• Por Dany Fleitas
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Qué mal el Gobierno. ¡Qué decepción!, ¡qué irresponsabilidad! Conste que ya hace meses, algunos medios, algunos periodistas, nos hemos ocupado en anticiparnos a los hechos, con análisis y publicaciones de páginas y páginas de expertos en la materia, para advertirle al Poder Ejecutivo de que no estaba haciendo nada a pesar de que se asomaba inexorablemente la fecha para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, y que tenía sobre sus hombros el gran desafío de armar un buen equipo técnico y diplomático para negociar ante el “imperio” del Brasil los nuevos términos del uso de la energía eléctrica para los próximos 50 años.

Al margen de los técnicos, expertos, diplomáticos y de algunas organizaciones civiles, que venían dando alertas sobre la indiferencia gubernamental con respecto a la necesidad de la participación ciudadanía en una cuestión delicada del desarrollo de la República, al menos se esperaba –o se creía– en que el sentido común iba al menos a primar en las autoridades vinculadas al campo energético como para defender los intereses nacionales. Pero no, los hechos, con el acuerdo secreto del 24 de mayo entre el gobierno de Mario Abdo y de Jair Bolsonaro mostraron lo contrario.

El acuerdo secreto con Brasil colocó al país al borde de una crisis política y, para peor, deja al Paraguay sin las históricas concesiones económicas favorables y de acá al 2022 vamos a tener que pagar más de US$ 200 millones por el uso de electricidad. Si la plata sale del bolsillo de la gente o de las arcas de Itaipú, es lo mismo, porque es plata del pueblo paraguayo que podría haber sido invertido, por ejemplo, en Odesur 2022.

Con estos acontecimientos, las negociaciones de la modificación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que todos pensaban que recién se harían en el 2023, se anticiparon cuatro años. Es una típica jugada de la diplomacia de Itamarati, cuyos negociadores son hábiles para sacar ventajas ante el más mínimo resquicio. Lamentablemente para los intereses nacionales, Bolsonaro y sus colaboradores, casi todos militares, se percataron de la fragilidad del Poder Ejecutivo y su entorno y aprovecharon el momento para sacar ventajas de manera anticipada.

Las renuncias masivas de Luis Castiglioni, Hugo Saguier Caballero, Alcides Jiménez y José Alberto Alderete, el lunes 29 de julio, responden a una decisión política de Mario Abdo para salvar un juicio político en el Congreso Nacional.

En realidad, en la práctica, las renuncias no resuelven nada ni reparan el daño causado, pero es lo que correspondía, por ahora. Optó también por irse la ministra María Epifanía González, cuyo hijo, José Miguel Rodríguez González, está seriamente salpicado por haber pedido la exclusión del acta bilateral de un párrafo que hubiera significado la posibilidad y beneficio de la venta de energía paraguaya al mercado privado brasileño. Al parecer, Pedro Ferreira, quien renunció el miércoles 24 de julio, fue el único que aparentemente rechazó el “pedido” del joven, quien lo hizo en representación del Ejecutivo. ¡Una barbaridad!, pero ocurrió.

Las autoridades recientemente designadas en Relaciones Exteriores e Itaipú Binacional, como Antonio Rivas Palacios y Ernst Bergen, y las que asumirán como titular de la Ande y embajador ante el Brasil, tendrán el gran desafío de revertir el acta bilateral del 24 de mayo.

Esta misión será una tarea más que difícil, atendiendo que la administración de Bolsonaro es dura y no querrá ceder un milímetro porque, viéndolo desde esa perspectiva, podría también ser tratado de antipatriota por sus electores. Ese documento, si está en realidad vigente, beneficia ampliamente al vecino país. Además, habría que ver también qué hay detrás de todo esto, ya que en un proceso de negociación tan amplio y delicado, en el que intervienen Altas Partes de los gobiernos, generalmente se ponen sobre la mesa otros asuntos de interés nacional. Preocupa que otras cuestiones pudieron haberse tratado.

Por ejemplo, el último gran impasse con Brasil se relaciona con el desarrollo de la industria automotriz, en el que Paraguay está dando pasos importantes hacia la industrialización de vehículos. Hace poco nomás, harán dos meses, Brasil decidió aplicar un alto impuesto al ingreso al territorio brasileño de autopartes manufacturados en Ciudad del Este, poniendo en riesgo el cierre de las fábricas que dan miles de empleo. Otro aspecto que Brasil siempre reclama es lo referente a las importaciones de vehículos desde Chile, así como la aparente informalidad existente en Ciudad del Este porque es motivo de atracción de millones de brasileños que a diario cruzan la frontera para adquirir productos electrónicos, electrodomésticos y bebidas, principalmente.

Además, no hay que dejar de lado también el gran interés demostrado por Mario Abdo en la construcción de dos puentes, que podrían haber sido parte de las conversaciones. Son cuestiones que, a veces, se exigen tratarlas en un proceso de tira y afloja hasta que la contraparte acepte o rechace a cambio de otros beneficios según la conveniencia para cada país. Habría que ver qué más pudo haber cedido Mario Abdo para tener los dos puentes que tanto añoraba.