- Por Dany Fleitas
- Editor de Política
¡Imperdonable! Es lo mínimo que uno puede decir, para no ser grosero, ante la escandalosa sospecha de grave sobrefacturación en la Dinac, cuyo titular, Édgar Melgarejo, ojalá ya esté fuera de la institución al momento de la publicación de este artículo. El presidente de la República no puede mantener a ningún funcionario público con serias dudas de haberse aprovechado de la situación de emergencia por pandemia de coronavirus para lucrar. Es absolutamente intolerable que un producto (mascarilla protectora) que cuesta en el mercado local no más tres mil guaraníes, tenga que ser adquirido por un valor casi diez veces superior. Esto tiene todos los “síntomas” de ser una feroz corrupción.
Es incomprensible cómo el Poder Ejecutivo demora tantos días para tomar la determinación de la destitución por decreto de un funcionario denunciado por deshonesto en el manejo de recursos que son del pueblo. Es mucho peor cuando las necesidades y condiciones de la gente son paupérrimas, y ¡muchísimo peor! cuando se hace el esfuerzo de destinar US$ 1.600 millones para combatir la pandemia, con todo el sacrificio y costo que esto tendrá a futuro para las generaciones siguientes.
Quien sea, de manera preliminar y desde el vamos, sin contemplación, para que nadie ose en meter la mano en la “lata”, Mario Abdo Benítez no puede titubear y debe apartar del cargo a estatales que ocupan cargos de relevancia hasta tanto se compruebe su inocencia o culpabilidad. Si es inocente, bueno, retornará con toda la confianza y las prerrogativas de antes, pero, si es culpable, que sea procesado y sometido a la Justicia, como corresponde.
Así debería actuar el Presidente cuando se dan casos así tan graves como en la Dinac. Édgar Melgarejo ya no goza de la confianza de nadie, ni de muchos congresistas. Si el jefe de Estado no obra correctamente en situaciones así, entonces se expone también al escarnio ciudadano y a que se le sindique como cómplice. René Fernández, como ex fiscal, también debería ser más ejecutivo en su actuar y ayudarle más al mandatario a ser drástico con los inescrupulosos.
La ciudadanía, en la situación en que nos encontramos, no está dispuesta a tolerar nada, absolutamente nada. Los políticos en el Congreso tampoco ya nada perdonan. Eso se vio el miércoles último con la liberal María Eugenia Bajac, quien fue expulsada por haber violado la cuarentena. No sé qué es más grave: robar a un pueblo hambreado o exponer a compatriotas a un virus mortal sabiendo que eres portador. Es decir, la gente quiere justicia y quiere empleados estatales honestos. El propio presidente de la República es un empleado del Estado y debería ser el primero en dar ejemplo tomando distancia de quienes son reacios a someterse a la transparencia y ser honestos en la administración pública.