- Por Dany Fleitas
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Últimamente están ocurriendo hechos de abuso y muerte de niñas y niños en Paraguay con una alta incidencia que alarma a todo el país. Ya todos conocemos el reciente desenlace que tuvo el secuestro de una niña de 7 en la zona del Alto Paraná, que fue estrangulada, y otra de 12, anterior a este último caso, de origen indígena, cuyo cuerpo sin vida se encontró en una mochila en la zona de la Terminal de Omnibus de Asunción. Son apenas dos ejemplos de lo deteriorada que está nuestra sociedad en su conjunto. Cuando todavía no digerimos del todo estos horrendos crímenes, se dieron otras denuncias de intentos de rapto de niños en Itapúa y Central. Son alertas que nos dicen que algo no estamos haciendo bien, principalmente en la prevención.
Las primeras miradas cuestionadoras generalmente van hacia la Justicia, porque los padres de las víctimas y la ciudadanía que se solidariza en casos así exigen un castigo ejemplar para los culpables. No obstante, hay que decir que muchas veces los jueces y magistrados están también atados de pies y manos para imponer duras penas carcelarias a los acusados porque se limitan a aplicar lo que las leyes establecen. Una persona que violó y mató a una niña o niño menor de 12 años de edad, de la peor manera posible, solo podrá ser castigado con una pena máxima de 15 años.
Nuestro derecho positivo paraguayo no prevé la cadena perpetua ni menos la pena de muerte. Pero estos extremos tampoco son garantía para creer que por eso vamos a tener menos delincuentes en las cuales. No hay que olvidar que penas más severas, como la pena de muerte para los violadores y asesinos de niños, que tienen países como Estados Unidos y la India, han hecho precisamente que se reduzcan este tipo de delitos contra los menores.
Un diputado propuso la aprobación de una ley para la castración química a los violadores y asesinos de niños, mientras que otro planteó la idea de una similar como la castración física. Muy a pesar nuestro, por más que la mayoría así lo querríamos, e inclusive llegar a extremos como la cadena perpetua o la pena de muerte, me atrevo a creer que difícilmente nuestros políticos se animen a aprobar una ley que autorice la aplicación de normas así principalmente por el respeto a los derechos humanos y el principio universal del esfuerzo que debe hacer un Estado para la recuperación de los delincuentes. Además, es innegable que en Paraguay existe también mucha influencia religiosa que te da poco margen de maniobra en sanciones severas.
Lo cierto y concreto es que la mayoría de los habitantes de esta República claman para que los delincuentes que cometan hechos punibles contra niñas y niños, como ser abuso sexual y homicidio, sean castigados con penas más elevadas y aleccionadoras. La Ley Penal vigente, en su artículo 155, establece como pena máxima de 4 a 15 años, aunque diferenciando el abuso sexual del coito. Creo que está aquí uno de los problemas más graves, ya que es imposible a veces para un médico saber si hubo coito o solo abuso de un adulto y una menor o un menor. La solución sería que un valiente legislador se anime a elaborar un proyecto de ley razonable por la gravedad de estos hechos a fin de modificar y elevar tales penas, para poner a disposición de los magistrados herramientas eficaces contra los delincuentes. A la par, el Estado paraguayo en su conjunto debe trazar planes eficaces de prácticas adecuadas para la salud mental en todas las instituciones educativas del Paraguay.