En el convenio energético firmado en el 2004 entre Paraguay y Venezuela, se establecen 15 años de tiempo para financiar la deuda.

Desde el 2013, varias comitivas gubernamentales paraguayas viajaron hasta Venezuela para tratar el tema, pero en ninguna ocasión se llegó a un acuerdo. Sebastián Irún, asesor jurídico de la petrolera nacional, aseveró a La Nación que todas las veces que Petropar intentó arreglar la deuda, al menos desde que está este Gobierno, los directivos de PDVSA no mostraron mayor interés en hacerlo en forma amistosa. "Fue un gran negocio para PDVSA, pero ruinoso para el Paraguay", dijo de manera categórica.

El acuerdo energético firmado en el 2004 por los presidentes Nicanor Duarte Frutos por Paraguay y Hugo Chávez (+) por Venezuela establecía como uno de los puntos principales que Venezuela se comprometía a suministrar crudo, productos refinados y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a nuestro país por la cantidad de hasta diez y ocho mil seiscientos barriles diarios (18,6 MBD) o sus equivalentes energéticos, tal como se puede ver en los documentos que hacen al convenio.

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Según Irún, en los registros de Petropar se puede determinar que el acuerdo obligó a la petrolera estatal paraguaya a comprar de PDVSA combustible mucho más caro de lo que se podía haber obtenido con una licitación internacional y con la participación de otros proveedores en ese entonces. Otro hecho llamativo que mencionó el abogado es que siendo PDVSA una fabricante de productos derivados de petróleo, las cargas de gasoil y otros que llegaban a Petropar, en nombre del acuerdo, venían de otras firmas internacionales. Es decir, la petrolera venezolana compraba de otro lado el combustible que después llegaba a Paraguay.

Además de esta irregularidad, Irún afirmó que la calidad de todos los combustibles que llegaron al país, como parte del acuerdo, eran de malísima calidad. En ese sentido, a lo largo de los años, decenas de publicaciones periodísticas mencionaron este hecho, principalmente haciendo referencia a la mala calidad del producto que enviaba PDVSA a Petropar. Referentes del sector privado, vinculado al negocio de los combustibles, ratificaron esta situación.

TIEMPO DE PAGO

El asesor jurídico dijo que analizando lo que dice el documento, el acuerdo energético es un tratado internacional entre Paraguay y Venezuela, que está ratificado por ley, aprobado por el Congreso de ambos países. En ese sentido, señaló que dentro de los plazos establecidos para el pago de la provisión de productos que haga PDVSA a Petropar, en el marco del convenio, se tiene un plazo hasta de 15 años para pagar los saldos o las deudas que puedan quedar. "El acuerdo establece 15 años de financiación en caso de deudas. Nosotros tenemos la intención de arreglar, pero desde Venezuela no encontramos predisposición. Igual, ni PDVSA ni el gobierno venezolano podría accionar judicialmente, porque nos ajustamos a lo que dice el documento", sentenció Irún.

El acuerdo entre ambos países sufrió una modificación en el 2008. El 16 de agosto de ese año, apenas un día después que Fernando Lugo asumiera la Presidencia de la República, el ex sacerdote firmó con el entonces presidente venezolano Chávez una enmienda del acuerdo arribado en el 2004, mediante el cual daba vía libre a seguir con la compra de combustible a PDVSA, en carácter casi prioritario.

Los 269 millones de dólares que el gobierno paraguayo reconoce como deuda a la petrolera venezolana, se originaron en apenas 13 facturas o compras, que se realizaron entre el 8 de agosto del 2008 y el 9 de febrero del 2009. Las tres primeras facturas, por valor de 87 millones de dólares (32% de la deuda) se "cocinaron" durante la gestión de Nicanor, siendo en ese entonces presidente de Petropar Alejandro Takahashi. El resto de los documentos fueron tramitados con la gestión de Fernando Lugo y bajo la presidencia de Cíbar Granada en Petropar, con el que se llegó a los 178 millones de dólares en la deuda (67%). La última factura, del 9 de febrero, se realizó con directores interinos de Petropar y fue por un monto aproximado a los 3,5 millones de dólares, según los registros oficiales.

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