Mientras en estos días el Tribunal de Justicia seguía tomando declaraciones en el marco de sumarios abiertos contra bomberos amarillos, hasta ayer sumaban diez compañías de todo el país del CBVP-Amarillo que rechazaban las expulsiones y suspensiones de sus compañeros.

Los primeros que empezaron la rebelión fueron los integrantes de la Compañía K3 de Sajonia. Mediante una nota, firmada por casi 80 miembros de esta emblemática Compañía, los bomberos se hicieron sentir ante el Directorio Nacional, rechazando y repudiando la medida adoptada el 21 de enero pasado por el Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo.

En la mencionada fecha, el Tribunal resolvió expulsar con "degradación" a los siguientes bomberos: capitán mayor Emigdio Benítez, capitán mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y capitán mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos. Igualmente, dio de baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Viveros Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas. Supuestamente, esta medida obedeció a que estos rescatistas transgredieron normativas internas tras una manifestación que se realizó el pasado 20 de setiembre de 2016, fecha en la que unos 150 bomberos se movilizaron frente al Cuartel General de Villa Morra exigiendo transparencia en la gestión al Directorio.

Al día siguiente de darse a conocer las expulsiones, se sumó al rechazo la Compañía K2, de Trinidad, igualmente una de las históricas dentro del Cuerpo de Bomberos. Esto generó un efecto dominó en otras compañías, que se terminaron sumando a la protesta. Fue así que integrantes de las compañías K20 Mercado 4, K68 de Caacupé, K10 de Ypacaraí, K11 de Fernando de la Mora, K15 de Ñemby, firmaron igualmente un documento rechazando el actuar del Tribunal, principalmente, por estar sancionando a bomberos que se habían manifestado exigiendo respuestas a las denuncias que La Nación empezó a publicar sobre los manejos administrativos del Directorio.

La indignación se extendió hasta en Compañías del interior. Fue así que la K31, la primera Compañía de Villarrica, una de las más representativas del interior del país, también se adhirió al rechazo de las expulsiones. Posteriormente tomaron misma postura los bomberos de K141 de Caazapá, los miembros de K142 San Juan Nepomuceno y K82 de Paraguarí. Sin embargo, se estima que para estos días más compañías vayan sumando su voz de protesta contra las medidas del Tribunal.

Dentro de las investigaciones que abrió el Tribunal de Justicia por supuestos hechos vandálicos contra 39 bomberos voluntarios que se manifestaron la noche del 20 de setiembre, entre el lunes y ayer declaró otro grupo de testigos. Quienes prestaron testimonios son el bombero Roque González Vera y los radioperadores del Cuerpo, Eduardo Meza y Jorge Figueredo, ambos dependientes laboralmente del CBVP-amarillo actualmente.

En la Resolución 103 dada a conocer por el Tribunal el pasado 21 de enero, los bomberos expulsados y suspendidos supuestamente atropellaron la institución y protagonizaron actos vandálicos, afectando seriamente la imagen nacional del CBVP-amarillo. Hasta ayer, de los 39 sumariados, 10 ya supieron sus destinos; cinco fueron expulsados de la institución y los restantes cinco suspendidos por varios meses.

El Tribunal de Justicia del CBVP que sacó la Resolución 103 está integrado por Fernando Vera (presidente), Julio Maíz, Luis Manuel Ruiz, Orlando Maciel y Sabrina Ozuna, como titulares. Además están Elva Quiroz, Alejandro Salza (renunciante) y Luz Ocampos.

Mientras el organismo de justicia del CBVP-Amarillo se muestra implacable con quienes se manifestaron exigiendo transparencia, no muestra la misma actitud con los miembros del directorio, que hoy están imputados por presunta estafa y la utilización de documentos no auténticos. Quienes hoy están imputados son Rafael Valdez, presidente; Miguel Ángel Riera,vicepresidente, y los demás miembros: Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino Rivas, Elías Ramírez Flores, Luciano Florenciáñez Brizuela, Mario Luis Gini, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara (ex miembro),Óscar Tadeo Acuña Castillo y Alberto Meza Zárate.

Desde el pasado 19 de setiembre, La Nación empezó a publicar una serie de notas sobre millonarias irregularidades con respecto al manejo financiero y administrativo del CBVP-amarillo, entidad que desde 2014 hasta finales del año pasado, recibió unos G. 10.000 millones del dinero público.