Una ametralladora capaz de perforar camiones blindados, así como escopetas y pistolas, son algunos de los armamentos incautados en diferentes operativos realizados por la Fiscalía, la Policía Nacional y la Senad, que están depositados en la dependencia militar por su alta peligrosidad y valor económico.

En el depósito de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) están guardadas 10 mil armas de fuego, evidencias del Ministerio Público en procesos penales tramitados en todo el país. Del total, el 50% son armas cortas, como revólver y pistola, mientras que el otro 50% son armas largas, como escopeta y ametralladora .50, que tiene capacidad para perforar camiones blindados. Estas armas, de uso civil y militar, fueron incautadas en diferentes operativos llevados a cabos por la Fiscalía, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad).

Desde la Dimabel señalaron que las evidencias de los procesos penales están bien resguardadas en el depósito de la institución, además de que cada arma está inventariada y que estas solo pueden ser entregadas si los fiscales a cargo de los diferentes procesos penales así lo autorizan.

La fiscala de la Unidad Antidrogas, Lorena Ledesma, explicó que existe la Ley Nº 4.036 de armas, que en su artículo 88 dice claramente que las armas de fuego, sus piezas y componentes, que sean incautadas en procedimientos llevados a cabo por la Fiscalía deberán ser remitidas a la Dirección de Material Bélico (Dimabel), en un plazo no mayor a 72 horas.

Asimismo, el artículo 90 de la misma ley expresa que las armas relacionadas a un proceso penal, que son puestas a disposición de las autoridades judiciales serán remitidas al depósito de la Dimabel por el juez del caso dentro del plazo de 30 días de iniciarse el proceso, para su control y resguardo.

La representante del Ministerio Público indicó también que las inspecciones de las armas deben realizarse dentro de la dependencia militar y en caso de que necesiten ser sometidas a otras pericias, se deberá disponer el traslado al laboratorio correspondiente bajo control y custodia de la Dimabel. "La seguridad que tiene la institución militar para resguardar las evidencias es importante, sabemos que no se podrán robar las armas de dicha institución", concluyó.

Por su parte, el juez Humberto Otazú señaló que en muchos casos se ordena que las armas incautadas durante un procedimiento de la Policía, Senad y Fiscalía sean derivadas a la Dimabel para mayor seguridad y mejor resguardo.

"La citada institución militar es el mejor lugar para guardar las armas, porque tiene la infraestructura necesaria para hacerlo. Incluso, se debe informar a quienes formen parte de un proceso penal que las armas incautadas serán derivadas a la Dimabel, principalmente, para controlar el traslado de las evidencias y asegurar la transparencia en la actuación judicial", explicó Otazú.

El director de la Dimabel, Eulalio Díaz, manifestó que el depósito de la institución a su cargo cuenta con personal que custodia las 24 horas las 10 mil armas de fuego, que constituyen evidencias en los diferentes procesos penales que atiende la Fiscalía. Díaz comentó que el recinto está totalmente cubierto con cámaras de seguridad, así como una valla perimetral, para evitar que cualquier persona pueda acercarse al predio.

Por otro lado, el titular de la Dimabel afirmó que es una gran responsabilidad la que tiene la institución a su cargo al resguardar estas evidencias y reiteró que todas están inventariadas. Vamos a seguir trabajando para brindar seguridad y confianza a las autoridades judiciales con respecto a la custodia de las evidencias", concluyó.

TRÁFICO DE ARMAS

"Paraguay desarrolló una industria lícita para el tráfico de armas. Se crearon empresas que importan armas de uso civil y las comercializan legalmente pagando impuestos. Pero parte de ellas terminan en manos del crimen organizado", había señalado el ex ministro de la Senad, Luis Rojas, durante una conferencia de prensa en la que se expusieron algunos armamentos incautados en una vivienda del barrio Villa Aurelia, de Asunción, el 9 de marzo de este año.

En aquella oportunidad, la Fiscalía y la Senad incautaron un arsenal de guerra, granadas, pistolas 9 milímetro y una ametralladora capaz de perforar camiones blindados, que tenía como destino el departamento de Amambay.

De acuerdo a los expertos, el valor de las armas incautadas en Villa Aurelia podría sobrepasar los US$ 1.000.000. Los investigadores señalaron que las armas vienen desarmadas desde los EEUU, son ensambladas en nuestro país y comercializadas a grupos criminales de la frontera. Entre US$ 3.000 y 5.000 podría cotizarse cada arma de fuego incautada en Villa Aurelia.

Los fiscales Lorena Ledesma y Carlos Alcaraz acusaron a Carlos Federico León Ocampos y Víctor Hugo Sebastián Ferreira Olmedo por infracción a la Ley Nº 4.036/10 de Armas de Fuego y asociación criminal, solicitando que el caso se eleve a juicio oral y público. El juez Humberto Otazú fijó para el 12 de diciembre de este año, a las 9:30, la audiencia preliminar para León Ocampos y Ferreira Olmedo.

La acusación refiere que los elementos requisados no cuentan con las documentaciones pertinentes. Igualmente, ambos acusados no están registrados como importadores y/o exportadores, ni poseen la habilitación para comercializar armas, sus piezas, componentes, municiones y/o explosivos. Por otra parte, el lugar tampoco se encontraba habilitado como depósito de armas.

El arsenal incautado en Villa Aurelia está depositado en su totalidad en la Dimabel.