El juez penal de Garantías Rubén Ayala Brun otorgó libertad bajo fianza a 3 de los 5 funcionarios de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) imputados por lesión de confianza por el desvío de unos G. 12.000 millones, destinados a terminar viviendas.

Los que ayer comparecieron fueron Rocío Rodríguez (encargada de Tesorería), José Hugo Muñoz y Mario Antonio Pairet (directores Financieros en distintos períodos). A cada uno se le impuso una fianza personal de G. 200 millones, así como una caución real de G. 300 millones, que debe ser presentada en 20 días.

Con respecto a los procesados Rufino Recalde y Rodolfo Lovera, el magistrado está estudiando las medidas a tomar, considerando que los mismos no pudieron ser notificados, ya que el ujier constató que ellos no viven en el lugar que reportaron como domicilio, según consta en el expediente.

Los otros procesados que ya tienen medidas alternativas a la prisión son los propietarios de las constructoras; Hugo Acevedo, Luciano Barreto, Carol Turrina, Carlos Valenzuela y Camilo Recalde, el que había recibido los cheques. La fiscala de la causa es Yolanda Portillo.

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