- POR GUILLERMO RAMÍREZ
- Gerente de GEN
Como todos los años, la parte final del ciclo de noticias está repleta de eventos que hacen referencia al Presupuesto General de la Nación, ese plan de gastos que el Estado realiza para tratar de tener un detalle lo más preciso posible de cómo invertir (o gastar, de esto podemos hablar mucho) lo que se recauda.
El ciclo de estas noticias es más o menos así, el ministerio de Hacienda propone un plan más o menos austero de gastos, las distintas dependencias del Estado revisan esos números y realizan trabajo de “lobby” para recibir más dinero, cierran calles en forma de manifestación para obligar al Congreso a otorgarles más dinero y, finalmente, el Congreso termina aprobando un plan que no está en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al día siguiente el ministro o ministra de Hacienda declara en medios que no hay plata para todo lo que el Congreso aprobó.
Otra constante en este ciclo son los reclamos de funcionarios por los posibles recortes o falta de aumentos que puedan surgir en el PGN. Ya es todo un clásico, como la “Navidad sin ti” de Marco Antonio Solís y el olor a flor de coco, la huelga de funcionarios del Poder Judicial para reclamar aumentos de salarios todos los años. Este año uno de los principales reclamos llega desde los sindicatos de Hacienda, que están reclamando que se haya recortado el presupuesto para el seguro médico privado del cual gozan, pasando el beneficio de G. 1.500.000 a G. 1.000.000.
El Estado paraguayo invierte (aquí creo que corresponde decir gasta) todos los años cerca de 100 millones de dólares en seguros médicos privados para sus funcionarios. Sí, el Estado, gestor de la cosa pública, prefiere inyectar dinero de todos los paraguayos al sector privado antes de hacer crecer el sistema público de salud, parece un chiste de mal gusto si no fuera tan trágico. Existe una profunda contradicción en el Estado paraguayo, ya que las personas que están encargadas de generar las variadas condiciones que permitirían la provisión de servicios públicos básicos de calidad no son usuarios de los mismos. Es imposible que el Estado provea de servicios de educación y salud gratuitos y de acceso universal si sus funcionarios no utilizan estos servicios.
Los senadores y diputados, al menos la amplia mayoría de ellos, no envía a sus hijos a las escuelas públicas, no tienen que formar fila de madrugada en un centro de salud para obtener atención o medicamentos, no necesitan salir a las 4 de la mañana de sus hogares para encontrar un bus decente que los lleve a sus puestos de trabajo, no se preocupan por atajar sus carteras o mochilas a la noche mientras caminan. No, ellos consumen los servicios de educación, salud, transporte y seguridad que provee el sector privado, que en muchos casos son de empresas de los amigos cercanos al poder, haciéndolos ricos en el proceso mientras el desabastecimiento reina para todos los demás.
La situación de provisión de servicios públicos en nuestro país es crítica, y a los problemas extremos hay que combatirlos con soluciones extremas. Es momento de que el Estado deje de inyectar dinero público al sector privado y que se dedique a construir servicios públicos de calidad. Lo siguiente es que cada funcionario de alto rango se vea obligado a utilizar para él y su familia los servicios públicos de salud y educación. ¿Hay que modificar la Constitución Nacional para esto? Aprovechemos que tenemos un proyecto constituyente en puertas para hacerlo, ese sería un buen acto de patriotismo.
Solamente obligando a quienes administran la cosa pública a que sean usuarios de los servicios proveídos por el Estado vamos a asegurar una mejora en la calidad de los mismos, lo que va a ser bueno para ellos seguramente será bueno para todos los demás.A nuestros políticos les gusta llenarse la boca para hablar de su vocación de servicio a la patria, bueno, aquí tienen una hermosa oportunidad de demostrar que su compromiso con “la gente” es real y no un artilugio de cotillón electoral.