El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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“Este grupo económico busca atacarme, desprestigiarme y trata de confundir. Yo tengo toda la tranquilidad y estoy dispuesto a rendir cuentas principalmente a la ciudadanía y a la justicia”, indicó el mandatario Santiago Peña, este martes, tras rechazar la existencia de conflictos de intereses en su anterior vínculo empresarial con ueno Holding.

A través de una entrevista con la 1080 AM, Peña argumentó que está enfrentando una “operación colosal de manipulación de la información” impulsada por el Grupo ABC, perteneciente a la familia Zuccolillo. “Conflicto de interés es tratarse de beneficiarse indebidamente. Yo garantizo de que no hay nada ilegal o que ralle una cuestión ética. Cuando la mentira es tan grande, cuando la manipulación mediática es tan alevosa, sea el presidente de la República o cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse”, indicó.

El concejal encarnaceno Andrés Morel aseguró que hubo “múltiples irregularidades” en el proceso de control y anunció que verificarán otros edificios de la ciudad.

Tras el colapso de un edificio en construcción en la ciudad de Encarnación, el concejal municipal Andrés Morel reconoció que hubo serias fallas en los controles internos de la Municipalidad. “Nosotros como concejales estamos haciendo nuestro trabajo, verificando los procesos, y encontramos múltiples irregularidades”, expresó en entrevista con la radio 650 AM.

Libertad, que aspira a seguir sumando para mantenerse en la cima del grupo D de la Copa Libertadores 2025, recibirá este martes en la Huerta a Talleres de Córdoba, en lo que será su segundo partido en la actual edición de la competencia.

El cuadro gumarelo viene de ganar de visitante por 1-0 a Alianza Lima de Perú en su estreno, que lo colocó como primero de su llave con los mismos tres puntos que el São Paulo, su escolta, que también doblegó al cuadro cordobés fuera de casa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que la mesa directiva convocó a las autoridades nacionales, para este miércoles, a fin de informar respecto al espionaje informático que realizó Brasil contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de Itaipú. Fueron convocados el canciller Rubén Ramírez Lezcano, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el ministro de Defensa, Óscar González.

“Anunciar que, dándole seguimiento al respaldo, a la supervisión que estamos haciendo como Cámara de Diputados a la grave situación con respecto al espionaje sufrido por nuestra República por parte de la hermana nación brasileña, para este miércoles a las 9:00 de la mañana, en la reunión de la mesa directiva, hemos cursado la invitación al Canciller, al ministro del Mitic y al ministro de Defensa”, adelantó el titular legislativo.

Fortalecer los programas a favor de los niños a través del Ministerio de la Niñez y otros entes es la prioridad del Poder Ejecutivo, no así la fusión de esta institución con el Ministerio de la Mujer y con la Secretaría de la Juventud.

Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, ya tuvo acceso al borrador del proyecto de ley que plantea la fusión de tres instituciones en una sola que se llamará Ministerio de la Familia. “Conversamos con el presidente sobre esto y me mencionó que ahora son prioridad los programas que estamos llevando adelante desde las diferentes instituciones y que, una fusión de estos tres entes, en este momento no es una prioridad del Ejecutivo”, expresó Gutiérrez a Universo 970 AM/Nación Media.

Anderson Queiros de Freitas, alias Mineiro, de 38 años, fue recapturado ayer lunes, once días después de la fuga de la cárcel de Minga Guazú, siendo el segundo de los ocho reclusos que escaparon en aparente complicidad de funcionarios penitenciarios. El criminal fue detenido por la policía, hacia las 22:30, mientras viajaba en un minibus de la empresa Nasa Golondrina.

El brasileño escapó por la noche del 26 de marzo pasado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú y tiene una causa abierta por trasgresión a la ley 1340/88 y sus modificaciones que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y otras drogas peligrosas.

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El brasileño escapó por la noche del 26 de marzo pasado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú y tiene una causa abierta por trasgresión a la ley 1340/88 y sus modificaciones que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y otras drogas peligrosas.

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El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná y todavía quedan seis personas prófugas después de aquella fuga que fue considerada una liberación por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia.

El primer recapturado fue Freddy González Delvalle, miembro del PCC, gracias a que sufrió una fractura del tobillo y no pudo escapar. Mientras que sigue la búsqueda de Marcio Quadra Caetano, Blas Pablo Melgarejo Benítez, Wilson Darío Rótela Coronel, Derlis Ramón Giménez, Juan Insfrán y Fernando Aquino.

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