• Por Óscar Tuma.
• Abogado.

Nuestro sistema político reúne en la figura del presidente de la República la calidad de jefe indiscutible y único, facultado para decidir quién ocupa un cargo en el gobierno, aunque sea un pelafustán ignorante, lo cual nadie le puede negar, pero sí reclamar cuando su accionar va en contra de los intereses de la nación, la soberanía, la vida, el ambiente, la libertad, la igualdad, la salud, la educación y el trabajo, entre otros.

Causa un enorme perjuicio al país la notoria dilapidación del dinero público, bajo la dirección de varios funcionarios públicos, dinero que puede utilizarse para mejorar la salud y educación, y esta situación está elevando el clamor popular y a pesar de ello los sinvergüenzas siguen en sus cargos, lo cual es pernicioso porque constituye un enfrentamiento del Presidente y sus “colaboradores” con los intereses del pueblo.

El pueblo paraguayo busca el cumplimiento de la ley y conocer el destino de su dinero invertido en el gasto público, primordial para la satisfacción de las necesidades colectivas, para lograr una redistribución de la renta y la riqueza, y tiene el derecho de saber en qué se gasta su dinero para conocer a quiénes se ayuda en forma directa e indirecta, cuáles benefician a la sociedad en conjunto, los destinados a la educación, salud y otros servicios para elevar el bienestar de la población individualmente.

Pasa el tiempo, el pueblo aguarda noticias sobre la educación, salud y otros y solo recibe noticias de los “negociados” de reconocidos sinvergüenzas antipatriotas, designados por el presidente, Ramón Retamozo, titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) que contrataron operadores políticos y 23 “asesores”; Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo sospechada de irregularidades en el proceso de licitación del SNPP; Patricia Samudio, presidente de Petropar organizadora de “megafiestas” con la plata del pueblo; y ahora, Raúl Silva, secretario del Comité Ejecutivo de la EBY, a cargo del Mariscal de la Derrota, que cobra 100.000.000 guaraníes al mes, y trabaja en una “misión de inteligencia”, similar a los tristemente célebres pyrague, ahora “Pitbull”, a quienes mejor les caería la denominación de jagua’i paquete, por citar algunos, los cuales, sin el consentimiento del Presidente, nunca se atreverían a actuar como lo hacen y solo van a traer problemas al Presidente y al Partido Colorado, cuando éste debe tener una buena gestión.

Para que funcione nuestra democracia se deben implementar programas públicos con voluntad política y capacidad para resolver cuestiones prácticas de diseño institucional a través de un diálogo activo y sobre las condiciones que deben reunir las personas a quienes se le va a encargar la administración de los bienes públicos para lograr estabilidad política, desarrollo económico y bienestar social, porque la democracia involucra a la comunidad política en su conjunto y no a la voluntad de una sola persona y un “grupo” digitado con un solo objetivo.

La administración pública, debe contar con funcionarios activos, capaces y responsables de tener incidencia pública y constituir un aparato profesionalizado y eficaz controlado por la legalidad para proteger la libertad y el patrimonio de los individuos; permitir el debate público y la competencia por los puestos de gobierno y distribuirlos de manera equitativa entre los más capacitados, porque de lo contrario las decisiones adoptadas no van a ser legítimas ni eficientes y no van a contar con aprobación y legitimidad pública, porque para el ejercicio de la función pública se requiere recursos humanos con la formación técnica adecuada y no intrusos humanos sin formación alguna.

La designación y mantenimiento de reconocidos sinvergüenzas, en altos cargos, afecta a la imagen del presidente, y podrían llevar al Partido Colorado a la llanura nuevamente. Todos los paraguayos y especialmente los que trabajaron para que nuestro presidente llegue al Palacio de López vamos a seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo para que exista estabilidad política y continué el engrandecimiento del país, pero la decisión de parar la dilapidación de la cosa pública es del Presidente.