El ministro del Interior, Francisco de Vargas, confirmó que desplegarán un fuerte dispositivo de seguridad para la lectura de sentencia completa del Caso Curuguaty. Son 1.500 efectivos policiales quienes resguardarán los alrededores del Palacio de Justicia este lunes 18 de julio.

"Más de 1.500 efectivos policiales en coordinación con el Tribunal de Sentencia estarán presentes, porque hay gente que ha demostrado su intención de interrumpir la lectura de sentencia. En materia de seguridad debemos partir siempre del peor escenario, esa debe ser nuestra premisa", aseguró De Vargas en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre los datos que manejan referentes a la convocatoria de manifestantes para la lectura de sentencia, explicó que "la decisión judicial está tomada y es irreversible. Más que a través de mecanismos judiciales se puede apelar, accionar en nulidad u otros recursos, pero por la vía de la violencia y de la fuerza es -por donde se lo mire- un hecho punible, inconstitucional y sobre todo va a resquebrajar el estado de derecho de la gobernabilidad democrática de nuestro país. Creemos que hay gente que puede tener esa intención".

El secretario de Estado, manifestó además que su principal preocupación es la convocatoria masiva de manifestantes. "Yo no encuentro más que esta explicación, si la decisión judicial ya está tomada, ¿cuál sería el objetivo de masificar la presencia de gente en la lectura de sentencia?. Nosotros creemos que el único objetivo puede ser incidentar, entonces el dispositivo es coordinado e implementado en base a ese razonamiento".

Por otra parte, aseguró comprender que una manifestación de protesta es absolutamente constitucional, pero tratar de interrumpir la lectura de una sentencia judicial es algo muy diferente.

"Tenemos antecedente de la semana pasada, cuando los propios abogados defensores, familiares, las parientes, estaban golpeando mesas, tirando, tratando de impedir la lectura de la sentencia, lo cual finalmente se logró". dijo el ministro.

Respecto a las ocupaciones en Remansito, el Ministro Francisco de Vargas, dijo "ahí tenemos un caso de invasión de inmuebles masiva, estamos hablando de 1.500 familias lo que significa más de 4.500 personas y otra vez aparecen los actores politicos de siempre, ustedes saben quién estuvo haciendo una asamblea allí (en referencia al Senador Hugo Richer), entonces una vez más estamos viendo la intención politicamente equivocada de algunos sectores, al querer desestabilizar, con el único objetivo de usarlo políticamente contra el gobierno".

Afirmó que el caso de Remansito "claramente está politizado" y que nuevamente, le tocará a la Policía Nacional junto con el Ministerio Público realizar el operativo de desalojo.

"Y acá no se trata de mandar policías a sacar a la gente sin planificación ni inteligencia previa, ya tenemos como antecedentes lo que pasó en junio de 2012, cuyas consecuencias estamos sufriendo hasta este momento", aseveró.