Ecuador declaró este sábado el estado de excepción en la capital, siete de sus 24 provincias y en el sistema penitenciario, una medida anunciada en la víspera del balotaje presidencial que busca frenar la creciente violencia del narcotráfico.

La decisión regirá por 60 días y entró en vigencia un día antes de que los ecuatorianos elijan al próximo gobernante entre el mandatario, Daniel Noboa, y la opositora izquierdista, Luisa González. El estado de excepción rige en las regiones más golpeadas por la violencia en el país, donde según datos oficiales cada hora se comete un asesinato.

Noboa impuso el estado de emergencia ante “el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados”, según el decreto. El gobierno suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y a la libertad de reunión. Además ordenó un toque de queda nocturno de siete horas en varias localidades.

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La medida afecta a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las amazónicas Orellana y Sucumbíos, la convulsa localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, así como en Quito y en las cárceles de la nación. Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, ha decretado estados de excepción para enfrentar la arremetida de los grupos narco.

La tasa de homicidios bajó del récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024. Sin embargo, Ecuador tuvo el mayor índice de muertes violentas de América Latina el año pasado, según el grupo especializado Insight Crime.

“El Gobierno enfrenta un grado de violencia de tal intensidad que ha sobrepasado los límites de contención” de la fuerza pública, señala el decreto, según el cual 120 personas fueron asesinadas entre el 7 de marzo y 8 de abril.

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Ecuador restringió el viernes el ingreso de extranjeros a través de sus fronteras terrestres con Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, para garantizar la seguridad del balotaje presidencial. La disposición se extenderá hasta la medianoche del lunes (05:00 GMT del martes).

Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener en las calles a los militares. También dio estatus de “terroristas” y “beligerantes” a una veintena de bandas narco con nexos con cárteles internacionales.

Fuente: AFP

Una grave denuncia de acoso sexual a bordo de un ómnibus de larga distancia generó la indignación en redes sociales y reabrió el debate sobre la seguridad en el transporte público. La víctima, Laura Soria, relató en su muro del Facebook públicamente el hecho ocurrido el pasado martes cuando viajaba con la empresa de larga distancia con destino al este del país.

Según su testimonio, el hecho sucedió mientras dormía durante el trayecto entre Asunción y Ciudad del Este. Un pasajero que se sentó a su lado habría aprovechado el momento para tocarla sin su consentimiento. “Sentí una sensación de escalofríos, ganas de vomitar. Y lo peor de todo es que este sujeto intentó escaparse y lo único que atinó a decir fue que ‘se dejó llevar’”, expresó la denunciante a través de una publicación en redes sociales.

El relato detalla además que, al pedir ayuda al guarda del bus, este respondió de forma minimizante, asegurando que el agresor “sería incapaz” de cometer tal acto, ya que viajaba frecuentemente con ellos. Esta reacción generó aún más desesperación e impotencia en la víctima, quien se encontraba en estado de shock.

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“Yo sé que mi error en ese momento fue no llamar al 911 para que retengan el bus, pero ustedes no se imaginan el estado en el que estaba”, confesó.

A pesar del impacto emocional y el temor a la exposición pública, la mujer tomó la decisión de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, manifestando que no podía ni debía callar lo sucedido. “Vergüenza debería tener esta persona que sigue libre, y quién sabe a cuántas mujeres más podría estar dañando”, expresó con firmeza.

El caso encendió las alarmas sobre la necesidad de protocolos claros y efectivos en las empresas de transporte ante situaciones de violencia o acoso dentro de sus unidades. También reavivó los pedidos de que el personal esté capacitado para asistir adecuadamente a las víctimas, sin revictimizarlas.

La mujer cerró su mensaje pidiendo justicia y advirtiendo que el agresor sigue libre: “Cuídense, porque este hombre está suelto, y ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé”.

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• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.

La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.

Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.

Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.

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En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.

Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.

Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.

La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.

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De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.

En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.

“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.

El cantante Pablo Benegas, conocido por su éxito Soy de mi tierra, ya está en el banquillo de los acusados. Se inició el juicio oral y público donde el músico es acusado por presumiblemente drogar y luego abusar de dos menores de 11 y 16 años. La defensa del artista planteó varios incidentes que deberán ser estudiados por los integrantes del Tribunal de Sentencia.

La acusación del Ministerio Público es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y coacción sexual y violación.

Días atrás, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Lourdes Garcete, ratificó la prisión preventiva del cantante. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.

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La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas solicitó desde su casa el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.

El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.

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