• Por Antonio Carmona

Cuando el senador Tito Saguier decidió que Nicanor Duarte Frutos no podía ser senador “activo” porque la Constitución le ordenaba ser senador vitalicio, tomó, de alguna forma, a todo el mundo por sorpresa, incluyendo al ex presidente Duarte, quien se había candidatado sin objeción alguna –incluyéndolo a Tito Saguier–, pasando por los trámites electorales, el voto popular que lo consagró senador electo y la consiguiente proclamación de la Justicia Electoral. Para más datos, cuestionada la legalidad del acto de abuso de poder de parte del senador y quienes los secundaron en el Congreso, y por algunos medios de comunicación, Saguier presentó un recurso ante la Corte para que, evidentemente, estuviera de acuerdo con él. Consultado por periodistas, recuerdo sobre qué haría si la Corte fallara en contra, contestó que acataría el fallo de la Corte.

Es lo que se esperaba de un hombre de derecho; hizo, sin embargo, todo lo contrario: declaró inconstitucional a la Corte, que, según la Constitución, es la que tiene potestad para resolver estas divergencias; así que el senador se apropió de una atribución del Poder Judicial, pese a que previamente lo había consultado, violando de entrada dos mandatos de la Constitución, nada más y nada menos que en el artículo 3, es decir, nada más comenzar: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio; Saguier decidió que lo ejercía él; y “el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial… ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”. Él declaró corrupta a la Corte –sin asumir ni llevar adelante el procedimiento constitucional que establece las atribuciones legislativas que corresponden al Congreso para procesar a los ministros de la Corte, como ya se ha hecho con todas las de la ley–.

No, él se atribuyó un poder de otro poder del Estado, a sí mismo; aberrante doble violación de la Constitución.

El acto volvió a repetirse con increíble precisión y la misma procesión, terminando en la Corte Suprema, esta vez con el protagonismo del senador Lugo, presidente a la sazón del Congreso, con el mismo resultado. La Corte sentenció a favor de la constitucionalidad de los senadores, en este caso Cartes y Duarte. Y tuvo la misma resultante: el senador Lugo se atribuyó el poder de la Corte en contra del dictamen de la Corte. Los dos senadores actuaron de la misma manera, ignorando el mandato constitucional de acatar la sentencia del Poder Judicial, es decir, cagándose en un poder del Estado.

Lugo fue, prepotentemente hablando, un poco más lejos: nombró y tomó juramento a dos senadores que no habían sido elegidos por “el pueblo”, como manda la Constitución.

Ambos protagonistas compartían en aquel entonces otra violación constitucional, la candidatura del obispo Lugo a la Presidencia de la República, con clara, contundente e inapelable redacción constitucional que no necesita que los medios le añadan imperativos. Lugo no podía ser candidato y, mucho menos, presidente; fue ambas cosas, con una complicidad, de nuevo, política y mediática.

En aquel tiempo se basaron las violaciones de la llamada “oposición”, azuzadas por algunos medios, en que había que enfrentar el peligro de recuperar el poder del entonces líder “enfurecido” llamado Nicanor, con un discurso tremendamente agresivo y hasta con una boina colorada –¿o roja?– del chavismo. El presidente electo por los “liberadores”, Lugo, desarrolló y terminó su presidencia abrazado y feliz con los bolivarianos; hasta convocó a jefes militares paraguayos para escuchar arengas del “demócrata” Maduro.

Cuando muchas y muchos devotos se dieron cuenta del voto fallido por un cura –violando la Constitución– ya era demasiado tarde. Fueron varios los curas que acompañaron la instalación política del “obispo”, acompañado por políticos, empresarios y sacerdotes que hoy siguen clamando a su favor, como una sola voz.

La violación “leve”, en el caso Nicanor, que casi pasó desapercibida, en parte por la condescendencia de Duarte.

Un período de democracia después, pasamos a una violación más agravada y escandalosa, lo que permite vaticinar, como sucede con las malas costumbres, sobre todo de violar impunemente las leyes y normas de una sociedad democrática, que la práctica se va a ir agravando.

Ahora, incluso, ya ha entrado a funcionar en la política esa vieja forma de negociación llamada canje, con la oferta de una empresa binacional o dos a cambio de un cargo legislativo. ¡Y no nos escandalizamos!; se hace público como si fuera una transacción en el Mercado 4.

Si la Corte es “corrupta” y a lo largo de dos períodos presidenciales los responsables de hacer las correcciones, es decir, el Poder Legislativo, senadores y diputados, deben aplicar el juicio político; mientras no lo hayan hecho, senadores y responsables están en deuda con sus deberes, pero eso no les da poderes extraordinarios violatorios de la Constitución. Ellos han nombrado a estos jueces y tienen la responsabilidad de juzgarlos y destituirlos; la Constitución no dice en ninguna parte que están habilitados para asumir las funciones del Poder Judicial.

Valga este recuento para que reflexionemos: se empezó con un abuso de poder de un senador y el viejo “valor” de la prepotencia de los que tienen poder ha brotado y suma y sigue.

Es muy grave.

¿Vamos a seguir patoteando en nombre de la Constitución? Más nos vale corregir este rebrote de abuso del poder y la corrupción de la letra de las leyes.

Será justicia.