Washington, Estados Unidos | AFP | por Ariela NAVARRO
La canciller boliviana, Karen Longaric, anunció este jueves en Washington que el gobierno interino apoya la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un viaje en el que concretó un acuerdo con la CIDH para recibir a un grupo de expertos independientes para investigar la violencia.
Longaric forma parte del gobierno de transición de la derechista Jeanine Áñez, que asumió el poder después de la renuncia de Evo Morales en noviembre, luego de que una auditoría de la OEA detectara irregularidades en los comicios presidenciales en los que había ganado en primer vuelta.
"Quiero anunciar hoy que mi gobierno ha decidido apoyar la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha cumplido una labor fundamental en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en la región", dijo Longaric en una sesión del Consejo Permanente de la OEA.
Los comicios en Bolivia están programados para el 3 de mayo y las elecciones en la OEA se celebrarán el 20 de marzo, por lo que el gobierno de Ánez será quien represente a Bolivia en esa votación.
La gestión de Almagro es polémica en el foro regional por su férrea oposición al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, su defensa de las sanciones contra Caracas y por dejar de lado la tradición de la OEA de resolver todo por consenso.
Para renovar el 20 de marzo su mandato hasta 2025, Almagro necesita una mayoría simple de 18 de los 34 países activos del organismo.
Los otros aspirantes a ser el próximo secretario general son la expresidenta de la Asamblea General de la ONU y excanciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, y el diplomático peruano, Hugo de Zela.
Investigación de “amplio espectro”
Por la mañana, Longaric visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para concretar el acuerdo que su gobierno había suscripto en diciembre con el organismo para crear un mecanismo "encargado de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019".
La ministra destacó que se tratará de una investigación de "amplio espectro" para reconciliar la pueblo boliviano.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que son designados por la CIDH, tendrá una misión de seis meses renovables que comenzará en febrero.
Los cuatro expertos seleccionados por la Comisión son: Juan Méndez, que fue relator de la ONU para la tortura y víctima de la dictadura argentina; Patricia Tappatá, experta argentina en derechos humanos; el fiscal brasileño Marlon Weichert, y el académico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.
Divergencias
La relación entre el nuevo gobierno boliviano y la CIDH no ha estado exenta de roces.
Tras la toma de poder de Áñez, la CIDH cuestionó un decreto del ejecutivo -después derogado- que otorgaba inmunidad a los militares en la represión a protestas durante los conflictos sociales en noviembre.
La CIDH emitió un informe preliminar en diciembre en el que denunció dos masacres en Sacaba y en Senkata los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales murieron al menos 18 personas. Además, en ese informe, la comisión pidió una investigación internacional.
Según la CIDH, en Senkata, un grupo de partidarios del MAS, el partido de Morales, que estaban bloqueando una planta de hidrocarburos habrían "sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y del Ejército".
Longaric objeta el informe de la CIDH.
"Es un informe preliminar que no ha profundizado la investigación como debía hacerlo y por ese motivo hemos pedido una nueva investigación", dijo a la AFP la canciller.
Áñez encabeza un gobierno de transición desde la suspensión de los polémicos comicios del 20 de octubre en los que Morales, en el poder desde 2006, buscaba un cuarto mandato hasta 2025.
Tras su salida exilio, primero en México y luego en Argentina, el expresidente denunció un “golpe de Estado”, y fue impedido de participar como candidato o elector en las elecciones del 3 de mayo.