Si algún tema se discutió y cuestionó en el origen de la represa de Itaipú fue el del posible daño social y ambiental que podía causar la gigantesca obra, al cambiar radicalmente las condiciones de la región. Fue tema de estudios, de libros, de debates públicos y comentarios de prensa. No es de extrañar, ya que una empresa de semejantes proporciones alteraba notablemente la ecología y el hábitat de la región y, sin duda, las condiciones de vida de los pobladores.

Eso es historia, pero vale la pena recordarlo porque esas preocupaciones estuvieron desde el comienzo, no solamente en los países socios, muy especialmente, en las sociedades de ambas naciones.

De hecho, desde el inicio, en el acta de Foz de Yguazú, del 22 de junio de 1966, se establecía la preocupación, ya que se planteaba "estudiar los problemas comunes del área con miras a promover el pleno aprovechamiento de los recursos naturales de la región y su desarrollo económico, en beneficio de la prosperidad y bienestar de las poblaciones".

No podía ser de otra forma, el hecho tuvo repercusión nacional, regional y mundial, como sucedió con otros grandes emprendimientos de esta envergadura en otros países, ya que el fin, como elogió en su reciente visita a la represa el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, era producir "energía limpia y renovable como aporte para el mundo… para hacer del planeta Tierra un lugar ambientalmente amigable".

Para lograr ese objetivo último y primero, sin duda que las transformaciones producidas, y eso estaba en el debate público desde un comienzo, producirían alteraciones que causarían perjuicios a la región, por lo que es obvio y de responsabilidad que la empresa se comprometiera a paliar los posibles daños, considerando hacer una inversión social y ambiental. No considerar tal circunstancia hubiera representado una total irresponsabilidad.

Desde el comienzo hasta hoy, la inversión de Itaipú ha sido una norma que se ha aplicado, con mayor o menor transparencia, con mayor o menor eficiencia, por todos los sucesivos gobiernos de ambos países.

Lo que se hizo en la Reversal Nº 1, en el 2005, fue simplemente "confirmar y ratificar", como se expresa claramente en el escrito, las inversiones que ya se venían realizando.

Es lo que se conversó en reciente reunión de Cancillería e Itaipú con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a propuesta del presidente de la misma, el senador Mario Abdo Benítez.

Es una política social que debe ser obligación de todas las empresas, públicas y privadas, que puedan afectar en sus emprendimientos al ámbito social y ambiental, como exige cada vez con mayor fuerza y participación la comunidad internacional.

No solo en general, sino en particular, con cada obra que se emprende, como ha pasado recientemente con el emblemático proyecto del barrio San Francisco que, como es de público conocimiento, ha sido debatido en todos los ámbitos de los poderes del Estado, en la opinión pública, en los medios de comunicación y en las redes sociales, aprobándose con un amplio consenso nacional.

Llama la atención, con la transparencia y la apertura pública con que se están haciendo los proyectos de acción social y ambiental con fondos de la binacional, que justamente ahora en que ha sido un tema de debate público con aprobación general se denuncie una acción habitual y transparente, como un posible delito.

Y llama aún más la atención que se hable de delito incluso criminal, cuando ninguno de los denunciantes ha presentado durante esta larga década, desde el reconocimiento en el 2005 hasta hoy, denuncia alguna en ninguna instancia.

Una vez más, lamentablemente, asistimos a la manipulación política y mediática, con intereses sectarios y electoralistas a boicotear proyectos que son de interés nacional, por la pésima costumbre de nuestros políticos de lanzarse al electoralismo con más tiempo de antelación de lo que recomiendan la prudencia y las leyes, y tomar como arma poner el palo en la rueda de proyectos de clara intención y necesidad social, cuando se han dejado pasar por alto y se siguen amparando por solidaridad "correligionaria" verdaderos despilfarros, como los que hemos visto y el país está sufriendo con los fondos de Fonacide.

La inversión social y ambiental es una obligación histórica binacional.