- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
Contamos a nivel país con aproximadamente 300.000 servidores públicos, distribuidos en instituciones de los 3 poderes del Estado una “superpoblación” para un país pequeño como el nuestro en el que no llegamos ni a los 7 millones de habitantes. (Sería si la aritmética no miente 23 funcionarios por cada 100 habitante).
Se ha hablado mucho y se sigue haciendo, en dar el verdadero lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión de los mismos que nos permitan poder tener una administración pública de calidad comprobada que toda la ciudadanía anhela, pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos permiten que estos funcionarios puedan seguir percibiendo mes a mes sus salarios y otras retribuciones complementarias muchísimos de ellos sin justificar en lo más mínimo, ocasionando una presión financiera cada vez mayor sobre nuestro muy maltratado PGN.
La deficiencia estructural que se observa en la mayoría de nuestras instituciones públicas están concentradas en una limitada formación académica y técnica de muchos funcionarios ocupando posiciones de relevancia, en los que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de dichos atributos, lo que por lógica consecuencia tornan difícil por no decir imposible que puedan exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.
Contamos con una excesiva cantidad de funcionarios en las instituciones, que absorben el mayor porcentaje de los ingresos presupuestarios obligando al Fisco a provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios) más del 75% de los gastos corrientes del PGN, quedando en contrapartida relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como lo son salud, educación e infraestructura, en los que seguimos muy mal posicionados vs. otros países de la región.
Urge priorizar la calidad del nivel académico y técnico de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones están muy distantes de lo que exige su posición y responsabilidad asignádales, lo que frena la posibilidad de tener un Estado moderno y eficiente, acorde al mundo globalizado y cada vez más competitivo en que vivimos que nos permitan poder recibir un servicio de excelencia, derecho al cual tienen todos los ciudadanos que pagan sus impuestos dándoles la plena potestad de exigir un servicio eficiente del cual estamos aún muy distantes.
Es hora de que dejemos atrás las prebendas y el clientelismo político y se haga de una vez por todas un relevamiento y reingeniería del 100% de nuestros servidores públicos, pues es probable que muchos de ellos sean capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y técnica, por lo que se precisa hacer reformas estructurales de fondo para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas, y que pululan por los pasillos de ministerios, secretarías y otros entes sin tener una función específica.
Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público. Es hora de que se mantenga y se promocione a los que realmente muestran actitud y aptitud para que podamos tener una administración pública moderna con servidores honestos, capaces y patriotas.
Y todos aquellos que no sirvan, pues “patitas a la calle”. En todo esto no debería haber “tu tía” para nadie.
Estamos en el siglo de la tecnología, de la innovación y creatividad y sin embargo triste resulta ver que varias instituciones todavía se manejan en función a registros manuales totalmente desfasados y obsoletos, lo que de por sí ya nos dan “una radiografía” del nivel académico-técnico de muchos de ellos o bien directamente el poco apego que tienen de buscar aggiornarse a lo que debería ser una administración moderna, eficiente y eficaz, pues resulta increíble que en pleno siglo XXI muchos todavía “huyan despavoridos” al ver una computadora.
Es preferible tener una menor cantidad de servidores a nivel país, pero que muestren capacidad e idoneidad en la función que realizan y que se los remunere de acuerdo a lo que están aportando conforme al perfil del puesto y de la responsabilidad de cada uno y no por simple antigüedad que “per se” no aporta valor agregado alguno.
Si no nos proponemos realizar una reforma estructural integral de nuestra administración pública dejando de lado el partidismo y fanatismo político es muy probable que los avances cuali/cuantitativos que podamos dar sean pospuestos “in límite”, pues sería la única forma de mantener a funcionarios ineptos y totalmente improductivos que en vez de beneficiarnos nos ocasionan un enorme perjuicio a nivel país.