El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Las cárceles del país contarán con un régimen especial para las visitas a los internos durante la Semana Santa, confirmó el Ministerio de Justicia. Se establecieron días y horarios en cada centro penitenciario y el ingreso se hará bajo estrictos controles de seguridad.

Puntualmente para la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se fijaron los días miércoles y domingo de 09:00 a 15:00. Se aclara que los menores podrán entrar únicamente el domingo.

En la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, mientras que el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú tiene habilitado los días miércoles, jueves y viernes, de 09:00 a 15:00, con agendamiento previo.

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El mismo sistema rige para las penitenciarías regionales. Para Misiones se habilita el ingreso los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. El sábado tienen autorización para entrar los menores, de 09:00 a 14:00.

La Penitenciaría Regional de San Pedro habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 08:00 a 14:00, y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores. Por otra parte, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se podrá ingresar para visitar a los reclusos el martes, jueves y sábado de 09:00 a 14:00. Quedan los días jueves y sábado habilitados para menores.

Los visitantes del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cambyretá tienen habilitado los días martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00, y queda el domingo como único día habilitado para menores. La Granja Penitenciaria Ko’e Pyahú recibirá visitas el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 15:00. Y ese mismo domingo será el único día habilitado para menores.

En tanto, en el Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” se habilita el martes, jueves, sábado y domingo, de 09:00 a 14:00. También se fijó el domingo como único día para recibir a los niños de 08:00 a 16:00.

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En el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” se dio inicio al ciclo de charlas informativas para padres para concienciar y brindar herramientas sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), ayer miércoles, al conmemorarse el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Especialistas destacan la importancia de la detección temprana y el apoyo en el abordaje de este trastorno.

Desde el Ministerio de Salud informaron que la ponencia realizada en el hospital pediátrico fue la primera y se desarrolló en el departamento de consultas externas donde se concentra una importante cantidad de padres y tutores. La magister Viviana Cantero y la licenciada Katerine Cristaldo, terapeutas especializadas en el área, hablaron sobre los signos de alarma y la importancia de la intervención temprana.

“Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de cada 36 niños presenta el trastorno”, señaló Cristaldo. Agregó que en los últimos años se ha detectado una creciente prevalencia del TEA, por lo que se debe estar atentos a las señales desde los primeros años de vida.

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Ambas profesiones enumeraron algunos de los primeros signos de detección como: la dificultad en la interacción social, evitando el contacto visual, no respondiendo a su nombre cuando lo llaman, la falta de expresiones faciales apropiadas, la ausencia de interés por el otro.

“Entre los problemas de comunicación, podrían percibir que no señalan ni muestran objetos de agrado, el uso limitado de gestos, ecolalias o repetición de palabras o frases. En cuanto a patrones de conducta restringidos y repetitivos, el escaso juego imaginativo y simbólico, rigidez, irritabilidad ante cambios mínimos”, citó Cantero.

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Otros rasgos son las estereotipias como movimientos de manos, saltos, deambular, y dificultades en la integración sensorial. “Es muy importante la estimulación oportuna antes de los 3 años. Al detectar estos signos de alarma, es necesario trabajarlos de manera precoz para llegar a un buen diagnóstico, tratamiento y trabajo integral”, confirmó.

Cristaldo dijo que es muy necesaria la derivación y consultas pertinentes para un abordaje adecuado. “Un punto importante de la charla fue el papel que desempeñan las familias en el proceso terapéutico. Es fundamental el trabajo integral con los integrantes de cada familia y enfocarnos en las capacidades de cada niño, no sólo en lo que no pueden lograr”, finalizó.

La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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