El equipo técnico multidisciplinario conformado por el Gobierno para impulsar el proyecto conocido como “Hambre cero en las escuelas” se encuentra “trabajando intensamente, haciendo una hoja de ruta, sobre el cual queremos estar preparados para llevar adelante los primeros pasos una vez que se apruebe y se promulgue la ley”, enfatizó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, según publicó IP.

Explicó que si las condiciones están dadas, así como el tiempo, el Gobierno prevé iniciar este año la implementación en los departamentos más vulnerables del país. “Hay intenciones de empezar en la zona de mayor franja de pobreza, podría ser Caazapá, San Pedro o Caaguazú, donde se inicien los primeros pasos”, dijo.

Actualmente, el equipo técnico del proyecto está analizando los datos proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para tener un criterio para la implementación del programa, que indefectiblemente será aplicado en forma gradual.

“Para nosotros es determinante la aceptación o no de los padres, de manera a que podamos determinar la cantidad estimativa, real, de lo que se pueda necesitar proveer el almuerzo”, refirió.

Ese trabajo de conformidad que deberían dar los padres de familia es una responsabilidad que va a asumir el MEC, porque es el ministerio responsable del universo de beneficiarios y, lógicamente, son los que tienen directo relacionamiento con padres, docentes y supervisores respectivos, manifestó el ministro de Desarrollo Social.

Sobre la provisión de los alimentos para los niños en edad escolar, señaló que se está trabajando muy bien con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) para que pueda preverse todo lo que tenga que ver con propuestas de menú. “Es un trabajo gigantesco que se viene llevando adelante. Tenemos que cerrar todos los requisitos establecidos”, dijo.

Con respecto a la implementación inicial del proyecto, una vez aprobada la ley, explicó que los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mapa de la pobreza son determinantes para que las instituciones del Gobierno puedan priorizar las áreas, donde hay mayor vulnerabilidad.

En este contexto refirió que, aunque el proyecto en sí habla de la implementación universal con equidad, actualmente el trabajo coordinado del Sistema de Protección Social apunta a 22 municipios de siete departamentos, conforme a los indicadores del INE.