La Municipalidad de Antequera, departamento de San Pedro del Ycuamandyyú, ordenó el cierre del cementerio local hasta el domingo 12 de abril, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas que visitan a sus difuntos.
Con la ordenanza Nº 8, la municipalidad de la mencionada localidad se respalda en las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud, para tratar de evitar la propagación del virus del COVID-19.
El comunicado reza:
La Intendencia Municipal de Antequera ordena clausurar totalmente el ingreso al Cementerio desde el día miércoles 8 hasta el domingo 12 de abril, para evitar la aglomeración de las personas en virtud del Decreto presidencial Nº 3.512/20.
VISTO: La Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, en donde se dispone tomar las medidas sanitarias y prohibir la aglomeración de las personas a fin de evitar la propagación del coronavirus y teniendo en cuenta la tradición paraguaya de visitar el campo santo en Semana Santa, y;
CONSIDERANDO: que la Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal, faculta al Intendente Municipal, a adoptar las medidas administrativas pertinentes en concordancia con el Decreto Presidencia Nº 3.212/20 de fecha 3 de abril de 2020, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la aglomeración de las personas y prevenir la expansión de la enfermedad del coronavirus
POR TANTO: El Intendente Municipal de Antequera, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE: Clausurar totalmente el ingreso al Cementerio de Antequera, desde el día miércoles 8 hasta el día domingo 12 del presente año, a objeto de evitar la aglomeración de las personas; excepto que haya en ese lapso de tiempo, algún caso de muerte.
Dejanos tu comentario
Lipo de papada: clausuran clínica odontológica tras muerte de paciente
Este miércoles, la Superintendencia de Salud decidió clausurar temporalmente la clínica odontológica en la que una mujer de 66 años se realizó una intervención conocida como lipopapada y falleció. Aclararon que el local no estaba habilitado para realizar este tipo de procedimientos.
En la mañana de este miércoles, el Ministerio Público y la Superintendencia intervinieron el local donde la mujer se realizó el procedimiento estético y terminó falleciendo ayer martes. Familiares de la víctima realizaron la denuncia por mala praxis, por lo que se ordenó que se le practicara una autopsia.
“Comunicamos sobre la clausura de la clínica odontológica Zaputovich”, expresaron desde la institución dependiente del Ministerio de Salud. Explicaron que este local y sus propietarios no cuentan con la autorización correspondiente por parte del Ministerio de Salud para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas.
“Así también se comunica sobre la apertura de una auditoría médica a fin de determinar si el proceso realizado a la paciente con desenlace fatal se encuentra autorizado. El abogado de la dirección jurídica Enrique Román y el doctor Luis Álvarez, coordinador de fiscalización y equipo, determinaron bajo acta la clausura de la clínica”, puntualizaron.
La víctima fue identificada como Mirian Fátima Carolina Valdez Ayala, quien se habría realizado una lipopapada y horas más tarde empezó a sentirse mal y tras descompensarse fue remitida por sus familiares hasta el Sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora, donde se confirmó su deceso. Según la información brindada por la familia a las autoridades intervinientes, el procedimiento en la clínica intervenida se lo habría realizado la doctora odontóloga cirujana Rebeca Beatriz Zaputovich.
Dejanos tu comentario
Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
Lea también: Carmen Villalba seguirá recluida en cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
Te puede interesar: Operación Fleeting: ratifican prisión de imputado
Dejanos tu comentario
Superintendencia clausura seis firmas de medicina prepaga
El propio superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, oficializó este jueves el cierre de seis empresas de medicina prepaga que operaban en Asunción y el departamento Central tras comprobarse que no están adecuadas a las normas sanitarias al no presentar además sus estados contables.
Se trata de las firmas Código Rojo, Cruz Blanca S. A. y Samaritano de la capital, además de la Fundación Cardiovascular Paraguaya (Hospital del Corazón) (Lambaré), el Gato Negro S. A. (San Lorenzo) y Silpe S. A. (Fernando de la Mora).
“Se suman seis más a las anteriores que hemos clausurado. En este caso dispusimos la baja definitiva y la exclusión de los registros de las empresas de medicina prepaga en los registros de la Superintendencia de Salud”, confirmó el doctor Melgarejo al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
Te puede interesar: Villa Morra: vecina denuncia que bar inunda su casa con desechos cloacales
Previa a la resolución se procedió a un exhaustivo análisis de la auditoría contable de cada una de ellas. “Hemos encontrado una serie de irregularidades graves tomamos la decisión de cerrar estas empresas”, expresó. Los auditores comprobaron “una falta total de documentación” con respecto a las disposiciones y los reglamentos que les rigen como entidades prestadoras de servicios de salud.
No acreditaron documentaciones
“Periódicamente ellos tenían que estar abonando las renovaciones de sus registros anuales y no lo hicieron. Algunas deben cuatro años, ocho, diez a doce años. Actualmente no tenemos ningún estado contable de la situación financiera ni constatamos planes de seguros ni tenemos la lista de cantidad de asegurados”, detalló.
El médico afirmó que todas estas entidades se encontraban funcionando en una “situación absolutamente irregular” por lo que se tomó tal decisión para salvaguardar también a la ciudadanía.
Consultado sobre la cantidad de beneficiarios afectados, el doctor Melgarejo sostuvo que es difícil saber porque no se hallaron documentaciones sobre el punto, pese a que fueron requeridas insistentemente por la Superintendencia de Salud.
“El informe de los auditores dice que hay una empresa que hace 8 años no remite ninguna documentación y es difícil que pueda seguir existiendo en el mercado. De hecho hay que darle de baja automáticamente”, ratificó.
Leé también: Operativo Cartier: detienen a 3 supuestos ladrones de relojes lujosos
Dejanos tu comentario
Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.