• Por el Abg. Óscar Germán Latorre
• Analista

A riesgo de las críticas que pueda recibir por estos comentarios, me permitiré compartir algunas consideraciones. Estoy convencido de que las decisiones populistas jamás resuelven los problemas y solo causan desilusiones. El buen legislador debe analizar y conocer detenidamente el contenido, el objeto, las implicancias y las consecuencias de cualquier proyecto de ley que pretende sancionar. La política de presentar proyectos y sancionar leyes en temas sensibles como los electorales, aún conscientes de que muchas veces ni siquiera son aplicables, resta seriedad a la labor legislativa y nos expone a impredecibles consecuencias de la aplicación de una ley claramente defectuosa o irracional. El mecanismo de sancionar una ley que en la práctica es imposible de aplicar, so pretexto de que posteriormente esos errores pueden ser corregidos por otra ley, no tiene seriedad alguna y constituye una falta de respeto hacia el ciudadano que la debe cumplir o incumplir precisamente por esos errores.

Ratifico mi convencimiento de que es de suma importancia el control del financiamiento político de las campañas electorales. Pero el problema del uso del dinero proveniente de algún ilícito y, más aún, del narcotráfico, no se resolverá imponiendo exigencias que muy posiblemente solo serán obstáculos insalvables para quien pretenda ser precandidato o candidato a cualquier cargo. Si un ciudadano que vive en Puerto Pinasco, en Fortín Nanawa o en cualquier otro lugar del interior y pretende ser candidato, deberá transitar varios kilómetros para iniciar el engorroso trámite para la apertura de una cuenta corriente bancaria, muy probablemente un considerable número de precandidaturas y candidaturas serán inhabilitadas por falta de esa exigencia legal. El uso de dinero negro destinado a financiar alguna candidatura ni siquiera se maneja a través de los bancos, no se emiten cheques, sino que se trata de dinero en efectivo que no ingresa a los registros, más aún en un país donde la informalidad sigue siendo la regla que progresivamente deberá ser superada.

Celebro que el Senado haya devuelto la intervención a la Seprelad; eso es importante, pero no será suficiente. Estimo que el proceso de control y transparencia debe ser progresivo y debería limitarse inicialmente a los candidatos electos y proclamados en las internas, tanto al inicio del proceso como después de su finalización, y exclusivamente para elecciones generales, municipales, departamentales y cualesquiera otros que se vinculen a entidades públicas como ser el Consejo de la Magistratura, las universitarias, etc. En un país donde la informalidad es la regla, ese tipo de controles devendrá inocuo.

¿Acaso alguien puede con un mínimo de seriedad afirmar que 100.000 o más personas podrán realizar los trámites para obtener una cuenta bancaria y un certificado de contribuyente en el dinámico y siempre corto plazo establecido en el cronograma electoral? Peor aún, creo haber entendido que la asociación de bancos plateó incluir una norma que permita a los bancos cumplir con las medidas de prevención de lavado de dinero, con lo que la obtención de una cuenta corriente exigirá una generosa documentación que luego será estudiada puntillosamente por los funcionarios bancarios.

Y tampoco puede desconocerse que hay precandidatos o candidatos que renuncian y que deben ser sustituidos muy frecuentemente casi al cierre del período de inscripción de candidaturas. Para los partidos Colorado y Liberal será inevitable la aparición de múltiples problemas que concluirán con numerosas impugnaciones e inhabilitaciones. Evidentemente, eso no ocurrirá con partidos y movimientos que digitan a sus candidatos, cuyas identidades se pueden conocer hasta años antes del inicio de cada proceso electoral. La mediatez en el tratamiento del proyecto de ley no debe cercenar la capacidad de análisis, de prudencia y de seriedad de los legisladores de esos partidos.

Cuando se trata de cuestiones electorales, no se puede improvisar y mucho menos aplicar una ley que en la práctica traerá consecuencias que pueden llegar a ser sumamente graves en caso de que aparezcan los ganadores morales de siempre y pretendan embarrar el proceso y cuestionar los resultados.

Esa misma forma mediática de vendernos soluciones legales se está dando cuando, como consecuencia del desbloqueo de las listas, tardíamente se está obligando a la Justicia Electoral a realizar un proceso de licitación, adjudicación, prueba y capacitación de las urnas electrónicas, que no sabemos aún si son confiables, si el tiempo permitirá instruir a los electores y a los miembros de mesa y si las urnas podrán serán puestas a disposición de la Justicia Electoral a solo unas semanas del inicio del proceso electoral.

Roguemos para que todo salga de lo mejor y la Justicia Electoral siga siendo la más confiable de los organismos del Estado.