El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene disponible un stock de 54.000 dosis de vacunas anticoronavirus en los vacunatorios del país, confirmó el director Luis Cousirat. Los biológicos dejarán de tener uso de emergencia y pasarán a formar parte del esquema regular.

“Están distribuidas las vacunas en algunos centros vacunatorios, ya no en todos, muchos ya han cerrado la campaña de vacunación contra el covid al utilizar la totalidad de las dosis. Pero tenemos algunos vacunatorios con pequeñas cantidades de dosis pendientes. De los 1.400 centros vacunatorios que tenemos, algunos aún cuentan con este biológico”, señaló a la 780 AM.

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Detalló que los inmunizantes son de laboratorio Moderna, que protegen contra la variante ómicron. “El sublinaje sería XBB 1.5 es la composición más actualizada que existe de este biológico. Ahora para lo que sería la temporada de otoño invierno del hemisferio norte va a salir una nueva composición de la vacuna que es la que nosotros vamos a contar también ya a finales de este año del mismo laboratorio Moderna contra la variante ómicron”, dijo.

Recordó que a nivel mundial solamente existen tres productores que han actualizado la composición de sus vacunas, entre ellas están Moderna, Novavax y Pfizer. “Entonces, la que nosotros disponemos en el país es cuyo fabricante está justamente en Boston, EE. UU.”, expresó.

Cousirat reafirmó que las vacunas son seguras y no tienen contraindicaciones. “Todas estas vacunas contra el covid están en proceso ya de dejar de tener el registro de uso de emergencia. Justamente ya están terminando las etapas pendientes de lo que sería la fase IV entonces ya dejar de tener uso de emergencia para quedar como parte de vacunas ya autorizadas para su uso regular”, puntualizó.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del meca­nismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía con­tractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos recla­marle nada, ni ellos pue­den hacerlo y eso es un gran logro porque el exminis­tro (de Hacienda) había fir­mado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio Gonzá­lez, procurador general de la República.

De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se ini­ció una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.

“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos compro­metimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.

El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la Pre­sidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adiciona­les al mecanismo.

Desde setiembre del año pasado, se escucharon pro­puestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis se optó por la opción que ya fue comuni­cada oficialmente el lunes 22 de julio.

“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin con­tar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir a arbi­traje y pagar un monto side­ral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.

González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventual­mente la demanda, lo que conllevaba perder la tota­lidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.

“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legiti­mación del derecho de Para­guay porque se han percibido gran parte del dinero depo­sitado”, concluyó.

El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la República, recuperó la suma de 3.479.686 de dólares que se había depositado en el mecanismo Covax durante la pandemia covid-19. Este dinero ya está depositado en la cuenta bancaria del Tesoro habilitada para el Ministerio de Salud Pública, y los recursos serán destinados a mejorar la atención de pacientes oncológicos.

En conferencia de prensa encabezada por la vocera de Gobierno, Paula Carro, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, resaltaron como hecho histórico que se logró bajo la presidencia de Santiago Peña, la recuperación de este dinero remanente. Esta suma estaba depositada en la cuenta del mecanismo Covax para la adquisición de vacunas, mediante un convenio suscrito durante el gobierno de Abdo Benítez y cuyos fondos no eran reembolsables, y ahora con la gestión de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, se recuperaron.

La vocera Carro señaló que las condiciones negociadas en su momento con el mecanismo Covax, fueron sumamente desfavorables para el Paraguay, lo que hacía que se consideraba prácticamente perdidos estos fondos. “Pero lejos de darse por vencido el gobierno de Santiago Peña ha buscado la recuperación de estos fondos, que serán aplicados a programas de salud pública para todos los paraguayos”, indicó.

En ese sentido, informaron que este dinero será inmediatamente destinado a tratamientos oncológicos, específicamente en la compra de dos aceleradores lineales, con sus elementos complementarios a ser instalados, uno en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná y el segundo en Encarnación, departamento de Itapúa, con el objetivo de descentralizar el servicio de tratamientos oncológicos, que actualmente se concentran en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), en Areguá.

Al respecto, el procurador general Marco Aurelio González señaló que Paraguay fue el único país que públicamente salió a criticar el mecanismo Covax y a no aceptar las condiciones que en su momento quisieron imponer; que además de descontar lo que ya se pagó, querían que Paraguay asuma una tasa adicional para salir del mecanismo. Destacó la lucha constante y sin descanso que encaró la ministra de Salud para cumplir con el mandato del jefe de Estado de defender al país con todas las herramientas.

“En el marco de las negociaciones y las alternativas que se tuvo, de aceptar esta propuesta, o ir a un arbitraje. Ir a un arbitraje, se sabe lo que cuesta, el cual se debe resolver conforme al contrato; el cual firmó el gobierno anterior, y estaba previsto que todo pago era irrevocable, que Paraguay tenía que pagar el costo de las vacunas aunque no las reciba, que el anticipo era irrevocable. Es decir, eran circunstancias muy desfavorables”, explicó.

Indicó además que el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, firmó una garantía de 38 millones de dólares, que podría ser ejecutado con la sola presentación del documento. “Con todas estas valoraciones consideramos que la mejor alternativa de percibir esta suma de dinero que se ha aceptado, y que ya está depositado en su cuenta, es sin duda, algo beneficioso para nuestro país, por el beneficio que va acarrear el uso que le dará el Ministerio de Salud”, acotó.

Por tanto, González enfatizó que Paraguay no renunció a su posición jurídica. “Lo que hizo Paraguay, fue evaluar su probabilidad de éxitos, analizando las condiciones contractuales firmadas por el gobierno anterior, y la aceptación de esta propuesta con base a esas consideraciones. Con esto, se cierra el capítulo con Covax, porque el dinero ya está depositada en la cuenta, entonces ya no existe reclamo de ninguna de las partes”, remarcó.

A su turno, la ministra Barán remarcó que hoy es un día histórico para el Paraguay, porque sentó postura y reclamo ante el mecanismo, a pesar de los términos de desventaja y todo lo que podía perder. Señaló que esta recuperación del dinero, y atendiendo las necesidades en el sistema de Salud, con el presidente de la República se resolvió destinar al tratamiento de pacientes oncológicos.

“Como gobierno de Paraguay trabajamos en la descentralización de los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos 9 lugares donde se hace tratamientos con quimioterapia. Con este dinero se va comprar dos aceleradores lineales, que es un equipo que sirve para el tratamiento de la radioterapia. Hoy el único lugar donde se presenta este servicio es en el Incan (Areguá), y con la compra de estos equipos se instalarán en Encarnación y Ciudad del Este, respectivamente”, precisó.

La ministra indicó que considera muy acertada la decisión de invertir estos recursos recuperados en la compra de estos equipos, que servirá para descentralizar el servicio oncológico en el país. Agregó que se esperó recibir el dinero y que esté depositado en la cuenta de Salud Pública, para llevar adelante el anuncio.

“La plata ya está acá en Paraguay y lista para ser ejecutada para la compra de estos dos aceleradores lineales cuanto antes, para descentralizar el tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos”, señaló. Precisó además, que cada acelerador lineal, está al rededor del millón y medio de dólares cada uno, por lo que se decidió comprar dos en esta ocasión, además de todos los accesorios que serán necesarios para su funcionamiento.

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