• Por Dany Fleitas
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“Estos días nos dejan una gran enseñanza!”. Así se expresó ayer, con alivio, el presidente Mario Abdo Benítez –vía redes sociales– ni bien se enteró que la Cámara de Diputados envió al archivo el pedido de juicio político. La oposición no reunió los votos necesarios para enjuiciar a las dos principales autoridades del Ejecutivo y al ministro de Hacienda, Benigno López, como protagonistas de las negociaciones con el gobierno de Jair Bolsonaro para la compra de potencia de energía de Itaipú.

Parafraseando los dichos del jefe de Estado, la verdad es que con la aparición del acta bilateral secreta del 24 de mayo y los sucesos que derivaron en una reacción ciudadana pocas veces vista que casi termina en un nuevo juicio político, todos recibimos no solo una enseñanza, sino una gran lección. El Ejecutivo a la cabeza, el Congreso, los partidos políticos, las entidades responsables (Cancillería, Ande, Itaipú), el gobierno del país vecino y la ciudadanía, todos, hemos aprendido que la entidad binacional Itaipú –y por extensión Yacyretá– es ahora una causa nacional con la cual no se juega. Es decir, los paraguayos terminaron por comprender que Itaipú –por ende Yacyretá– tiene un valor estratégico monumental para el Paraguay y es clave para su desarrollo.

Después de lo ocurrido, el Ejecutivo sabe perfectamente que 8 millones de compatriotas no van a tolerar ningún intento de entreguismo y/o traición a la patria; que tiene que ser transparente con el manejo de la cosa pública y dar participación de los sectores involucrados en la toma de decisiones cuando se trata de temas cruciales para la marcha del país; que debe ser coherente con su discurso de “caiga quien caiga” frente a los hechos de corrupción de sus colaboradores; que debe ser el más celoso custodio de la soberanía y de los intereses de la República frente a la permanente presión de los vecinos; que los procesos de negociaciones de acuerdos internacionales impulsados por subalternos de todos los niveles deben estar debidamente reglamentados y documentados, para evitar que terceros se infiltren con sus intereses espurios con el riesgo de lesionar los intereses nacionales como sucedió con el joven José Rodríguez, quien no representa a nadie más que a su propio ego y quién sabe de quiénes más; que no podrá mantenerse, no tendrá estabilidad política ni tendrá paz si pretende gobernar a espaldas de la otra mitad del Partido Colorado y que la oposición, hasta el último minuto, insistirá, como es absolutamente legítimo, en el juicio político del Presidente y del Vicepresidente.

Los sucesos que se originaron con la renuncia del Ing. Pedro Ferreira como presidente de la Ande, el pasado 24 de julio (dos meses después de la firma del acta), son también aleccionadores para ambas cámaras del Congreso y los partidos políticos allí representados.

Todos los legisladores fueron mudos testigos de la aparición “por accidente” de un documento bilateral que pudo haber sido altamente perjudicial para la economía local, con el desembolso adicional de casi US$ 300 millones (desde el 2019 al 2022) por el consumo de energía de Itaipú. El Congreso confirmó que la interdependencia y mutuo control de poderes del Estado, como dice la Constitución, son más necesarios que nunca. Las leyes deben ser modificadas y el Ejecutivo debe tener más órganos de control encima sobre las decisiones que se relacionan con los tratados internacionales y las negociaciones bilaterales.

A partir de este momento, para nuestra Cancillería quedó claro que debe dar su lugar a los técnicos y profesionales en la materia para la firma de documentaciones que comprometan los intereses del Paraguay. Por su parte, las autoridades de la Ande ahora comprenden que deben ser más puntillosos y exigentes con sus pares de RREE y de las binacionales (Itaipú y Yacyretá) cuando se trata de defender la soberanía energética de la República. Las autoridades de la Ande también tienen claro que las sospechas de irregularidades deben ser denunciadas de inmediato a los órganos de control y no aguardar 60 días para hacerlas ni tampoco presentarlas solo cuando es inminente su destitución o cambio.

El gobierno de Jair Bolsonaro se llevó también un gran susto, pues las repercusiones del acta del 24 de mayo tuvieron su impacto en Brasil. Los legisladores brasileños conformaron equipos que están llevando adelante investigaciones serias sobre la participación que habría tenido la empresa Leros –ligada a la familia Bolsonaro– al parecer interesada en comprar energía de la Ande, en que salta el nombre de “Joselo” Rodríguez como representante. Brasil debió dar un paso atrás y “sepultar” el acta bilateral secreta. ¿Fue por cola de paja o porque no le conviene un socio con inestabilidad social y política? Eso se sabrá después.

Finalmente, la ciudadanía sabe que cuenta con la fortaleza de las movilizaciones para frenar intentos de abusos y hechos graves de corrupción en el manejo de bienes y recursos que son patrimonios nacionales. La gente debe ser escuchada y debe estar representada en las discusiones que acabarán con una posición formal de toda la República ante el gobierno de Jair Bolsonaro, con relación a la modificación del Anexo C del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023. Si estas lecciones no fueron aprendidas, entonces repetiremos una y otra vez los errores del pasado.