El contralor general de la República, Camilo Benítez, afirmó que recibió llamadas de parlamentarios, quienes sostuvieron que se extralimitó en sus funciones al publicar las declaraciones juradas de los ministros vinculados al proceso de la Ley de Emergencia contra el COVID-19.

“Hoy a mí me llamaron algunos funcionarios del Congreso diciéndome que me extralimité en mis funciones, pero no es así. Cumplimos estrictamente lo que dice la sentencia judicial emitida por el juez Raúl Florentín, dentro del marco de un amparo planteado contra la Contraloría”, sostuvo a través de una comunicación con la radio Universo 970 AM.

Benítez argumentó también que la institución no tiene más opción que dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. En este caso, el amparo judicial fue impulsado por los abogados David Riveros García y María Esther Roa, promovido por los abogados Natalia Gagliardone dos Santos y Federico Legal Aguilar.

“Hay que entender que las resoluciones de los juicios de amparo se deben cumplir inmediatamente, ni siquiera los recursos de apelación suspenden las sentencias. Nosotros no tenemos ninguna otra opción más que publicar conforme establece la orden. Yo, particularmente, soy del criterio que uno elige ser funcionario público; si uno está en un cargo público, está expuesto a que su intimidad sea violentada”, manifestó.

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Por otra parte, manifestó que se deben evaluar las experiencias regionales en cuanto a la divulgación de las declaraciones juradas. “Nosotros tenemos que ver las experiencias, no todos los países liberan la información. Acá se podría establecer cuál información es pública y cuál no”, indicó.

Benítez solicitó a la máxima instancia judicial a expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad impulsada por la Contraloría sobre la divulgación de informaciones de los funcionarios públicos.

“Ojalá que la Corte se expida sobre este tema y nos brinde luz en este túnel; es un tema muy complejo, ya que hay una sentencia muy popular hacia la transparencia y adoptar una opinión contraria es altamente impopular. Hay una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría que está pendiente de estudio por la Corte Suprema de Justicia, que trata sobre 2.000 declaraciones juradas de todos los funcionarios, ya sea de los congresistas, de intendentes, Presidente, Vicepresidente. Nosotros no podemos salir fuera de lo que establece la ley, pero tampoco desoír lo que dice una sentencia judicial. Las resoluciones se deben cumplir”, manifestó.

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