalculable. Ya no se trata simplemente de dinero, sino de vidas humanas.
Definitivamente, Eliot Ness ya solo habita en las películas.