Creo necesario hacer algunas precisiones sobre un comentario anterior relativo a la intervención de la aduana en un depósito. Repito nuevamente que, si los productos incautados son de producción nacional y se encontraban en territorio paraguayo, no puede existir contrabando. El depósito no se encontraba en zona aduanera y tampoco puede decirse que se haya iniciado el proceso para trasladar esas mercaderías fuera del territorio nacional y por un lugar indebido.
En la hipótesis de que esas mercaderías iban a ser trasladadas ilegalmente a territorio brasilero, es innegable que la intervención fue torpe y extemporánea ya que la construcción del presunto contrabando no se puede limitar a la mera sospecha o imaginación de los funcionarios intervinientes. Si el dato era real, tendrían que haber hecho el seguimiento para sorprender a los responsables con las manos en la masa, es decir, en el momento de intentar sacar las mercaderías fuera del territorio paraguayo por conductos no autorizados.
Tampoco se trataba de productos nacionales en transporte de cabotaje, lo cual autorizaría a la Dirección Nacional de Aduanas a intervenir y controlar esas mercaderías. Así, el procedimiento será un vergonzoso tiro fallido en la medida que el propietario de las mercaderías presente las facturas de compra y con eso matará la sospecha no solo de contrabando sino también de evasión impositiva.
Debe recordarse que nuestra Constitución consagra el principio de que todo lo que no está prohibido, está permitido y en este caso en particular, no existe ninguna restricción para la tenencia de mercaderías nacionales en algún depósito privado dentro del territorio paraguayo.
Lamentablemente, no se ha actuado legítimamente y esta no es la primera vez que ocurre algo semejante y para no constituirme en defensor de los fabricantes de cigarrillos nacionales, me permitiré remitirme a una anterior intervención encabezada al zar anticontrabando de nuestro país en un depósito privado, donde se incautaron varios miles de kilos de azúcar, supuestamente introducidos de contrabando.
La investigación estuvo a cargo de la agente fiscal María Estefanía González, quien dispuso todas las diligencias que razonablemente debían conducir a la determinación del origen de esas mercaderías. Se realizó una pericia con noticia a la Dirección Nacional de Aduanas, a la SET, al Ministerio Público y al Ministerio de Industria y Comercio. El análisis se realizó en los laboratorios y por técnicos especializados del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, quienes concluyeron que el azúcar era de producción nacional.
La Dirección Nacional de Aduanas no instruyó sumario alguno y en esas condiciones, la agente fiscal interviniente dispuso la devolución de todo el azúcar incautado a su legítimo propietario, 6 meses después del procedimiento fiscal-aduanero. Como es de imaginar, por el tiempo transcurrido, gran parte de la carga incautada o retenida ya estaba definitivamente estropeada.
Y para salvar su responsabilidad en el errado procedimiento, este funcionario que ve contrabandos hasta en la venta de chipa o de remedios naturales, generó la falsa información sobre la supuesta actuación irregular de la representante del Ministerio Público; y así indujo a que la ministra de Industria y Comercio, el director nacional de Aduanas, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya y no recuerdo qué otros funcionarios del gobierno convocaran a una conferencia de prensa para comunicar la supuesta devolución indebida y la denuncia de la agente fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por supuesto mal desempeño de funciones.
Luego, la Fiscalía General del Estado excluyó mediáticamente a la fiscala María Estefanía González de la unidad fiscal anticontrabando, presentándola como una funcionaria castigada por su “irregular actuación”. Lo más penoso de todo esto es que ninguna de esas autoridades tenía conocimiento de que la pericia del producto había sido realizada y que la conclusión de los técnicos del INTN, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, descartó la posibilidad de que el azúcar no sea de producción nacional.
Como conozco a María Estefanía González hace 25 años y sin contar con un instrumento para medir la integridad de las personas, puedo expresar que se trata de una funcionaria honesta y con el coraje necesario para realizar su labor y a quien, tal vez, solo pueda cuestionarle algunos arrebatos que jamás podrán mancillar su destacada gestión fiscal. Su salida de esa unidad especializada fue injustificada pero más allá del agravio personal que pudo haberse generado, lo relevante es que el Ministerio Público ha perdido una pieza comprobadamente idónea en su supuesta lucha contra la impunidad.
Cuando un mediático procedimiento resulta inocuo y luego se confirma que el supuesto hecho punible jamás existió, se produce el descrédito institucional, sea por el mal procedimiento o por la sospecha ciudadana de que pudo existir algún arreglo indebido con las autoridades para limpiar a los responsables. Y mientras estas situaciones ocurren, los supermercados y comercios están repletos de productos de contrabando pero a nuestro Eliot Ness no le preocupa ni ocupa.