Desde ahora en más, por la importación de vehículos usados se pagará un porcentaje mayor en concepto de aranceles aduaneros. De una tasa inicial para los rodados de intra y extrazona de 5% al 20%, ahora los importadores deberán tributar entre el 10% al 25%. Así lo precisó el director de Integración del Ministerio de Hacienda, José Cuevas, quien dio detalles sobre los alcances del Decreto Nº 5.822.

Agregó que la disposición se enmarca dentro de la política de articulación de medidas tendientes a la protección del medio ambiente, la promoción de generación de consumo de energías limpias y renovables, así como la reducción de fuentes contaminantes del aire.

"Estimamos que el impacto será mínimo en el mercado. Lo que se busca es contraer la cantidad de rodados importados", expresó el funcionario, que de acuerdo con el considerando del Decreto, contribuyen a generar externalidades negativas, tales como la polución del aire local, que a su vez repercute en el deterioro de la salud de las personas y del medioambiente, así como la congestión vehicular y el consecuente incremento en la probabilidad de accidentes de tránsito.

En el mismo sentido, Cuevas precisó que el incremento afecta a todos los usados como vehículos livianos, camiones de cargas, tractocamiones, a excepción de las maquinarias agrícolas, eléctricos e híbridos, que seguirán gozando de las exoneraciones del Impuesto Aduanero a la importación.

CONTROVERSIA

El director mencionó además, que con la medida se cortará con la situación irregular de importaciones de vehículos usados que contaban con una certificación de origen, y que con cuyo documento, los importadores obtenían una preferencia arancelaria de hasta el 100% de exoneración de los aranceles.

Si bien no supo precisar cuántos son los rodados que ingresaban al país bajo este beneficio, dijo que con la medida terminarán pagando hasta 25% en concepto de aranceles.

Cuevas recordó que el Mercado Común del Sur (Mercosur), aún no acordó una política comercial para el sector automotor y, en consecuencia, los Estados Partes están facultados a aplicar sus propias políticas arancelarias a los bienes de dicho sector.

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