En medio de la crisis económica instalada por los efectos de la pandemia del covid-19, se comenzó a analizar desde el Ejecutivo una propuesta que apunta a promover la creación de un mercado eléctrico con participación del sector privado, lo que implicaría romper con el actual modelo monopólico a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que es la encargada de generar, transformar, transmitir y distribuir o comercializar la energía eléctrica del país.
Está suficientemente demostrada la ineficiencia e inoperancia de la empresa estatal que por un “error de cálculo” se expone ahora a una pérdida estimada en unos 230 millones de dólares, que sería el monto de las facturas emitidas entre los meses de febrero y junio, si es que el Ejecutivo no veta la ley recientemente aprobada por el Congreso.
Y eso que no estamos hablando de las pérdidas generadas por la fragilidad del sistema de distribución que colapsa y nos deja a oscuras con cada viento fuerte o lluvia caída.
Obviamente, es natural que los sindicatos y funcionarios en general de la Ande estén en contra de esta iniciativa, puesto que con una mayor competencia, podrían perder un mercado hasta ahora cautivo que no tiene otra que someterse a los abusos ocasionados por un pésimo servicio. Un pronunciamiento del grupo comandado por los Canese habla de la intención de privatizar la Ande; mientras, según lo que pudimos conversar hasta ahora con los técnicos que impulsan la iniciativa, en ninguna parte del proyecto se menciona la posibilidad de que la empresa estatal pase a manos del sector privado.
Al contrario, esta podrá fortalecerse y quizás sacar mayor provecho de su posición dominante, tal como ocurrió con Petropar en su momento, cuando al contrario de lo que ocurría, tuvo que salir a pelear con los emblemas privados y no le fue tan mal, por lo menos hasta antes de la administración de Patricia Samudio. Se estima que la Ande pierde unos 40 a 50 millones de dólares anuales en sus redes, por lo que es necesario corregir las profundas causas estructurales que la llevaron al estado actual; a través de una profunda reorganización empresarial.
Otro aspecto que no debe perderse de vista es la importancia de una legislación de este tipo para el Paraguay con miras a la revisión del Anexo C de Itaipú, puesto que somos el único país en la región que no cuenta con un mercado eléctrico y eso nos resta ventajas competitivas a la hora de comercializar nuestros excedentes.
Hace unos días nada más, el ministro de Hacienda lamentaba el hecho de que Argentina no nos pagó aún por toda la energía de Yacyretá que le cedimos este y el año pasado. Algo inconcebible, así como también somos los únicos que no tenemos un acuerdo energético con los países vecinos del Mercosur, que entre ellos intercambian la energía eléctrica –una parte de la nuestra incluso– y generan millones de dólares, mientras nosotros somos simples espectadores.
El Ing. Guillermo López Flores, consultor especialista del sector eléctrico, a menudo recuerda el hecho de que Paraguay es el único país del continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que mantiene desde hace 50 años el mismo modelo de organización del sector energético y de la industria eléctrica en particular, en un mundo que ha cambiado dramáticamente desde entonces. Tal es la asimetría en regulación respecto a nuestros vecinos y consocios, que se dificulta enormemente una integración de nuestros mercados.
Un “mercado cerrado y monopólico”, como el que actualmente existe en nuestro país, dominado por la Ande, es el “peor escenario” para las negociaciones previas a la revisión del Anexo C, puesto que nuestros vecinos saben que, aunque digamos que queremos “disponer de toda nuestra energía”, no tenemos la capacidad de negociar nuestros excedentes en sus mercados, porque la Ande es una empresa que no tiene la experiencia ni el know how en la materia. Por eso, es momento de comenzar a abrir nuestras mentes y no dejarnos llevar por delirios ideológicos que solo traerán mayor atraso al país. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.