• Por Jorge Torres Romero

Cuando hace un par de semanas habíamos iniciado una serie de publicaciones sobre las compras del Ministerio de Salud en medio de la pandemia, jamás imaginamos que detrás de los negocios de la venta de insumos, medicamentos y equipos médicos habría una mafia tan poderosa, capaz incluso de vulnerar la privacidad de las personas.

Pero más allá del tema denunciado o las motivaciones de quienes están detrás de esto, es sabido que los periodistas estamos de hecho acostumbrados al amedrentamiento, las amenazas y presiones de los sectores o personas a quienes denunciamos. Sin embargo, aquí lo grave es que han traspasado la línea, pues se ha cometido un delito mucho más grave de lo que uno puede imaginar, ya que al realizar la suplantación de una línea telefónica celular no solo accedieron a nuestros datos privados, sino que, en nuestro caso, dejó expuestas a nuestras fuentes de información violando doblemente garantías constitucionales, como lo son el derecho a no revelar las fuentes y el derecho a la privacidad.

No puede ser que los sistemas que deben proteger la privacidad y nuestros datos personales sean vulnerados con tanta facilidad. Para mí, esto es lo perverso del relato. Es inadmisible que los ciudadanos estemos tan desprotegidos y a merced, ya sea de la delincuencia o de quien fuera, en lo que respecta al derecho a la privacidad, que es un derecho que ha evolucionado para proteger la libertad de los individuos. Esta autonomía personal es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Nacional.

Leí en uno de los tantos comentarios en redes sociales que a este tipo de timos se los conoce como “sim card attack” o “fraude del chip perdido”, que ocurre cuando el estafador roba un número de teléfono de una persona, bloquea la línea original y se hace pasar por la víctima para obtener acceso a sus contactos.

En mi caso, me percaté de la situación cuando al querer utilizar mi aparato telefónico me di cuenta de que el Whatsapp estaba desconfigurado, así que cuando introduzco de vuelta mi número, me alerta que acababan de enviar un código de seis dígitos vía SMS, cosa que no llegó al móvil que tenía conmigo.

Intenté hacer una llamada y el celular no respondía. Pedí prestado el teléfono de mi esposa, llamo a la telefónica que me presta el servicio y ahí me indican que mi línea estaba funcionando perfectamente, pero consultan si lo estaba haciendo desde un teléfono de la marca Blu. Les aclaré que no uso ese modelo, sino un iPhone XS.

La operadora se encargó de darme la noticia que no esperaba: “Acá me figura que su línea fue activada hacía media hora desde un teléfono Blu y ahora está en Luque”. Pedí que bloqueen la línea de manera inmediata, pero el Whatsapp seguía operativo, por lo que presumimos que usaron el teléfono Blue para activar mi chip y luego fueron a descargar al Whatsapp Web. Afortunadamente, el historial de mis conversaciones y contactos están protegidos en el icloud, por lo que, a lo sumo, pudieron acceder a los números y ver conversaciones que pudieron caer desde el momento en que activaron mi línea.

Tal como ya lo había descrito en mi columna del domingo al denunciar mi caso particular en las redes sociales, he leído centenares de casos similares de ciudadanos que han pasado por lo mismo, pero en diferentes circunstancias. Esto significa que la ciudadanía está siendo permanentemente violada en su privacidad sin que nadie haga nada al respecto. Estamos desprotegidos.

Las empresas telefónicas no deberían lavarse las manos alegando simplemente la infidelidad de sus empleados, deberían rediseñar sus políticas de seguridad, pero para que esto ocurra la Justicia, desde lo penal y civil, deberá ser implacable y caerles encima para que asuman con responsabilidad la gravedad del asunto.