Las opiniones sobre la reforma constitucional que provienen del ámbito académico suelen coincidir en que para ello es necesario un estudio interdisciplinario, diverso y amplio de para qué ha de servir la reforma incluyendo el procedimiento y el tiempo.
Dentro de este contexto, el tema de la reforma constitucional exige la participación de los diversos actores de la sociedad, incluyendo a nuestros jóvenes, otorgándoles a través de la universidad un espacio de observación, análisis y debate, apartándolos de la amplia mayoría que observa silenciosamente sin opinar ni participar.
El propósito de este artículo es brindar un agradecimiento al Dr. Teodoro Ribera Neumann, rector de la Universidad de Chile, quien estuvo en nuestro país días pasados para dictar una conferencia acerca de la reforma constitucional y quien ha aportado a nuestros jóvenes una valiosa reflexión sobre los cambios constitucionales en Latinoamérica desde 1990 hasta nuestros días.
Mencionaba el Dr. Ribera que “Detlef Nolte constata que durante el siglo XX el promedio de constituciones por 18 países analizados fue de 5,7 años y que el promedio de vida de una constitución latinoamericana fue de 28,7 años, con variaciones como, por ejemplo, entre Chile o Colombia, por un lado, con una duración promedio de más que 50 años y Venezuela o Ecuador, por el otro lado, con una duración promedio de 6 y 13 años. En el periodo (1978-2012) tuvo lugar 388 enmiendas constitucionales. Según un estudio publicado por Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton, hasta el año 2009 en el mundo se han creado –o enmendado de manera significativa– 803 constituciones desde que se aprobó la primera en EEUU, en 1789, correspondiendo a 308 o casi el 40 por ciento, a América Latina”.
Una reforma constitucional no conlleva necesariamente un germen de inestabilidad. La sustitución de una constitución por otra es, sin lugar a dudas, un cambio mayor que puede afectar la marcha y desarrollo de la sociedad.
Además, puede más bien expresar la adecuación o cambio del texto fundamental a los cambios sociales y políticos tales como: la incorporación de los derechos sociales, económicos y culturales; los mecanismos de democracia directa; la protección del medio ambiente; el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos colectivos y la reelección presidencial, ya sea para impulsar nuevos sistemas políticos o bien para la defensa de las democracias representativas.
En América Latina, los países sin reelección son: Guatemala, Honduras, México y Paraguay. En Costa Rica, Chile, Perú, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Uruguay puede existir luego de un periodo presidencial; en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y República Dominicana puede ser consecutiva y en Venezuela, indefinida.