“Este proyecto de ley sobre fomento a los combustibles tendrá un impacto social demasiado importante en el interior del Paraguay”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien urgió a la Cámara de Senadores el tratamiento de urgencia del veto parcial del Ejecutivo a las modificaciones introducidas a la normativa con la finalidad de desactivar las movilizaciones de cañicultores en distintos puntos del país.

“Ellos no están pidiendo subsidio del Estado, solo están pidiendo al Estado políticas públicas para que puedan desarrollar su trabajo y que su materia prima no se pudra en el campo, que es lo que está sucediendo hoy”, comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde este jueves, el sector de los cañicultores iniciará los cierres intermitentes de ruta en al menos 3 departamentos del país, Guairá, Paraguarí y Caaguazú, para exigir que se mantengan las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas, así como la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex.

“El impacto que tiene este proyecto de ley es muy importante. Acá estamos hablando de miles de familias, de industriales quienes dependen que esto salga o no para continuar con sus inversiones. Hay intereses muy importantes en juego”, comentó.

Asimismo, manifestó que le resultó sorpresivo el veto presidencial a la iniciativa, teniendo en cuenta que la misma fue impulsada de manera consensuada, principalmente entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del Partido Colorado.

“Quiero recordarles a los presidentes de entes, quienes estuvieron en esa reunión, que el Partido Colorado es agrarista por doctrina, que representa a las clases populares y no es un partido que representa a las oligarquías económicas. Tienen que fijarse en lo que representa este proyecto de ley para el campesinado y tienen que defender los intereses populares. Eso nosotros haremos desde el Congreso Nacional. No daremos la espalda al sector popular, al campesinado”, refirió.

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El legislador se refirió al titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, y al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. “Ellos estuvieron estuvieron en la redacción del texto que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional y luego aconsejaron otra cosa al presidente, qué pasó por el camino. Sería demasiado importante que puedan dar la cara porque están generando una crisis”, indicó.

Aguilera rechazó también las publicaciones de algunos medios de comunicación quienes en sus páginas titulan que “grandes cañicultores presionan contra el veto parcial”. “Este es el lobby que están haciendo los grandes oligarcas económicos ¿Quiénes son los grandes cañicultores? Yo invito a todos los medios que quieran venir al Guairá para presentarles a los grandes cañicultores como dicen, para que puedan ver cómo estas personas trabajan en familia, cómo pelan la caña de azúcar con 40 grados de calor, cómo practican la supervivencia y cómo están desprotegidos”, lamentó.

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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.

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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.

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Los diputados aprobaron requerir informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la sesión del Consejo de Administración del pasado 8 de octubre, en donde el médico Aníbal de los Ríos expresó que se debería dejar de inver­tir en hospitales del interior y apostar por la central en Asunción.

“Este último martes se hizo lugar al pedido de informes para que el IPS nos envíe la filmación de la sesión, la lista de los participantes de la audiencia, incluso el acta de ese día. Esto es importante para ver si se acierta en el acta todos los dichos de este señor en la reunión”, manifestó el parlamentario Roberto González a la 780 AM.

“Queremos ver en que contexto fueron sus afirmaciones y a partir de ahí la cámara evaluará tomar las medidas que corresponda como la interpelación al presidente del IPS o al mismo Aníbal de los Ríos quien fue el que planteó la cuestión que generó mucho malestar e indignación en la población en general y fundamentalmente entre los obreros cotizantes a sistema de seguridad social”, agregó el legislador.

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González resaltó el posicionamiento del Consejo de Gobernadores al condenar de manera enérgica “las desatinadas y desubicadas” expresiones del consejero representante del Ministerio de Salud Pública. Los jefes departamentales calificaron sus afirmaciones como un “pensamiento centralista y excluyente” y solicitan su destitución.

“También falta que el gremio de los intendentes se manifiesten porque fue muy grave lo que dijo el doctor Aníbal de los Ríos. No se si tuvo un desliz momentáneo, pero no demuestra absolutamente ningún arrepentimiento debido a que sale con algunas bravuconadas, lejos de demostrar humildad y decir que se equivocó”, puntualizó el diputado.

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Un intenso debate se realizó ayer en el Senado sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que plantea la fusión de la Dirección General de Regis­tros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departa­mento de Mensura y Geo­desia.

El debate se dio con la mediación de la Comisión de Hacienda y otras comisio­nes asesoras de la Cámara Alta, con la participación de los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Al término de la reunión, el ministro Eugenio Jiménez, de la Corte Suprema de Jus­ticia, dijo que recomienda la aprobación del proyecto que podría traer solución al con­flicto de la tenencia de tie­rras en el Paraguay.

“Yo creo que la propuesta es la correcta, creo que esto en algún tiempo va a ir solucio­nando uno de los más graves problemas que tiene nues­tro país, que es el problema de la tierra. Creo que la aprobación de este proyecto va a ser un paso muy impor­tante”, indicó el ministro de la Corte Suprema.

El senador Javier Zaca­rías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Cons­titucionales, se mostró muy satisfecho con el pro­yecto de Registro Unificado Nacional. Valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.

“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diá­logo permanente para bus­car lo mejor para el país”, manifestó el senador.

Indicó que la implementa­ción del proyecto represen­tará la modernización del Estado y brindará seguri­dad jurídica a la inversión extranjera.

Por su parte la senadora Celeste Amarilla dijo que celebra el planteamiento. “Que sea un primer paso, que se había que hacer en algún momento, el desas­tre en titulación, tenencia y registros es insostenible, cualquier cosa que haga­mos espero que mejore, pero también puede empeorar”, agregó.