- Por Santiago Peña
- Ex ministro de Hacienda
A comienzos de los años 90, el Paraguay experimentó un proceso de apertura económica con importantes reformas. Los gobiernos se nutrieron de la experiencia de otros países buscando aprender de las buenas experiencias y evitar los fracasos que también abundaban.
Es indiscutible que la experiencia más exitosa en los 90 era el caso de Chile, país que había experimentado una profunda crisis económica y que gracias a reformas le permitió salir de la crisis y construir una sociedad más justa y desarrollada. Uno de los protagonistas de esas reformas fue el economista Hernán Büchi, ministro de Hacienda y candidato a presidente de Chile en las elecciones del 89. En 1990 Hernán Büchi fundó el Instituto Libertad y Desarrollo y desde ahí colaboró con varios gobiernos de la región, incluido Paraguay. En sus visitas a nuestro país, Büchi destacó la importancia de las políticas públicas, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del capital humano. Büchi destacaba que Paraguay necesitaba hacer reformas en diferentes áreas, pero que una en particular no podía esperar, la seguridad social. Esa reforma buscaba incrementar el ahorro interno para tener acceso a una jubilación digna y al mismo tiempo movilizar recursos para el financiamiento a largo plazo, requisito necesario para la inversión y la generación de empleo.
La Constitución Nacional del 92 reconoció este aspecto y en su Artículo 95 consagró a la seguridad social como obligatorio e integral. Han pasado 30 años y Paraguay ha hecho varias reformas en el campo económico, pero a pesar de su importancia aún no ha reformado el sistema de seguridad social. El sistema actual cuenta con diferentes cajas, públicas y privadas, todas con su propio régimen de aportes y beneficios que genera inequidades entre quienes van a tener el privilegio de una jubilación. Las entidades que administran estos recursos de los trabajadores no cuentan con una institución que las regule y las supervise, como sí ocurre con los bancos, las financieras, las compañías de seguros y las cooperativas.
Hasta ahí podemos pensar que el problema es de fácil solución, unificamos el sistema y que todos aporten el mismo porcentaje y se jubilen con los mismos beneficios. Sin embargo, el problema es aún mucho mayor cuando consideramos que solo 2 de cada 10 paraguayos van a tener el privilegio de acceder a la jubilación. El resto de los paraguayos tendrán que trabajar hasta el fin de sus días, siempre y cuando haya alguien que lo quiera emplear. Este problema es un legado con características de cóctel explosivo que dejaremos a las futuras generaciones. Nuestros hijos y nietos deberán enfrentar una población envejecida, un crecimiento demográfico menor y costos por servicios públicos cada vez mayores. Estos costos serán absorbidos única y exclusivamente con los ingresos de la administración pública; es decir, más impuestos.
La reciente ley de jubilaciones para el personal médico ha puesto el tema de las jubilaciones en el centro del debate, con argumentos de justicia social y equidad. Es imposible no sentirse identificado con su lucha y reconocer el merecimiento de acceder a una jubilación digna. Sin embargo, el debate no debería agotarse en aquellos sectores que tienen la capacidad de movilización y presión sobre el Congreso. Ahora debemos concentrarnos en los millones de paraguayos que no tendrán el privilegio de una jubilación bajo el régimen actual y en las futuras generaciones que deberán hacer frente a la herencia que les estaremos dejando.