Por Toni Carmona

La Constitución establece en el Artículo 3°, del Poder Público: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial". Así que cuando hay una discrepancia, controversia o choque entre ellos, lo que corresponde hacer es que los tres Poderes se reúnan para buscar una salida consensuada al problema. Es, más que una opción, una obligación si es que no se encuentra otra forma de desatar el nudo del conflicto.

La problemática del norte del país es mucho más compleja que un grupo de secuestradores y asesinos que se autoproclaman pretenciosamente ejército, como se ha dicho y repetido tantas veces; vuelvo a hacerlo, porque la memoria es tal vez el más grave déficit de nuestra política; ya lo han dicho varios pensadores: sin libros no hay memoria y, generalmente, en nuestros debates los libros brillan por su ausencia.

A parte de los militares alevosamente asesinados recientemente, han sido asesinadas autoridades electas por el pueblo, aunque el Artículo 2° de la Constitución: De la Soberanía, establece que "el pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio".

El artículo constitucional es derogado en la región con frecuencia en base al Artículo 44, y hasta con calibres más pesados. Han sido asesinados periodistas, ciudadanos comunes, productores de diferentes niveles, terratenientes, campesinos, indígenas.

En la región se trafican bosques enteros desde hace décadas sin que haya autoridad que los vea pasar ni frontera que los detenga. Se trafican drogas y la ruta que va de San Pedro a San Pablo, pese a sus beatíficos gentilicios, es transitada por verdaderas caravanas de camiones, sin chapa, pero con abundante carga de imaginables "mercas".

Es tan común decirlo que hasta me da vergüenza: el problema ha sido la ausencia histórica del Estado en la región.

Es tan obvio que no cabe sino la definición de disparate al proyecto de derogación de la ley que establece la FTC.

La instalación de los recientes gobiernos de fuerzas armadas estables en la zona ha sido una medida de seguridad inevitable. Aunque no es suficiente para parar de golpe a las mafias asentadas por décadas, y, como es obvio, organizadas entre sí como para defender el negocio. Como toda lucha contra grupos criminales asociados no es fácil.

Hasta de sentido común, aunque, como acabamos de constatar una vez más, se confirma que es el menos común de los sentidos.

Lo que se hizo con la ley en vigencia que creó la FTC fue sistematizar y reforzar la ocupación del terreno abandonado por el Estado durante tanto tiempo, lo que no significa que eso resuelva el problema a corto plazo.

Como ya se ha planteado, es necesario invertir más en la región y en su gente, cosa que también se viene haciendo.

Como propuso el mismo propulsor de la derogación, tal vez haya que hacer una mayor inversión. O, comenzando por el principio, en vez de tomar acciones apuradas o, más grave aún, coyunturalistas; como manda la Constitución, que los poderes del Estado se reúnan y estudien las acciones a seguir.

En fin, previo paso por el basurero, para poner la disparatada "derogación" en su lugar; y que las autoridades, en vez de estar debatiendo disparates, puedan debatir el tema con la debida seriedad, y con el debido respeto que se merecen las víctimas.