Al menos cinco sacerdotes argentinos denunciados por abuso sexual estuvieron escondidos en territorio paraguayo, amparados por la Iglesia local y con una llamativa actitud del Poder Judicial, mientras eran buscados por la Justicia argentina. Hasta hace poco, uno de ellos seguía ejerciendo y otro continúa normalmente con cargos eclesiásticos.

El equipo de La Nación Investiga presenta desde hoy una serie de publicaciones que mostrarán el "sistema del silencio" de la Iglesia frente a los abusos sexuales cometidos por clérigos.

Desde 1992, Paraguay cobijó al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, a principios de los '90. Estando suspendido por el obispado cordobés, Ibáñez igual ejerció sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y paseándose por varias comunidades religiosas en nuestro país, hasta hace apenas unas semanas. Con la carta eclesial como respaldo, Ibáñez se metió de lleno al mundo académico, donde logró un status importante, pero que esconde otra trama: gran parte de los títulos que presenta son falsos.

Corrían los años 1991 y 1992 cuando las vidas de al menos diez adolescentes argentinos cambiaron para siempre. Todos ellos eran pobladores de la tranquila ciudad de Bell Ville, un sitio anclado en la provincia de Córdoba. Por ese entonces, conocieron al sacerdote Carlos Richard Ibáñez Morino, un diocesano que llegó a la ciudad poco antes para ocuparse de la iglesia Virgen de Fátima.

Según la denuncia oficial a la que tuvo acceso el equipo de La Nación Investiga, una tarde del mes de diciembre de 1991, Tomás y Carlitos (utilizamos nombres ficticios para resguardar la identidad de los denunciantes reales) conversaban en las inmediaciones del predio del ferrocarril de Bell Ville, cuando se acercó a ellos el padre Carlos y los invitó a acompañarlo a un dispensario.

Entonces subieron al Fiat 147, color blanco –que el padre Carlos usaba para movilizarse en la ciudad– hasta llegar al lugar de destino: un consultorio llamado "Juan XXIII", ubicado sobre la calle Echeverría Nº 102. Allí, en las habitaciones del local, ambos adolescentes tuvieron un encuentro sexual con el sacerdote. La paga para ambos fue de 550.000 australes, moneda que en ese entonces se utilizaba en Argentina.

Este relato forma parte de la denuncia presentada ante el Juzgado de Bell Ville. Si bien fue el principio, no tardarían en aparecer otros casos similares, engrosando la carpeta de denuncias en contra del sacerdote, y en la medida que transcurría el tiempo, la bomba seguiría creciendo. Para mediados de 1992, resultó imposible detener el escándalo y estalló ante la conservadora sociedad de esta ciudad cordobesa, con un total de 10 denunciantes, todos por abuso sexual contra el cura Ibáñez. Cuando la Justicia local intervino, ya era tarde. Gracias a algunas ayudas extras que habrían surgido desde el seno de la Iglesia, Carlos Ibáñez pudo huir de Bell Ville y se refugió en otro país: Paraguay. Aquí llegó a oficiar misas, casamientos, bautismos y se hizo docente de varias universidades.

A la denuncia de Tomás y Carlitos se fueron sumando otras contra el padre Ibáñez con las mismas características. En las declaraciones de los menores se evidencia un patrón: todos eran jóvenes de barrios pobres de Bell Ville, de zonas vulnerables, que recibían un dinero importante para ellos a cambio de tener relaciones con el religioso.

La historia de Ibáñez y sus vínculos con nuestro país tiene ribetes sorprendentes, que abarcan desde su inclusión a círculos académicos importantes hasta la casi protección judicial para evitar que retorne a la Argentina a enfrentar los casos denunciados. En ese sentido, en un lapso de apenas dos años, la Justicia paraguaya se negó dos veces a proceder a su extradición a mediados de los '90, a pesar del pedido realizado por la Justicia argentina. Por el peso de las acusaciones y atendiendo su condición de sacerdote, desde las instancias judiciales cordobesas entendieron que se trataría de un mero trámite, pero acá la Justicia nunca dio trámite al pedido.

Carlos Ibáñez llegó a Paraguay a mediados de 1992, procedente de Bell Ville, donde dejó, además de las denuncias sin aclarar, una ciudad conmovida por los casos que le fueron atribuidos y la forma en que se escapó de la Justicia local.

La apacible Bell Ville, de unos 37.000 habitantes, marcada por la presencia de la Iglesia Católica en la historia de la ciudad, es de esos pueblos donde se puede aplicar aquello de "todos se conocen" y donde un caso así no pasa desapercibido, por más que transcurra el tiempo. El equipo de La Nación Investiga recorrió sus calles y pudo comprobar que la historia del padre "Carlos" o del "cura Carlos" sigue viva en la memoria colectiva de la gente. Los taxistas, los trabajadores en los cafés, o funcionarios públicos con más de 40 años, recuerdan aquel episodio que marcó, a vergüenza y miedo, la historia de la Iglesia local.

"Eli" es una de las pobladoras de Bell Ville que se animó a conversar con La Nación, pero con la condición de reservar su identidad real. "Para nosotros fue un golpe muy fuerte, imaginate que él le bautizó a uno de mis sobrinos y después nos enteramos de las denuncias en su contra. Bell Ville es una ciudad muy conservadora hasta ahora, pero en ese tiempo, las cosas eran más duras. Enfrentar una denuncia así, contra un sacerdote, era muy fuerte, muy difícil para todos", dice Eli.

Funcionarios judiciales que participaron del proceso contra Ibáñez relataron a La Nación sobre aquel caso. Señalaron que, una vez que salió la imputación contra Ibáñez, ya fue imposible ubicarlo y que desde principios de 1992 nunca más se lo vio por la ciudad. La primera orden de detención contra el sacerdote Carlos Ibáñez salió el 7 de julio de 1992 y fue emitida por el Juzgado de Instrucción de Bell Ville, firmado por el entonces juez Óscar Roque Bertschi. La carátula de la causa era contundente: "Corrupción de menores reiterada y continuada y transmisión de enfermedad venérea". La Policía local lo buscó, pero ya no lo encontró.

“NO SUPIMOS MÁS DE ÉL”

Miguel Ángel Viqueira fue el juez de la niñez en Bell Ville cuando se desataron las denuncias contra el sacerdote Carlos. Hoy, ya jubilado, Viqueira recibió a La Nación en su domicilio para hablar sobre lo que recuerda del caso. "De lo que me tocó participar, puedo confirmar que hubo denuncias concretas contra el padre, por parte de unos 10 chicos, por supuestos abusos sexuales. Lo que me correspondió, como en ese entonces mandaban las leyes, fue asistir a estos jóvenes para darles un acompañamiento sicológico y emocional junto a sus familias, ya sea para los trámites de estudios clínicos, porque se denunció que varios de ellos fueron afectados por sífilis, o para avanzar en los estrados judiciales. Eso sirvió para que el juez investigador (el encargado de llevar la pesquisa) pueda presentar sus alegatos", expresó Viqueira.

Dijo además que para la sociedad local fue un golpe fuerte, teniendo en cuenta que la presencia de la Iglesia dentro del tejido social de la ciudad es muy importante. "Lo concreto es que aquí hubo una denuncia contra Ibáñez, se inició el proceso y nunca más supimos de él", sentenció el ex magistrado.

La entrada al país de Ibáñez resulta un misterio. Según los antecedentes, para julio del 92 ya existía orden de detención en su contra por parte de la Policía argentina. No obstante, según los investigadores del caso, ese mes el sacerdote ya se encontraba en Paraguay, donde consiguió hacerse de un buen pasar por un tiempo, con el apoyo de referentes de la Iglesia Católica. El 7 de agosto de 1992, finalmente Interpol Paraguay recibió el pedido de detención con fines de extradición contra el ciudadano argentino Carlos Ibáñez, por la causa abierta en la fiscalía de Bell Ville, firmada por el juez Óscar Bertschi.

Recién dos años después, en 1994, la Policía paraguaya registró su arresto, ante el pedido internacional que pesaba sobre él. El 8 de agosto de 1995, según consta en los registros de la principal penitenciaria de nuestro país, Carlos Richard Ibáñez ingresó a Tacumbú, con la ficha Nº 290, por los cargos de corrupción de menores en Argentina y el consecuente pedido de extradición. En su registro de procesado figura como profesión "sacerdote" y en el documento no aparece el año en el que se radicó en Paraguay.

Para ese entonces, Ibáñez ya gozaba de una llamativa y férrea defensa jurídica en nuestro país, lo que le permitió protegerse de cualquier tipo de pedido de extradición que hizo la Justicia argentina para someterlo a una investigación por los casos de abusos sexuales contra menores de los que se lo acusaba.

El 15 de febrero de 1996, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Octavo Turno aprobó mediante la Sentencia Definitiva Nº 7 la extradición del padre Carlos Ibáñez a la Argentina. Sin embargo, el abogado Pedro Rodolfo Mendoza, defensor del sacerdote, además de la propia Fiscalía, apeló la medida. El 28 de junio del mismo año un tribunal de Apelación, Primera Sala –integrada por los doctores Tomás Damián Cárdenas, Guido Manuel Sisa y Gerardo Bernal Casco– falló a favor de la apelación planteada por Mendoza y la Fiscalía General, mediante el acuerdo y sentencia Nº 22. Con esta medida, Ibáñez no corría peligro de ser extraditado.

Es a partir de estas resoluciones que surgen algunas características llamativas en el caso. La resolución del Tribunal de Apelación, que finalmente revocó el pedido de extradición, nunca fue informada, en tiempo y forma, al juzgado argentino de Bell Ville, que tuvo que pedir oficialmente copia de la misma, cuya nota de solicitud entró por la secretaría del juzgado el 20 de diciembre de 1996, según consta en los archivos.

El tribunal que desestimó el pedido de extradición se justificó en cuestiones de forma, pero también argumentó que el pedido realizado por la Justicia argentina no cumplía con requisitos exigidos en los tratados internacionales vigentes, así como cuestiones que se consideran elementos probatorios para abrir una investigación contra una persona. Ante esta situación y sabiendo los argumentos que puso el tribunal para rechazar el primer pedido de extradición, el juzgado de Bell Ville envió otro documento el 4 de marzo de 1997.

Este nuevo escrito fue un exhorto mediante el cual reclamó de nuevo la presencia de Ibáñez en los estrados judiciales de la ciudad y además arribó los documentos solicitados por el tribunal, como la ficha de la historia clínica de Ibáñez –atendiendo de que se lo acusaba de haber transmitido sífilis a los jóvenes–, las copias autenticadas de las supuestas víctimas que ratificaban la menoría de edad en el momento en el que sucedieron los hechos y una fotocopia autenticada de la resolución que ratificaba el pedido de detención de Ibáñez.

Una vez que llegaron estas documentaciones hasta la Justicia paraguaya, la propia Fiscalía General del Estado, ante el pedido del Juzgado de Bell Ville, solicitó reabrir el procedimiento para completar la extradición de Ibáñez el 20 de mayo de 1997. El dictamen Nº 192 de la Fiscalía, firmada por el entonces fiscal general del Estado Aníbal Cabrera Verón, dejó constancia de que, ante los documentos enviados por la Justicia argentina, se tenían los elementos probatorios que justifiquen el envío de Ibáñez para afrontar una investigación ante los hechos denunciados en su país natal. Algo que, atendiendo las evidencias encontradas, parecería ser un mero trámite. Nadie suponía lo que se venía.

La defensa de Ibáñez volvió a apelar la decisión de la Fiscalía y ante este panorama, la propia Embajada de Argentina tomó cartas en el asunto, solicitando que se tenga en cuenta la solicitud del Ministerio Público paraguayo. El 7 de abril de 1997, el entonces juez en lo criminal Carlos M. Ortiz Barrios –hoy día camarista– resolvió rechazar mediante su A.I. Nº 310 el pedido de reabrir el proceso de extradición que hizo la Embajada de Argentina, a través del dictamen de la Fiscalía. Ibáñez nuevamente salió victorioso.

El fiscal general apeló de nuevo la resolución del juez Ortiz Barrios, recibiendo otro revés. El 8 de marzo de 1998, el Tribunal de Apelación en lo Criminal Primera Sala resolvió, mediante su A.I. Nº 75, tener por desistido el recurso de nulidad que había solicitado el Ministerio Público contra la resolución del juez Ortiz Barrios. Finalmente, la Fiscalía General, a través de su dictamen Nº 539, planteó una acción de inconstitucionalidad contra las medidas adoptadas tanto por el juez Ortiz Barrios como contra lo resuelto por el Tribunal de Apelación.

Esta inconstitucionalidad planteada por el fiscal Cabrera Verón se hizo el 18 de mayo de 1998. Un extraño vacío se tiene desde ese año hasta el 2004. Seis años pasaron y en todo ese tiempo,la Corte Suprema de Justicia jamás se expidió sobre el caso, mientras el plazo procesal en el Juzgado de Bell Ville continuaba.

Finalmente, el 18 de noviembre del 2004, la Sala de Acuerdos de la Corte –integrada por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y José Altamirano– sacó su sentencia Nº 1.618, mediante la que resolvió hacer lugar a la acción planteada por la Fiscalía y anuló las medidas del juez Ortiz Barrios y del Tribunal de Apelación, por considerar que ambos eran arbitrarios y violatorios de principios y garantías de rango constitucional. Es decir, daban vía libre para continuar con el proceso para la extradición. Sin embargo, para cuando salió esta inconstitucionalidad de la Corte, el caso en los estrados judiciales de Bell Ville, Córdoba, se había extinguido, por lo que ya no había motivos para procesarlo.

De esta manera, el sacerdote Carlos Richard Ibáñez, alias "Richardi", logró evitar el proceso por supuestos abusos sexuales contra menores en Córdoba. "Él no pudo demostrar que las denuncias fueran falsas, porque simplemente nunca se presentó ante la Justicia. Quedó sobreseído en la causa, pero porque el plazo procesal terminó, ya que la Justicia paraguaya nunca lo extraditó", precisó a La Nación una alta fuente de la Justicia cordobesa que recordó el caso.

El 14 de agosto del 2006, el Juzgado de Bell Ville sacó la sentencia Nº 15, mediante la que el padre Ibáñez quedaba sobreseído de la investigación, ya que el proceso penal había finalizado un par de años antes.

Lo que no acabó, a pesar de los años, fue la duda que dejó el padre Ibáñez sobre su comportamiento en Bell Ville, donde todavía lo recuerdan como alguien que huyó de la Justicia amparándose en su cargo eclesiástico.

El equipo de La Nación Investiga buscó al sacerdote Carlos Ibáñez para tener su versión sobre las acusaciones que pesan en su contra, pero desde un primer momento se mostró reacio a brindar algún tipo de declaración. En varias oportunidades, se le insistió que aclare los cuestionamientos, principalmente, aquellos relacionados con las denuncias de abusos sexuales de menores en la ciudad de Bell Ville de Córdoba, Argentina, y los supuestos títulos falsos de universidades argentinas y paraguayas que se le atribuyen. Sin embargo, alcanzó a decir que ya no ejerce como sacerdote, mostrándose en todo momento muy nervioso. Ayer de tarde, el abogado Florencio Oliva se presentó en la redacción de La Nación en representación de Ibáñez. Dijo que cuenta con la autorización por escrito del Obispado de San Lorenzo en la que consta que Ibáñez puede ejercer como sacerdote. Aseguró que presentará las documentaciones la próxima semana.

Ricardo Antar Morel aparece en algunos documentos como abogado de Carlos Ibáñez, por ejemplo, en las últimas gestiones realizadas por el sacerdote ante la justicia paraguaya para lograr su nacionalización. En efecto, juntos tienen otros emprendimientos, que abarcan desde negocios inmobiliarios hasta una empresa importadora de agroquímicos. La firma, creada en el 2006 y denominada "Onix SA", tiene al sacerdote Ibáñez como uno de los socios propietarios y al abogado Antar Morel como síndico titular, según registros de la Gaceta Oficial.

Lo que nadie puede explicar hasta ahora, y menos desde la Iglesia, es cómo Antar Morel hizo para ingresar junto a Ibáñez en la zona reservada para sacerdotes en el altar que se hizo en Ñu Guasu, en julio del 2015, durante la visita del Papa Francisco a nuestro país. En la imagen, que se publica en estas páginas, se ve al abogado al lado de Ibáñez y de otros clérigos, a escasos metros del Santo Padre, antes de que suba a la tarima para oficiar la misa.

El sacerdote Carlos Ibáñez participó de la histórica celebración que ofició el Papa Francisco el pasado 12 de julio del 2015 en Nu Guasu, durante la visita que hizo el santo padre a Paraguay, ocupando el lugar que fue reservado para los sacerdotes.

La organización de la misa, a la que asistió un millón de personas y fue televisada para todo el mundo, estuvo a cargo del Arzobispado de Asunción. Además de Ibáñez, en el privilegiado lugar también estuvo Ricardo Antar, abogado y amigo íntimo de Ibáñez.