• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Se trata de un tema trillado y “machacado” hasta el cansancio, porque así lo amerita.

Hasta los analfabetos funcionales se dan cuenta de que el Estado es un mal administrador, y que deben dar un giro de 180 grados al manejo estructural actual del gasto público que deja muchísimo qué desear.

Si bien históricamente el Estado nunca ha sido un buen administrador aquí ni en ningún otro sitio de la región salvo algunas honrosas excepciones, en modo alguno justifica que nos puedan servir como “parámetro de consuelo”.

Somos un país con ingentes necesidades en materia de educación, salud pública y obras de infraestructura, y debido a la ineficiente administración de los recursos financieros seguimos recurriendo a emisiones de bonos soberanos o empréstitos de organismos financieros multilaterales para la cobertura del GAP o brecha deficitaria que se nos presenta.

Apenas superamos los 7 millones de habitantes, pero sin embargo nos damos el gran lujo de contar en los 3 poderes del Estado nada menos que aproximadamente 300.000 funcionarios públicos, que siguen “desangrando” al erario público, pues aproximadamente 78 de cada 100 guaraníes que se recauda en concepto de impuestos y otros tributos deben ser provisionados mes a mes al pago de sueldos y otros beneficios.

La palabra reingeniería en términos simples significa tirar abajo “todo lo que sea grasa”. Es lo que se espera pero no se hace.

No nos oponemos a que tengamos servidores públicos, pues es necesario; pero no con esa inmensa superpoblación que se da hoy día, permitiendo que se dilapiden los recursos que la ciudadanía aporta con mucho sacrificio, para el bienestar personal de muchos “acomodados”, que necesitan para su “buena salud” mantener siempre llenos sus bolsillos, cuando que el propósito primario debería ser muy diferente.

Estamos en el siglo XXI, plena era digital y de tecnología a full en todos los sectores de actividad, pero sin embargo triste resulta ver hasta ahora entes del Estado en donde ciertos flujos de procesos que muy bien lo podría llevarlo adelante 1 sola persona los siguen haciendo entre 4 o 5, seguramente “para justificar” su permanencia en el puesto.

¿Y por qué eso? Simplemente porque parecería que hasta ahora a muchos les asusta escuchar la palabra reingeniería, y deciden seguir con el famoso “establishment” o lo que es peor aún un terrible prebendarismo y clientelismo político.

Se viene hablando y debatiendo desde hace varios meses el tema de la reforma tributaria que ya está a punto de ser sancionado por el Congreso, lo que según el Ministerio de Hacienda permitiría una recaudación adicional de aproximadamente US$ 400 millones.

Estos tipos de reformas no son objetables siempre y cuando tengan un fondo y forma consistente y sustentable en el tiempo, pero nuestra situación a nivel macro y microeconómico bien sabemos que es una de las más débiles y complicadas de los últimos años.

Varios gremios empresariales vienen insistiendo a las autoridades económicas del Gobierno sobre la necesidad de que se haga una profunda modificación de la estructura actual del gasto público en los tres poderes del Estado. Hasta ahora todo se mantiene “en meras promesas”.

Se sabe muy bien que existe un déficit de generación de recursos, pero lo mismo dentro del Congreso y “a espaldas” del Ministerio de Hacienda se “han cocinado” aumentos de salarios a niveles inverosímiles, superando varios de ellos el 250% en apenas 1 año de más de 2.000 funcionarios privilegiados.

No constituye ningún invento ni secreto de que las políticas salariales del Estado y los innumerables beneficios adicionales deben ser revisados, reestructurados, disminuidos e incluso anulados de ser necesario, pues somos apenas un país de economía emergente y sin embargo queremos vivir como uno del primer mundo.

Estudios realizados revelan que en los últimos años la remuneración básica de los funcionarios públicos se han incrementado en un 83%, porcentaje a una distancia de aquí a la China, cuando bien sabemos que el índice de inflación acumulado no ha sido tan siquiera la cuarta parte del mismo y el último incremento del salario mínimo en valores absolutos de apenas G. 80.000 que es lo que estipula la ley.

La contratación por excepción en varias instituciones estatales de personas que ni tan siquiera reúnen el perfil académico-técnico mínimo necesario sigue siendo la constante accediendo a posiciones de privilegio y con jugosos salarios que dentro del sector privado jamás estarían percibiendo.

Si no nos disponemos a cortar todo esto de raíz, pues no habrá PGN de ningún planeta que pueda ser sostenible, y tampoco la estructuración de varias reformas tributarias sería suficiente para detener el aluvión de necesidades millonarias de recursos que se precisan mes a mes. Así de simple.