• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

El jueves pasado, cerca de las 17:00, estaba culminando un artículo para la edición del día siguiente del diario relacionado a la denuncia que realizamos acerca de la ruta de los medicamentos importados desde la India, que ingresan al Paraguay sin control sanitario y, encima, evadiendo aranceles.

Al tomar el teléfono móvil con el fin de revisar un comunicado que remitieron desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), encuentro el WhatsApp desconfigurado, introduzco de vuelta mi número y me alerta de que acababan de enviar un código de seis dígitos vía SMS, cosa que no llegó al teléfono que tenía conmigo. Intenté hacer una llamada y el celular no respondía. Pedí prestado el teléfono de mi esposa, llamo a la telefónica que me presta el servicio (Tigo), en donde me aclaran que mi línea estaba funcionando perfectamente, pero consultan si lo estaba haciendo desde un teléfono de la marca Blue. Le aclaré que no uso ese modelo, sino un iPhone XS.

La operadora se encargó de darme la noticia que no esperaba: “Acá me figura que su línea fue activada hace media hora desde un teléfono Blue y ahora está en Luque”. Pedí que bloqueen la línea de manera inmediata, pero el WhatsApp seguía operativo, por lo que presumimos que usaron el teléfono Blue para activar mi chip y luego fueron a enlazar al WhatsApp web. Afortunadamente, el historial de mis conversaciones y contactos está protegido en el iCloud, por lo que a lo sumo pudieron acceder a los números y ver conversaciones que pudieron caer desde el momento en que activaron mi línea.

Varias hipótesis podrían darse ante esta situación en relación con las motivaciones de quienes promovieron esta violación a la privacidad. Hay un factor común, tras hacer la denuncia ante la Unidad de Delitos Informáticos, la fiscala Irma Llano contó que la semana pasada sucedió lo mismo con un comunicador y un legislador. Coincidentemente, los tres venimos denunciando con vehemencia lo relacionado a la mafia de los proveedores de medicamentos e insumos a Salud.

Pero más allá del tema denunciado o las motivaciones de quienes están detrás de esto, ya que los periodistas estamos nomás luego expuestos a amedrentamientos, presiones, etc., lo grave es: la vulnerabilidad de los sistemas que deben proteger la privacidad y datos personales.

Para mí esto es lo perverso del relato. Es inadmisible que los ciudadanos estemos tan desprotegidos y a merced ya sea de la delincuencia o de quien fuera, en lo que respecta al derecho a la privacidad, que es un derecho que ha evolucionado para proteger la libertad de los individuos. Esta autonomía personal es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Nacional.

Al denunciar mi caso particular en las redes sociales, he leído centenares de casos similares de ciudadanos que han pasado por lo mismo, pero en diferentes circunstancias. Esto significa que la ciudadanía está siendo permanentemente violada en su privacidad sin que nadie haga nada al respecto. Estamos desprotegidos.

Las empresas telefónicas no deberían lavarse las manos alegando simplemente la infidelidad de sus empleados, deberían rediseñar sus políticas de seguridad, pero para que esto ocurra la Justicia, desde lo penal y civil, deberá ser implacable y caerles encima para que asuman con responsabilidad la gravedad del asunto.

Todos estamos expuestos, desde el presidente de la República para abajo. Si no hacemos fuerza para que se garantice este derecho fundamental, los inescrupulosos, mafiosos, chantajistas y extorsionadores seguirán haciendo de las suyas ante la mirada cómplice, en este caso, de los dueños de las compañías telefónicas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.