Los ministros del Interior, Euclides Acevedo, y de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, coincidieron en que algunos de los recortes o limitación de ciertos rubros, que propone un proyecto de ley, podrían afectar seriamente el funcionamiento de las fuerzas públicas. Fue durante la última reunión en el marco de los encuentros semanales, convocada por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación, Asuntos Económicos y Financieros, Presupuesto y la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Senadores, para analizar el proyecto que plantea recortes en la función pública.
Se trata del proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores. Además fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
Los ministros explicaron durante la conferencia que la restricción de viajes perjudicarían la formación de policías y militares, atendiendo que el país debe tener representación internacional ante organismos multilaterales y de cooperación en seguridad, como la Interpol, el Centro Hemisférico de Defensa, entre otros.
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Acevedo aseguró por su parte que el recorte de combustible puede comprometer el trabajo de la Policía, ya que las patrulleras requieren de este rubro para realizar sus rondas, más aún teniendo en cuenta que muchas veces son utilizadas también como ambulancias o para el traslado de cadáveres.
Mientras que el ministro de Defensa objetó que los generales sean considerados como autoridades de rango superior, “creándose así dos niveles de conducción”, que no existen en las Fuerzas Militares, ya que estas reconocen al presidente de la República como la única autoridad superior. También objetó la limitación de los viajes al exterior.
Por otra parte, la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, quien también participó de la reunión, mencionó que se debe analizar institución por institución a razón de que algunas tienen poco presupuesto y otras sí poseen rubros que pueden ser recortados.
“La Secretaría de la Función Pública ve con buenos ojos toda propuesta de racionalización de gastos; desde que asumimos este cargo, vimos que la torta presupuestaria está muy mal distribuida, algunas instituciones tienen en exceso recursos que sí pueden denominarse superfluos, pero otras no”, señaló Bogado.
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