Varias compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBPV-Amarillo) no pudieron aprobar sus balances del 2016 en sus respectivas asambleas porque no han recibido este documento por parte de la tesorería nacional, que depende del Directorio.

Para varios comandantes del CBVP esto representa una situación grave, ya que las asambleas constituyen el evento más importante de cada inicio de año en la que todos los miembros activos de una compañía tienen participación, aprueban o desaprueban las gestiones administrativas de los encargados de cada compañía, que se basa justamente en los balances.

El CBVP-amarillo, en ese sentido, tiene una sola personería jurídica. Dividido en 75 compañías en todo el país, su presupuesto aproximado llega a los G. 14.000 millones anuales. Tener una sola personería implica contar con un solo Registro Único del Contribuyente (RUC), lo que hace que todas las compras que se hagan en cualquier dependencia o compañía tiene que ser a nombre de este RUC.

El grueso de los ingresos de toda la institución generan los voluntarios de cada compañía, que se organizan en diferentes actividades para poder generar sus propios fondos. Sin embargo, este dinero debe ser rendido al Directorio Nacional –conformado por 11 personas y que tiene como presidente nacional a Rafael Valdez Peralta, quien está en el cargo desde hace 12 años– que es el único organismo autorizado y encargado para hacer uso de los fondos y que debe entregar los balances a fin de año a cada compañía, para verificar si los gastos expuestos en ellos coinciden con los que las compañías tienen.

Esto se pone a consideración de los bomberos que deben aprobar o no el balance de su compañía, teniendo en cuenta lo que envía la tesorería nacional. Sin embargo, esto no pudo ser factible en varias compañías que no pudieron acceder a sus propios balances porque la tesorería nacional no les envió dichos documentos. Hasta ahora, las compañías de Ñemby, Areguá, Fernando de la Mora, entre otros, los que ya llevaron a cabo sus asambleas sin tener el balance a consideración.

Según la información oficial que recibieron desde el Directorio, el motivo por el cual no pudieron enviar los balances fue porque todos en el Directorio se dedicaron a trabajar en los pedidos de informes y documentaciones que hizo la Fiscalía a partir de las denuncias e imputaciones contra todos los miembros del Directorio.

Hoy día, alrededor de 450 bomberos ya se han sumado a la rebelión que se inició la semana pasada, cuando el Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo decidió expulsar y suspender a 10 voluntarios quienes se habían manifestado la noche del 20 se setiembre del 2016 frente al Cuartel General, en Villa Morra, exigiendo transparencia en la gestión al Directorio.

El pasado 21 de enero del 2017, el Tribunal resolvió expulsar con "degradación" del CBVP a los siguientes bomberos: capitán mayor Emigdio Benítez, capitán mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y capitán mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos. Igualmente, dio de baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Viveros Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas. Supuestamente, este proceso sumarial estuvo plagado de irregularidades, denunciaron los afectados.

Tras conocerse esta determinación, las emblemáticas compañías K2 Trinidad y K3 Sajonia, emitieron un comunicado en el cual rechazaban y repudiaban la actuación del Tribunal. Ambas notas, dadas a conocer públicamente, estaban firmadas por casi todos los bomberos que integran ambas compañías. A esta manifestación se fueron sumando posteriormente los integrantes de las compañías K20 Mercado 4, K68 Caacupé, de Caazapá, K10 Ypacaraí y K11 de Fernando de la Mora, además de otros miembros de la compañía K15 Ñemby. Entre el viernes último y el lunes pasado, se confirmó igualmente la adhesión de los bomberos de la Primera Compañía de Villarrica, una de las más representativas del interior del país.

Actualmente, el CBVP-amarillo tiene activos a unos 1.200 bomberos voluntarios en todo el país, de acuerdo a datos oficiales del padrón de dicha entidad. La revolución llegó, dicen desde las compañías.

Desde el pasado 19 de setiembre, La Nación empezó a publicar una serie de notas sobre millonarias irregularidades con respecto al manejo financiero del CBVP-amarillo, entidad que desde el 2014 hasta finales del año pasado recibió unos G. 10.000 millones del dinero público.

Tras estas publicaciones y denuncias de bomberos, el Ministerio Público tomó intervención y decidió imputar a los principales responsables del Directorio por presunta estafa y utilización de documentos no auténticos. Quienes aparecen en la carpeta fiscal son Rafael Valdez, presidente; Miguel Ángel Riera, vicepresidente, y los demás miembros: Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino Rivas, Elías Ramírez Flores, Luciano Florenciáñez Brizuela, Mario Luis Gini, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara (ex miembro), Óscar Tadeo Acuña Castillo y Alberto Meza Zárate.