En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) numerosas mujeres están realizando quejas y denuncias graves contra compañeros de trabajo o jueces de diversas circunscripciones judiciales que guardan relación con el acoso laboral, violencia psicológica, persecuciones, perjuicio económico y hasta acoso sexual diario.

En el universo de hechos, pocas son las que se animan a dar la cara y hacer pública una denuncia de esta envergadura. Acciones valientes como esas generalmente devienen en peores ataques o, lo que es peor, en la triste noticia para la víctima de haber sido despedida por su jefe, quien generalmente se ampara en sus influencias con el inmediato superior para “acallar” a quien no se somete.

La denuncia hecha en nuestro diario por la joven abogada Laura Peralta, quien se desempeña como ujier notificadora del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Boquerón, en Filadelfia, ante la oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial, en contra del magistrado Eduardo Medina por “mobbing laboral, violencia psicológica, laboral y económica”, que se publicó ayer, es apenas un ejemplo del calvario que viven miles de mujeres todos los días en sus puestos de trabajo.

En el caso de Laura, ella se encuentra amparada por la Ley de Maternidad 5.508/2015. Su hija menor tiene apenas 11 meses de edad, quien, además, sufre serios problemas de salud vinculados a la médula espinal. Si no la atienden correctamente con las fisioterapias de rigor, podría tener secuelas irreparables a largo plazo. Según averiguamos, estos hechos graves denunciados se enmarcan en posibles violaciones a la Ley 5.777/16 “Contra todo tipo de violencia contra la mujer”. No es el único caso. La difusión hizo posible que otras denuncias lleguen a la redacción, que llaman la atención.

Según la denuncia formulada por la funcionaria judicial, sorprende que supuestamente el accionar de un magistrado judicial, en este caso Eduardo Medina, del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Boquerón, estaría apañado por el abogado Derlis Agustín Ríos Ruiz Díaz, jefe de gabinete del ministro de la CSJ, César Garay. Se trata de actores importantes de la administración de Justicia en una vasta región, que es todo el Chaco. En el documento se lee que Medina niega los permisos correspondientes para que la afectada pueda trasladar a su pequeña hija hasta Asunción para el tratamiento correspondiente. La mujer exhibió un certificado de discapacidad expedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Según explicó, la acordada 252/02 dispone que los funcionarios judiciales cuentan con licencias de 20 días por motivos particulares y 30 por salud al año. Al parecer, estas licencias también estarían siendo negadas.

Asusta. Si en este poder del Estado, que es el que debe impartir justicia en el Paraguay con los ojos vendados sin mirar a quien, ocurren estas cosas, imagínense lo que podría estar pasando en otras instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. Es lamentable. Es triste saber qué clase de justicia tenemos en el país, en la que ni entre compañeros hay respeto. Qué menos sería cuando se trata de redactar sentencias en casos delicados relacionados con la niñez y la adolescencia, violencia doméstica, contra la mujer, distribución de tierras, etc., etc. ¿En manos de qué clase de jueces y juezas está la República?

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe atender este tipo de denuncias, que han de ser cientos. El JEM debe abrir una oficina de reclamos y denuncias para funcionarios del Poder Judicial, que en forma anónima hagan sus quejas para saber de primera mano cómo se comportan los jueces de la República con sus compañeros primero. Está bien que la CSJ tenga una oficina como esa, pero es juez y parte. Y en Paraguay todos sabemos cómo se manejan las cosas. La transparencia no es precisamente la mejor virtud de este poder del Estado. Creo que el JEM no puede permitir que existan personas que deben impartir justicia en el país con serios problemas de conducta. No puede ser que sea la regla y no la excepción situaciones lamentables como las que está pasando la joven abogada Laura Peralta.

Según las estadísticas, en este momento una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de acto de violencia física, sexual, emocional o económica. Nuestro país forma parte de estos tristes números. El pasado 25 de noviembre se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que motivó una gran marcha en Asunción desde la Plaza de la Democracia hasta la Costanera, con la consigna “No nos callamos más”. Nuestro diario se sumó a esa campaña. Por eso, van mis felicitaciones a esta valiente mujer, Laura Peralta, quien se animó a hacer pública su denuncia contra gente de poder.

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