El concejal colorado Maximiliano Barrios Gini, de la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, pidió a la Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez, ampliar el proceso de fiscalización en la gestión de la intendenta del movimiento Colorado Añetete, Alba Acevedo y a la vez se solicita el control externo de la ejecución presupuestaria de la municipalidad de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.

Respecto al tema, Barrios, quién se desempeña como presidente de la Junta Municipal, manifestó: “ya realizamos varias denuncias, en el 2016 ya rechazamos el primer balance de la intendenta, en el 2017 lo mismo, en el 2018 también, en el 2019 igual. En todos estos años pedimos que se hagan los controles externos de la Contraloría, se logró ahora. Actualmente está la gente de la Contraloría haciendo las fiscalizaciones, pero solamente por el año 2019 y el primer cuatrimestre del 2020”, indicó.

Barrios solicitó la ayuda de la ciudadanía con el fin de llevar adelante el pedido realizado al organismo de control. Agregó que la solicitud hecha cuenta con el respaldo de 9 de los 12 concejales.

“Ayer nuevamente me fui a presentar en la Contraloría la nota para que se realice la fiscalización de los años 2016, 2017, 2018 ya que nosotros desde la Junta Municipal argumentamos nuestro rechazo y también se tiene todos los dictámenes en contra que tiene el municipio de parte de Contrataciones Públicas; es decir, estamos realizando una ampliación de las denuncias que realizamos y necesitamos la ayuda de todos”, indicó.

En el documento remitido a Benítez, los ediles detallan que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), terminó por impugnar un total de 17 llamados de licitaciones realizadas por el municipio de Quiindy, referentes a varios casos por ejemplos de obras e infraestructura.

Leé también: Cartes felicita a presidenta de Taiwán por su segundo mandato

Acevedo quién fue electa para el periodo 2015-2020 ya cuenta con varios antecedentes de mal manejo en su gestión. El último conflicto en el que se vio envuelta se centra en una presunta sobrefacturación de productos que fueron adquiridos referentes a un total de 680 kits de víveres escolares que la comuna habría pagado G. 85 millones.

La municipalidad realizó la compra de la empresa HB Services SRL, que se encuentra representada por Andrés Isabelino Arrúa. La firma se encontraría vinculada a los diputados de dicho departamento Esteban Samaniego y el imputado Miguel Cuevas.

Uno de los productos presuntamente sobrevaluado es carne conservada, la cual es conocida como Vaka`i, según la nómina de precios presentada por la firma costó G. 46.000 por unidad, cuando en cualquier despensa se logra adquirir el producto por G. 9.000. También existiría una sobrefacturación en productos como por ejemplo, arroz, harina, azúcar leche entera, fideos, locro, entre otros productos. El conflicto incluso fue denunciado ante el Ministerio Público por el senador del PDP, Pedro Santa Cruz.

Te puede interesar: COVID-19: Informe señala 4 casos positivos y 12 recuperados